Diputada Xóchitl Contreras propone reforma para que deudores alimentarios enfrenten consecuencias reales en Chihuahua

En Chihuahua existen madres que acuden a los tribunales para exigir una pensión alimenticia para sus hijos, enfrentando procesos legales que pueden durar años sin lograr que el padre cumpla con su responsabilidad. Ante esta realidad, la diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y garantizar que quienes incumplen con la manutención de sus hijos enfrenten consecuencias reales.

El REPDAM fue creado en 2021 con el objetivo de registrar a los padres que no cumplen con la pensión alimenticia. Sin embargo, en la práctica la herramienta casi no se utiliza. De acuerdo con información recabada en juzgados del estado, desde su creación se ha realizado apenas una inscripción en algunos tribunales, no porque no existan deudores, sino porque el procedimiento actual es complicado, costoso y obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de juicio.

La diputada señaló que esta situación refleja una falla estructural del sistema, ya que cuando un padre incumple con la pensión alimenticia, en la mayoría de los casos es la madre quien termina absorbiendo sola los gastos de sus hijos, lo que se convierte en una forma de violencia económica contra las mujeres.

“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre. Muchas tienen que endeudarse, reducir sus jornadas laborales o sacrificar proyectos personales para sacar adelante a sus hijos. Eso no puede seguir ocurriendo mientras la ley permanece sin aplicarse”, expresó la legisladora.

En el marco del Mes de la Mujer, la iniciativa presentada propone transformar el funcionamiento del REPDAM para que realmente proteja a las familias. Entre las principales medidas destacan que el registro de deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin que la madre tenga que realizar trámites adicionales, y que la inscripción se ejecute en un plazo máximo de 24 horas.

Además, la propuesta establece que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo máximo de cinco días hábiles.

También contempla consecuencias patrimoniales reales para quienes incumplan con la pensión alimenticia, como la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial y la restricción para ocupar cargos públicos, ser candidatos, proveedores del gobierno o realizar trámites notariales.

La reforma también plantea que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establece sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o patrones que obstaculicen la aplicación de la ley.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que el objetivo de esta iniciativa es claro: que la ley funcione y que ningún menor quede desprotegido.

“Porque ninguna madre debería cargar sola con lo que legalmente corresponde a dos, y ningún niño debería quedarse sin sustento mientras el sistema mira para otro lado”, concluyó.