Elementos policiacos cada vez más involucrados en hechos delictivos

Lo que hoy ocurre en las corporaciones policiacas de Chihuahua no es un hecho aislado ni una casualidad: es el reflejo de una profunda descomposición institucional.

La ciudadanía observa con preocupación cómo, una y otra vez, son los propios elementos del orden quienes terminan involucrados en hechos delictivos de alto impacto, traicionando la confianza que el uniforme debería representar.

En días recientes, salió a la luz el caso de un elemento que fungía como escolta del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente detenido en Estados Unidos.

Un asunto delicado que, lejos de aclararse con transparencia, ha sido manejado con un preocupante hermetismo por parte de las autoridades, alimentando más dudas que certezas.

A este episodio se suma un hecho aún más grave ocurrido este jueves; la detención de dos elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacamentados en Ciudad Juárez, identificados como Lorenzo V. A. y Victor Manuel V.  quienes se trasladaron hasta la capital para cometer un secuestro.

Los agentes fueron capturados en flagrancia cuando mantenían privada de la libertad a un joven originario de Durango, a quien según información que ha trascendido grabaron desnudo y golpeado. Dichos videos, presuntamente, fueron enviados a los familiares de la víctima como método de presión.

La gravedad de este caso no radica únicamente en el delito, sino en quiénes lo cometieron.

No se trata de criminales comunes, sino de servidores públicos armados, capacitados y con acceso a información privilegiada.

Personas que juraron proteger a la sociedad y que hoy son señaladas por ejercer la violencia desde el mismo poder que les fue conferido.
Resulta alarmante el silencio de los titulares de estas corporaciones.

Quienes encabezan la seguridad pública, y cuya responsabilidad es rendir cuentas y generar confianza, han optado por la opacidad en lugar de la claridad.

En un contexto de creciente inseguridad, callar no es una estrategia: es una forma de complicidad institucional.

La infiltración del crimen en las corporaciones no solo vulnera el Estado de derecho, sino que coloca a la ciudadanía en un escenario de indefensión total. ¿A quién recurrir cuando quienes portan la placa y el arma son, en algunos casos, los mismos que delinquen?

Hoy más que nunca, se requieren depuraciones reales, controles internos efectivos y sanciones ejemplares.

De lo contrario, el mensaje será claro y devastador: en Chihuahua, el uniforme ya no garantiza protección, y la línea entre autoridad y criminal es cada vez más difusa.