
Las fiscalías como cabezas del proceso y los servicios forenses como operadores técnicos tienen una responsabilidad directa en la acumulación de cadáveres en custodia del Estado, que incluyen aquellos no identificados y también otros que tienen nombre, pero que han sido abandonados, sin que sus familias conozcan su fallecimiento. Esta cifra, 52 mil personas, que es contundentemente difícil de desmentir, superaba en 2020 la mitad de las personas registradas como desaparecidas en el país, pero, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha ido subiendo a un ritmo de diez a 15 mil cuerpos más, de acuerdo con datos de 2023 y 2024.
La respuesta estatal por la presión que las familias ejercieron ante los organismos internacionales fue completamente desmantelada antes de que pudiera dar resultados, permitiendo que las fiscalías navegaran tranquilamente las aguas de la crisis durante todo el sexenio pasado sin dar cuenta de su participación en el “rezago” de cuerpos sin entregar, excluyendo a los expertos forenses del proceso. Han sido las familias organizadas quienes plantaron cara a esta situación y abrieron caminos entre los laberintos burocráticos para que los suyos regresen a casa.
“Tu recuerdo velará por los derechos de los niños y las niñas”, dice una frase sobre el retrato de Braulio Basilio Caballero, quien tenía 13 años cuando en 2016 fue desaparecido por el entramado institucional: “Elegimos esta frase porque no queremos que se repita con más jóvenes, porque violaron sus derechos y no queremos que eso quede inconcluso. Nuestro hijo velará por ellas y ellos también”, explica a Proceso su madre, Fernanda Caballero.
Luego de tres años de haber sido exhumado y recuperado su cuerpo de la fosa común del Panteón Dolores, en la Ciudad de México, la comisión local de los derechos humanos responsabilizó a…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
Con información de Proceso.

La presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, reportó que sufrió un accidente al acudir a la sesión solemne del Congreso del Estado este pasado 10 de marzo.
La misma legisladora reportó que la caída que tuvo terminó en el hospital. Afortunadamente, ya confirma que salió de la intervención médica.
"Aquí estoy recuperándome, acompañada de amor y con el ánimo intacto. Las caídas también enseñan algo. Levantarse más fuerte", señaló en redes

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.

Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación, aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.
En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.
De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.
En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.
Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.
Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.
Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.
Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.
Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas
