QUINTANA ROO. (apro).-El juzgado federal con residencia en Chetumal, Quintana Roo, reafirmó la suspensión de la construcción de una casa de descanso militar a la orilla de la laguna de Bacalar, al negar un recurso de revocación promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La institución armada buscó anular la suspensión definitiva ganada en junio por las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc).
Ambas tramitaron en conjunto un juicio de amparo contra la exención de estudios ambientales a favor de la Sedena y avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los militares, en su objetivo de anular la medida, interpusieron ante el Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo un incidente de revocación de la suspensión definitiva, aludiendo que habían cambiado las condiciones de la obra y que al acatar la suspensión no se generaba un daño ambiental a la laguna de Bacalar.
Pero juez federal David Pacheco Monroy, titular del Juzgado Primero de Distrito, invalidó los argumentos de la institución castrense al exponer que la suspensión definitiva a favor de las asociaciones ambientalistas son parte de una medida de protección al ecosistema costero que debe perdurar hasta el final de todo el proceso legal, es decir, hasta el dictado de sentencia de amparo que se prevé sea en varios meses más.
Con lo anterior, es aún más incierto que se reinicien los trabajos de la casa de descanso militar en la laguna Bacalar, obra del gobierno federal que causó fuerte polémica desde principios del año porque la Semarnat exentó a la Sedena de estudios ambientales en uno de los ecosistemas más frágiles de la entidad.
Proceso documentó en un reportaje publicado en su número de julio, las implicaciones que ha traído este caso por el daño que ya se causó a la laguna, pues los constructores militares ejecutaron actividades de dragado en la ribera del sistema lagunar.
La Sedena buscó justificar contra las suspensiones que se trataba de una obra de interés social y así evitar el freno de los trabajos; sin embargo, el juez federal de Chetumal determinó que, si bien es una obra de gobierno, el uso será para un reducido sector al interior del instituto armado.
Con información de proceso.com.mx