Sheinbaum busca combatir extorsión desde penales, sin presupuesto y excluyendo de responsabilidad a compañías telefónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el delito de la extorsión, en particular el que es cometido desde el interior de los principales penales en el país, reconociendo la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para “ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”.
Sin embargo, lo hizo sin incluir responsabilidad para compañías telefónicas, sin establecer un monto presupuestario específico para ello y otras deficiencias, advierten diversos especialistas en la materia.
Un fenómeno cuya importancia radica en que estos ilícitos no solo proceden de los diversos centros de readaptación social y centros de internamiento para menores que hay en el país, sino además de los principales penales de máxima seguridad en el país, que provocan repercusiones individuales y colectivas, de ahí la preocupación por este fenómeno.
“Por eso coincido con la iniciativa. Es sabido que en muchas prisiones de México hay una especie de autogobierno de grupos del crimen organizado que para realizar actividades delictivas y tener acceso a la telefonía celular pagan una especie de impuesto. No obstante, quienes conducen los centros penitenciarios en ocasiones son delincuentes de alto perfil o hasta la propia guardia penitenciaria que les cobra para que puedan realizar estas llamadas”, señala David Saucedo, especialista en seguridad pública, en entrevista con Animal Político.
La iniciativa de Sheinbaum contra la extorsión
El lunes 20 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa surgió en respuesta al incremento sostenido de la extorsión y la falta de uniformidad legal en los códigos penales estatales, buscando establecer un tipo penal único aplicable a nivel nacional.
Además de tipificar y sancionar la extorsión con penas más severas y agravantes, propone reformas a múltiples leyes —incluyendo los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales— para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la persecución oficiosa del delito, e implementar un régimen estricto penal para sentenciados, especialmente aquellos que operan desde centros penitenciarios.
“Donde, pese a encontrarse privadas de la libertad, numerosas personas internas logran acceder a teléfonos celulares y otros medios de comunicación desde los cuales intimidan, amenazan, extorsionan a la población, generando un clima de inseguridad que trasciende los muros de los centros penitenciarios”, señala la iniciativa.
Sin embargo, aunque esta no proporciona una cifra exacta o dato porcentual sobre cuántas extorsiones se originan en los centros penitenciarios, sí señala que, del año 2019, el primero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta septiembre de 2025, se ha registrado un incremento de 20.8 % en el promedio diario de extorsiones cometidas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por ello, para combatir esta problemática, la nueva ley establece medidas específicas y de carácter obligatorio dirigidas a las autoridades de los centros penitenciarios federales y estatales.
La crisis penitenciaria y el control estatal: sin tecnología, sin presupuesto y sin tomar en cuenta a compañías
La nueva propuesta exige a los centros penitenciarios implementar, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, los procedimientos y las tecnologías necesarias para inhibir la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.
“El objetivo es cerrar de manera definitiva una de las principales brechas por las que este ilícito ha logrado mantenerse vigente y expandirse […] Garantizar que ninguna persona privada de su libertad pueda seguir delinquiendo desde prisión constituye una condición indispensable para restablecer la confianza ciudadana y demostrar que la justicia se aplica en todos los niveles, sin excepciones ni tolerancia a la impunidad. Los centros penitenciarios serán un límite real y no un punto de operación de la delincuencia”, señala la iniciativa.
Sin embargo, una de las principales críticas se centra en que resulta “insuficiente” la sola mención de que los centros penitenciarios deberán contar tecnologías como los inhibidores de señal, pues ya existía desde hace varios sexenios la normativa secundaria que establecía la necesidad de que los reclusorios contaran con inhibidores.
“Lo que se requiere es una inversión importante en los centros penitenciarios para dotar de esas tecnologías. Algunos centros penitenciarios ya cuentan con estos inhibidores de señal. Sin embargo, lo que falla no son las tecnologías, sino las personas. Es decir, sistemas de monitoreo para constatar que en efecto están activos estos inhibidores. Las cárceles también tienen aduanas inteligentes con escáneres, rayos X, binomios caninos y detectores de partículas para identificar si alguna persona que va de visita a un reclusorio porta algún tipo de sustancia ilegal, alguna droga o aparato”, señala Saucedo.
Hoy en día la extorsión también se explica por la pluralidad de medios e instrumentos que se emplean, como herramientas telefónicas, electrónicas y tecnológicas, que permiten al agresor no tener contacto directo con las víctimas. Por ejemplo, en 2023 se tuvo registro de que en el 85 % de los casos, el delito de extorsión se cometió vía telefónica, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024).
La iniciativa señala que el “hecho probado” de la comisión del delito de extorsión mediante telefonía celular proveniente de un centro penitenciario será considerado para la aplicación de sanciones disciplinarias, como la restricción temporal de tránsito en el interior o el aislamiento temporal.
Además, propone que en caso de que se revele que la extorsión proviene de llamadas telefónicas realizadas desde el interior de un centro penitenciario, la autoridad judicial ordenará el bloqueo y anulación inmediata del IMSI e IMEI asociado al número telefónico relacionado con la llamada extorsiva, con control judicial previo.
No obstante, aunque especialistas coinciden en varios aspectos fundamentales de esta propuesta, otra de las principales críticas se centra en que la nueva ley es insuficiente, porque se tendría que ampliar la responsabilidad a las propias compañías de telefonía.
“En otros países, las empresas telefónicas que brindan el servicio también son responsables en caso de que vendan equipos o líneas telefónicas a personas que no estén plenamente identificadas. En el caso de que ya haya personas sancionadas por la comisión del delito de extorsión telefónica, tendría que crearse un padrón a efecto de que, una persona que haya tenido algún proceso o sentencia en firme por extorsión hubiera una alerta, pero hasta el momento las compañías están al margen, no se les ha molestado y las dos grandes, Telcel y AT&T, no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando se comete algún delito con sus aparatos”, señala Saucedo.
Responsabilidad de las autoridades y la corrupción: una tarea pendiente
En su exposición de motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum también señala que la extorsión en México es “fenómeno criminal amplio, lacerante, complejo e intolerable”, que ha sido identificado como una “tarea pendiente” por las autoridades, pero también como una situación que ha sido tolerada por algunas de ellas.
Ante esta situación, la presidenta también propone que las personas directoras de los centros penitenciarios sean las que deban garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos tales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras.
También propone tipificar como falta grave en materia de responsabilidades administrativas el incumplimiento de las medidas de control por parte de las personas directoras de los centros, con independencia del delito en que pudiera incurrir (artículo 38) e imponer una multa de tres a ocho años de prisión y de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quién, sin autorización, introduzca o intente introducir a un centro penitenciario cualquier dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz o geolocalización (artículo 23).
Esto nuevamente genera dudas sobre la aplicación de sanciones y los niveles de complicidad o negligencia al interior del sistema, pues el sistema carcelario en México es considerado como “muy poroso” y “sumamente corrupto”.
“Me parece que en este caso México sí requiere del apoyo y la asistencia de Estados Unidos, que tiene un sistema notablemente superior al nuestro. Sí será importante que en los acuerdos y las negociaciones bilaterales que haya en materia de combate al crimen organizado se establezca tener algún tipo de conducción y guía para mejorar nuestro propio sistema carcelario”, señala Saucedo.
Además de las penas anteriores, la iniciativa también propone aumentar hasta en una mitad estas penas si quien introduce el dispositivo es una persona servidora pública, defensora o asesora jurídica. A los servidores públicos, además, propone imponerles la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta, que comenzará a contarse a partir de se se haya cumplido la pena de prisión (artículo 23).
Finalmente, se establece que se aplicará la pena básica del delito de extorsión —que es de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA (artículo 15)— incrementada hasta en una tercera parte a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos de extorsión (artículo 24).
Sheinbaum y Harfuch reconocen incapacidad para controlar penales de máxima seguridad
En su iniciativa la presidenta también asegura que esta realidad no solo revela deficiencias estructurales en la administración penitenciaria, sino que además exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones.
“Cuando una persona privada de su libertad puede seguir delinquiendo desde un centro penitenciario no sólo se vulnera la función de la reinserción social del sistema penitenciario, sino que se exhibe la incapacidad del Estado mexicano para ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”, señala.
Esta situación fue reconocida desde hace meses por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que luego de que México entregó a Estados Unidos a 26 personas de alto perfil criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa reconoció que estos capos operaban desde las cárceles mexicanas.
“Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continúan dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.
David Saucedo también asegura que se ha comprobado que los penales de máxima seguridad en México rápidamente se convierten en “cárceles de alta comodidad” u “hoteles de cinco estrellas” para los narcotraficantes de alto perfil, desde donde muchos capos del crimen organizado siguen delinquiendo.
“Así, hemos comprobado que en México las cárceles de alta seguridad rápidamente se convierten en cárceles de alta comodidad, hoteles de cinco estrellas para los narcotraficantes de alto perfil. La alternativa es la que los propios norteamericanos nos están imponiendo: ante la incompetencia de nuestro sistema carcelario, ellos exigen que los delincuentes de alto perfil sean extraditados a los Estados Unidos. Entonces, en este caso, creo que sí se requiere el apoyo internacional para mejorar para mejorar nuestro sistema carcelario”.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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