Acusan nepotismo en designación de magistradas del TJA Morelos

MORELOS (apro) .- El Congreso de Morelos nombró a Karla Socorro Reyes Reyes y a Clara Elizabeth Soto Castor magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa; la sociedad civil denunció presunto nepotismo y actos inmorales por sus lazos familiares con actores políticos de peso en la entidad. 

Las designaciones se concretaron en sesión legislativa, al término de un proceso organizado por la Junta Política y de Gobierno, que elaboró el dictamen correspondiente tras la participación de 14 aspirantes.  

El Pleno resolvió mediante votación en cédula y alcanzó 19 sufragios a favor para aprobar los nombramientos por un periodo de nueve años. 

Karla Socorro Reyes Reyes es hermana del coordinador del grupo parlamentario de Morena y exalcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, quien salió durante la votación.  

Además, está casada con David Ortiz, quien fungió como presidente municipal interino de Jiutepec en 2024 y posteriormente compitió por la alcaldía bajo las siglas de Morena. 

En la documentación presentada al Congreso se reportó formación en Derecho —licenciatura y maestría— por la Universidad International College for Experienced Learning (ICEL) y experiencia como proyectista en materia administrativa en el sector privado. 

En el caso de Clara Elizabeth Soto Castor, ella es hermana de Roberto Soto Castor, magistrado de Circuito en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en Morelos.  

Soto Castor es esposo de la exdiputada local perredista Hortencia Figueroa, a quien se le ubica como una persona cercana al exgobernador Graco Ramírez. 

Además, Clara Elizabeth está casada con Hertino Avilés, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

Su trayectoria incluye cargos en la administración pública y la academia: fue contralora de Cuernavaca desde 2020 y es profesora en la Facultad de Derecho de la UAEM. Cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la UAEM y una maestría en Derecho Privado por la Universidad Iberoamericana. En 2019 participó como aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado. 

Ambas magistradas ocuparán el cargo durante nueve años. A diferencia de otros procesos, el Poder Legislativo no difundió públicamente la experiencia curricular completa de las seleccionadas. 

 

Señalamientos por nepotismo y falta de sustento técnico 

El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, cuestionó que las designaciones carecen de fundamento técnico y advirtió que los vínculos familiares comprometen la independencia judicial. 

“No dudo de la capacidad de las abogadas, pero una es hermana de un actor político del Congreso. Eso es completamente inmoral”, afirmó. 

Paredes sostuvo que el tribunal no registraba rezagos que justificaran sumar dos ponencias adicionales: 

“La carga de trabajo no lo ameritaba; el tribunal sacaba bien el trabajo con las cinco ponencias.” 

También señaló que no existe presupuesto para sostener las nuevas magistraturas: 

“No hay oficinas, no hay auxiliares, no hay secretarios... Son 20 millones de pesos al año que no están contemplados.” 

El litigante promovió un amparo para frenar el proceso, pero el Juzgado de Distrito negó la suspensión. Ahora el recurso podría considerarse improcedente al tratarse de un acto consumado. 

Paredes alertó que la presencia de perfiles ligados a actores políticos podría influir en futuras decisiones del tribunal: 

“Si mi petición no le conviene al gobierno, la hermana del diputado me va a desechar la demanda.” 

 

“Degradación de la política”, advierte investigador 

Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, afirmó que los nombramientos confirman un deterioro en las prácticas públicas del estado. 

“Lo que estamos viendo es la degradación de la política, donde no les importan los conflictos de interés.” 

Sostuvo que debería prevalecer la independencia judicial, pero —dijo— continúa la tendencia a colocar a familiares o personas cercanas en espacios que deberían responder a la ciudadanía. 

“No hay interés en buscar a las mejores personas, sino en colocar a allegados. Esto deteriora la democracia y las instituciones.” 

El investigador concluyó que no observa disposición en el Poder Legislativo para revertir esta dinámica: 

“No se ve interés de ningún legislador en hacer las cosas de manera honesta y profesional.” 

 

Reyes rechaza señalamientos de nepotismo en la designación 

Tras las críticas, el diputado local y coordinador del grupo parlamentario de Morena Rafael Reyes, rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso se realizó conforme a la ley. 

“Esta fue una convocatoria pública. La ley es muy clara respecto a los requisitos académicos y laborales”, afirmó. 

Sostuvo que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede inscribirse y descartó favoritismo: 

“La elección se realiza a partir de un órgano colegiado, con mujeres y hombres de diversas ideologías. Por tanto, no existe este tema de nepotismo.” 

El legislador recordó que no participó en la votación para evitar conflicto de interés: 

“Tomé la determinación de salirme del pleno para no participar... no solo decidí no votar, sino no estar presente en la sesión.” 

Consideró que la relación familiar no debe limitar aspiraciones profesionales: 

“No veo por qué tendría que ser inmoral que una persona profesionista, con documentos que la acrediten y aspiraciones legítimas, por ser familiar de un funcionario público tenga que ser limitada.” 

Sobre las dudas sobre posible influencia en las nuevas magistradas, dijo: 

“Primero habría que ver su actuar antes de hacer juicios de valor.” 

Reyes finalizó: “Son mujeres profesionistas que tienen todo el derecho... Creo que es suficiente.” 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Pretende UACH vender rancho agrícola

Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.

Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.

Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.

Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.


César Jáuregui, a paso veloz por la alcaldía

Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es  la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación,  aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.

En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.

De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.

En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.

Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.

Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.

Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.

Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.

Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas

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