
En el sexenio de Javier Duarte, entre 2010 y 2016, hasta 17 periodistas fueron asesinados en Veracruz y tres más continúan desaparecidos una década después. Bajo su mandato, Veracruz se convirtió en la región más letal del mundo para ejercer el periodismo, solo por detrás de países que en ese entonces estaban en guerra, como Siria o Afganistán.
Los asesinatos de Moisés Sánchez, quien conducía un taxi para poder publicar La Unión de Medellín; el del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México junto a otras cuatro personas en un crimen que continúa sin resolverse; y el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, marcaron, entre muchos otros casos, la administración de Duarte, quien mantuvo una postura confrontativa y de desdén hacia la prensa, llegando a criminalizar en múltiples ocasiones a los periodistas.
“Vamos a sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas. Pórtense bien”, advirtió en una comida con medios de comunicación en julio de 2015.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización civil defensora de la libertad de expresión, recuerda como una “época muy oscura para el periodismo” la administración de Duarte, quien este miércoles podría quedar libre luego de haber cumplido más del 90 % de su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa; misma que le fue impuesta tras la revelación de Animal Político con la investigación Las Empresas Fantasma de Veracruz.
—Durante su mandato, se materializó una estrategia de persecución e inhibición a la crítica social, especialmente del trabajo periodístico. Esto se dio, principalmente, a través de intentos de control de la prensa desde la Dirección General de Comunicación Social de su gobierno, reflejando el autoritarismo tradicional del PRI.
En la entrevista con Animal Político, Maldonado recuerda —además de las agresiones a los comunicadores—, los intentos del gobierno de Javier Duarte de imponer leyes para silenciar la crítica que recibía su ejecutivo a través de las redes sociales, especialmente del entonces Twitter —ahora X—, al que, paradójicamente el político cordobés era muy asiduo. Tanto, que incluso ha continuado tuiteando desde la cárcel en estos casi nueve años que lleva de sentencia, a pesar de que, al menos en la teoría, no debería tener acceso a un celular con internet en su celda.
—Recordamos leyes como la ‘ley antituiteros’, de 2011-2012, que trataba de equiparar cualquier noticia o tuit que pudiera causar ‘alarma social’ con terrorismo, resultando en el procesamiento judicial de personas que exponían en esa red social temas de seguridad.
El director regional de Artículo 19, recordó que Veracruz continúa siendo el estado con el récord histórico de periodistas asesinados, con 31 casos desde el año 2000 a la fecha. De ese total en 25 años, casi la mitad ocurrieron en el sexenio de Duarte.
En enero del año pasado, Artículo 19 publicó la investigación titulada Veracruz de los Silencios, en la que se documentó que el 65 % de los periodistas afectados por la violencia en el gobierno “duartista” desaparecieron cuando estaban en la vía pública; el 75 % tenía amenazas recientes; el 100 % sufrió una agresión de un grupo armado; mientras que el 88 % de los cuerpos de los periodistas que fueron víctimas de asesinato fueron expuestos en la vía pública o en lugares visibles.
María Eloisa Quintero, experta en temas de seguridad, dijo durante la presentación del informe que los agresores no sólo asesinaban a los periodistas, sino que además se llevaban sus cámaras fotográficas, computadores, cuadernos y grabaciones.
“Si uno analiza esto con mirada macro, no solo hay indicios de tortura, sino también se quiere acallar, silenciar, ocultar el trabajo de la persona y lo que quería comunicar”, expuso Quintero.
De los 17 casos de periodistas asesinados en la administración de Duarte, ninguno ha sido resuelto al 100 %, esclarecido, o concluido con sentencias firmes para los autores materiales e intelectuales de los homicidios.
—Al contrario, a lo largo de estos años hemos documentado serias deficiencias en las investigaciones, las cuales fueron manipuladas desde el principio por los titulares de la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, de Veracruz.
—Lo primero que intentaban siempre era descartar la labor periodística como móvil del crimen —añade Maldonado, que recuerda cómo en el caso de Moisés Sánchez, periodista local de Medellín —una pequeña población ubicada escasos kilómetros del puerto veracruzano—, Duarte se apresuró a declarar que no era periodista, sino un taxista, para tratar de minimizar el caso. El presunto autor intelectual del homicidio, el exalcalde panista de Medellín, Omar Cruz, continúa prófugo.
—Buscaban reducir los asesinatos a temas personales, sentimentales, o a presuntos vínculos de las víctimas con el crimen organizado. Y esta estrategia de comunicación política, aunada a la manipulación de las investigaciones, obstaculizó la justicia. Hoy ya es muy difícil revertir todas las anomalías cometidas en estos casos, intencional o negligentemente.
Ahora, cuando Javier Duarte está por salir libre de la cárcel, el defensor de derechos humanos lamenta que, si bien el expriista cumplió su condena —luego de aceptar un proceso abreviado en el que se declaró culpable para conseguir la pena más baja—, pueda salir en libertad sin rendir cuentas por los asesinatos de los comunicadores y también de activistas como Nadia Vera, una de las cinco víctimas del Caso Narvarte en julio de 2015.
Vera, quien era crítica del gobierno, responsabilizó meses antes de su asesinato a Duarte y su gabinete de cualquier cosa que le pudiera suceder, tras recibir amenazas y acusar represión de las autoridades estatales.
Una década después, el Caso Narvarte continúa en la impunidad: si bien fueron detenidos y sentenciados tres autores materiales del multihomicidio —aunque las familias denuncian que habría un cuarto implicado, apodado “El Duy”, que sigue libre—, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha esclarecido la autoría intelectual, ni el móvil, ni tampoco ha ahondado en la línea de investigación que apuntaría a Javier Duarte y su gobierno. Sobre esto, cabe recordar que otra de las víctimas era Rubén Espinosa, fotoperiodista que huyó de Veracruz tras recibir amenazas, presuntamente, del Ejecutivo de Duarte, a quien no le gustaban las fotos que Espinosa tomaba de él y luego publicaba en medios como Proceso.
—Lo que más preocupa es que Duarte está a punto de salir de prisión sin rendir cuentas por estos hechos, en los que es responsable, al menos por omisión, dada la enorme permisividad con la que ocurrían estos crímenes y la posterior manipulación de las investigaciones —denuncia Maldonado, quien considera que el “Caso Narvarte” es claro ejemplo del “patrón de impunidad” que reinó en el Veracruz de Javier Duarte.
Los 17 comunicadores asesinados en el mandato del expriista fueron:
Rubén Espinosa Becerril; Anabel Flores Salazar; Noel López Olguín; Miguel Ángel López Velasco; Misael López Solana; Yolanda Ordaz de la Cruz; Regina Martínez; Guillermo Luna Varela; Gabriel Huge Córdova; Esteban Rodríguez Rodríguez; Víctor Manuel Báez Chino; Gregorio Jiménez; Moisés Sánchez; Armando Saldaña; Juan Mendoza Delgado; Manuel Torres; y Pedro Tamayo.
Y los tres periodistas que continúan desaparecidos son: Gabriel ‘Cuco’ Fonseca; Miguel Morales Estrada; y Sergio Landa Rosado.
Con información de Animal Político.