Crisis en Sinaloa: en fosas clandestinas, víctimas de extorsión; no por narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En el último semestre de 2019 Miguel Trujillo Herrera y Mario Vergara Hernández se trasladaron a Sinaloa para capacitar en métodos de búsqueda en campo a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Ambos adquirieron experiencia en la búsqueda de sus respectivos hermanos desaparecidos. Miguel es hijo de María Herrera, madre buscadora que en 2011 increpó a Felipe Calderón por la desaparición de sus hijos Raúl y Jesús, desaparecidos en 2008 en Guerrero, y Luis Armando y Gustavo, desaparecidos en Veracruz en 2010. 

Mario, fallecido en 2023, buscaba a su hermano Tomás, desaparecido en julio de 2012, y fue fundador del colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, en 2014. 

En entrevista con Proceso, Miguel Trujillo recuerda que, con Mario Vergara, ampliamente reconocido como buscador, realizaron exploraciones en comunidades del municipio Concordia, Sinaloa, donde “los colectivos de allá no entraban porque estaban en disputa los ‘mayitos’ y los ‘chapitos’, y siguen en disputa por esa zona”.

En esa región se ubica la comunidad de El Verde donde se localizaron cinco cuerpos de los 10 mineros que fueron secuestrados el 24 de enero último en el campamento de la mina Vizsla Silver, de capital canadiense, y que, de acuerdo con la versión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las víctimas fueron confundidas por un grupo armado perteneciente a la facción de “los chapitos”. 

Durante el tiempo que Miguel estuvo en Sinaloa, de 2019 a 2021, apoyó a colectivos de familiares de personas desaparecidas en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, con más énfasis en los dos primeros municipios y las zonas colindantes.

“En Concordia encontramos muchas fosas, todas con más de un cuerpo, entre cinco, 20 hasta 32 cuerpos me acuerdo haber encontrado en una sola fosa; las víctimas eran de varias partes, inclusive de Veracruz.

“Una persona que fue detenida por la ‘maña’ y que pudo escapar, nos decía que a las personas que llevaban a esos lugares donde los asesinaban y enterraban, era gente trabajadora: que un paletero, un vendedor de tamales, gente que estaba ahí porque no aportaron su pago de piso, no era que estuvieran con la ‘maña’, no tenían nada que ver con la disputa entre ‘los mayos’ y ‘los chapitos’, conflicto que impedía a las familias realizar búsquedas de campo”, expone Miguel Trujillo.

La imposibilidad de buscar en esa región para familiares de personas desaparecidas se ha extendido hasta ahora, “más con la guerra entre ellos que se desató en septiembre de 2024 y que sigue hasta ahora”, explica Trujillo Herrera. 

Crisis forense

También eso expone Alejandra Martínez Carrizales, hermana de Ismael, desaparecido en julio de 2020, y que forma parte del colectivo Por Las Voces sin Justicia.

“Tenemos meses con puntos de búsqueda en Concordia, lugares de los que hemos tenido información de manera anónima, pero no podemos acceder por la inseguridad; las autoridades no nos brindan la seguridad suficiente para llegar hasta ahí, que es una zona de conflicto”, dice Martínez Carrizales. 

Médico de profesión, Alejandra cuenta que desde que se desató la “guerra” entre las facciones del Cártel de Sinaloa, tras el secuestro de Ismael, el Mayo Zambada, por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, para llevarlo a Estados Unidos, el número de víctimas de desaparición se disparó y se puso en evidencia la crisis forense.

“Nosotros localizamos de la guerra para acá más de 50 cuerpos y siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) , y no se hace nada, nosotros hemos exigido de mil y un formas que se realicen las pruebas de ADN, pero los cuerpos siguen sin ser entregados a sus familiares.

Para que se imagine la magnitud del problema de la crisis forense, tenemos el caso de una persona que el 17 de febrero cumple un año que lo localizamos y todavía está en el Semefo; ha sido un año en que hemos exigido, hecho escritos, ido con la fiscal estatañ, hablado con el jefe de Servicios Periciales de Mazatlán, Sinaloa, con el vicefiscal y hasta ahí; sólo lo localizamos nosotros, nosotros acudimos hasta un cerro, lo localizamos, hicimos lo pertinente, llamamos a las autoridades y aun así no entregan el cuerpo –denuncia Martínez Carrizales. 

Tras conocerse el hallazgo de los diez cuerpos en El Verde, entre los que se encontraban cinco de los diez mineros desaparecidos, Martínez Carrizales explica que durante los dos días en que ella e integrantes de su colectivo estuvieron presenciando el operativo, pudieron informarse que en el sitio habría al menos 20 fosas con un número indeterminado de cuerpos y osamentas. “No tenemos la certeza, pero, por toda la información, queremos pensar que es muy probable”, dice la buscadora. 

Ante el temor de que, de rescatarse a todos los mineros desaparecidos, las autoridades detengan las exhumaciones, Alejandra dice que han convocado a otros colectivos a que acudan a El Verde para exigir que todas las fosas sean abiertas y todos los restos sean rescatados. 

“Estamos haciendo diligencias para poder entrar y estar como observadoras, como es nuestro derecho, porque imaginamos que hay muchísimos más de los 10 cuerpos los que fueron localizados”, considera.

Exigencia para las autoridades

La desconfianza de las organizaciones de buscadores en las autoridades locales no es infundada, asegura.

Hay otros casos aquí en Sinaloa en el que se ha evidenciado que para las autoridades es más valiosa una vida que otras; por ejemplo, hace poco levantaron, como decimos acá, a una influencer y fue más valioso para el gobernador la vida de esa influencer que muchos otros desaparecidos que seguimos sin localizar. 

Alejandra Martínez se refiere al secuestro de Nicole Pardo Molina, ocurrido el 20 de enero último, y por el que hubo una fuerte movilización policiaca ordenada por el gobernador, Rubén Rocha Moya, y días después fue liberada por sus captores. 

Alejandra Martínez Carrizales insiste en que las familias de los desaparecidos tienen derecho a atestiguar las exhumaciones “porque ahí podrían estar nuestros familiares”; durante los primeros dos días que estuvieron en las inmediaciones de la zona de búsqueda, cuenta, llegaron familias de Durango, Torreón, Mazatlán y de zonas aledañas, muchas de ellas que apenas están reportando casos.

“Afortunadamente hay más difusión que ha permitido que se acerquen familias, porque el año pasado localizamos una fosa en la que había 12 cuerpos, eran cuerpos recientes, tuvimos difusión, pero muy local”, comenta. 

Tras recordar que han urgido a la Fiscalía General de Sinaloa a informar sobre los hallazgos y que han llamado a colectivos de familiares de víctimas de desaparición y a la sociedad civil en general a respaldar su exigencia de saber “qué hay en El Verde, qué se está haciendo, cuántos cuerpos hay”, Martínez Carrizales insiste en que todos los cuerpos y restos deben ser rescatados, identificados y entregados a sus familiares. 

“Nosotros prevemos que la autoridad se aboca a los casos mediáticos, los que se han hecho más públicos, y todo lo demás lo dejen de un lado, como si las demás vidas no valieran lo mismo.

“Obviamente no queremos que los mineros se localizaran de esa manera, en las fosas, y nuestra total solidaridad con las familias de los mineros, pero esta exigencia se hace a las autoridades”, dice Martínez Carrizales. 

De acuerdo a la Plataforma Ciudadana de Fosas, entre 2006 y 2024, para la Fiscalía Estatal, se habrían localizado 128 fosas clandestinas con 122 cuerpos, mientras que para la Fiscalía General de la Republica (FGR) en ese periodo se habrían localizado 14 entierros ilegales con 24 cuerpos. 

En tanto los registros de medios de comunicación durante ese periodo revelan una estimación de entre 188 y 209 fosas, con una estimación de 362 y 396 cuerpos rescatados, así como entre mil 39 y mil 41 restos humanos, mientras que en ese periodo se habrían identificado solamente 111 personas en la entidad. 

En Mazatlán, durante ese periodo la prensa reportó el hallazgo de 26 fosas, mientras que la fiscalía estatal 23 y la fiscalía federal cero. 

La Plataforma Ciudadana de Fosas resaltó que en Sinaloa sólo en los años 2023 y 2024, se localizaron en Sinaloa entre 58 y 62 entierros clandestinos. 

Con información de Proceso.