
Familiares de personas vinculadas al caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez denunciaron presuntas omisiones y responsabilidades por parte de autoridades sanitarias y civiles, luego de que se documentara la acumulación de 386 cuerpos en dicho establecimiento, situación que calificaron como un grave problema de salud pública.
A través de un comunicado dirigido a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), a su titular Maribel Próspero Cobos, al director del Distrito de Salud II Rogelio Covarrubias Gil y a la oficial del Registro Civil en Ciudad Juárez Karla Ivette Gutiérrez Islas, los deudos expusieron diversas irregularidades que, aseguran, han generado incertidumbre y afectaciones directas a las familias.
Entre los señalamientos indicaron que en el Registro Civil se habrían emitido actas de defunción con inhumación debido a un “error de dedo”, lo que provocó confusión sobre el destino final de los cuerpos y derivó en que algunas familias recibieran cenizas sin contar con certeza jurídica ni sanitaria sobre los restos.
También informaron que este día se notificó a tres funerarias, Milagros, Camino al Cielo y Luz Divina, sobre el inicio de consignaciones relacionadas con el caso, con un aproximado de 40 cuerpos. Mientras tanto, señalaron que las autoridades continúan sin asumir responsabilidades por lo ocurrido.
Los familiares sostienen que estos hechos podrían representar violaciones a derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 4, además de vulnerar el derecho de las familias a la verdad y a la seguridad jurídica debido al manejo irregular de las actas de defunción.
Asimismo, indicaron que la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contemplan sanciones por negligencia, falsedad documental y omisiones en el ejercicio del servicio público.
Ante esta situación, los deudos solicitaron una investigación inmediata y transparente por parte del Gobierno del Estado, así como la consignación penal y administrativa de los responsables directos e indirectos. También pidieron la reparación integral del daño a las familias afectadas, incluyendo certeza jurídica sobre las actas de defunción y el destino de los cuerpos, además de establecer protocolos y mecanismos de supervisión que garanticen que una situación similar no vuelva a ocurrir.
Finalmente, los familiares señalaron que este caso no puede considerarse únicamente un error administrativo, sino un problema de salud pública y una posible violación a derechos humanos que ha generado dolor, incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. También cuestionaron hasta cuándo se verá una acción efectiva por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua para esclarecer los hechos y garantizar justicia.