Movimiento indígena en Sinaloa, en pie de lucha contra planta de metanol que impulsa EU

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Claudia Quintero y Melina Sandoval, líderes del movimiento ¡Aquí No!, integrado por indígenas mayo-yoremes, pescadores, prestadores de servicios y ambientalistas de Sinaloa, no dudan en sus apreciaciones sobre las imágenes difundidas en redes sociales el 23 de abril último, sobre la irrupción de decenas de personas en el evento inaugural del consorcio transnacional Pacífico Mexinol, y derribando el pedestal donde se encontraba la “primera piedra” de la planta de mentanol: revelan –aseguran–  el hartazgo de una población que ha luchado legal y pacíficamente durante más de 11 años por el respeto a su territorio y a su forma de vida, contra la imposición de proyectos que impactan las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo, en el norte sinaloense.

Las movilizaciones en protesta porque las autoridades no hicieron una consulta pública entre la población indígena y pescadora, que será impactada por la planta de metanol, obligaron a inversionistas extranjeros y al mismo embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, a refugiarse al salón privado del hotel Fiesta Inn en Los Mochis, para realizar el acto protocolario.

Después de que con su acción enardecida los indígenas y pescadores “reventaran” el acto de colocación de la primera piedra de Pacífico Mexinol, en su discurso, Johnson exigió al gobierno de México: 

“Para que esta inversión prospere el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan”.

Mientras, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, invitado a la colocación de la primera piedra en un terreno ajeno a donde está programada su construcción, se vio obligado a trasladarse al puerto de  Topolobampo para contener a los inconformes, donde tuvo que comprometerse a dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que fue la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la responsable de permitir la construcción omitiendo la realización de la consulta pública, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la normatividad nacional. 

“No hay primera piedra sin antes no hace la consulta debida. Voy a plantear al gobierno federal que no procederá la planta sin ese requisito”, dijo Rocha Moya.

Con Transition Industries, propiedad del Rommel Gallo, como desarrollador principal, Pacifico Mexinol ha anunciado una inversión calculada en 3.3 mil millones de dólares y una producción diaria de aproximadamente seis mil 130 toneladas de metanol extraído de gas natural obtenido mediante el fracking de Texas. 

Además, comparte sociedad en diseño y estructura de financiamiento con International Finance Corporation, y KfW IPEX- Bank, un banco alemán de desarrollo que también financia a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), constructor de una planta de amoniaco contra la que litigan los indígenas mayo-yoremes.

Entre los socios de la compañía se encuentra también Macquarie Group, comercializador global del metanol, además de que cuenta con socios indirectos como Mitsubishi Gas Chemical Company, Samsung E&A y la multinacional Techint Ingeniería y Construcción, como las empresas visibles. 

Procederán contra juez electo

A escala local se tiene información que entre los inversionistas sinaloenses se encuentran las familias Murrieta, con negocios en la agroindustria; Valderrama, socios del Tren Chepe, y Elizondo, también dedicada a la agroindustria, todas ellas de gran poder económico y político en el estado. 

Melina Sandoval, líder mayo-yoreme y desplazada de su lugar de origen por amenazas derivadas de la defensa del territorio, alerta que lo ocurrido el jueves 23 de abril fue el resultado de una serie de atropellos contra los pueblos originarios pese a que desde hace más de 11 años han recurrido a los tribunales para exigir el respeto a su territorio y a la pesca como modo de vida. 

“La gente está muy molesta, está muy enojada. Hoy (el jueves 23) me dijeron ‘vamos para adentro y vamos a reventar el evento, solamente así vamos a lograr cosas. ¿Qué caso tiene que estemos pacíficamente y ellos celebrando y festejando y logrando los objetivos?’ Y se abrieron las vallas y se dejó ir la gente. Entonces, es algo que nosotros ya no podemos detener”, cuenta Melina, presente en la movilización como líder del movimiento ¡Aquí No!

En entrevista, recuerda que la lucha de los indígenas del norte de Sinaloa siempre ha sido “con las armas de la ley”, contra los proyectos industriales Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una planta de amoniaco con financiamiento alemán y suizo, y Pacífico Mexinol, un conglomerado con financiamiento de Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur e Italia. 

Lo único que siempre buscamos es que esto fuera pacífico, pero al mirar que ya ni las leyes nos están protegiendo, al mirar que la letra plasmada por tus derechos en un papel nada más están así en un papel porque se ha violado, mirar que el derecho solamente es ficción, pues entendemos el hartazgo y la frustración de la gente; ya les quedó claro que el pueblo yoreme va a estar ahí sin dejarlos trabajar -apunta Melina. 

La gran molestia de los pobladores y pescadores de esta región radica también en que el evento que se pretendía realizar a varios kilómetros del lugar donde está programada la construcción de Pacífico Mexinol ocurrió prácticamente después de que el Juez Quinto de Distrito, Enrique Parada Ser, se negó otorgar una suspensión definitiva al amparo 255/2026, tramitado por la cooperativa de pescadores indígenas de Paredones, el 18 de marzo último, precisamente por la falta de consulta.

Fundada en 1942, la Sociedad Cooperativa Pesquera Eustaquio Urías, que también mantiene un juicio de amparo contra GPO, cuenta una concesión hasta 2041 para la extracción de productos del mar de la bahía de Ohuira, actividad económica de la que dependen 942 familias, según reconoce Pacífico Mexinol en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a Semarnat.

 Los pescadores habían obtenido una primera resolución, el 7 de abril, otorgando una suspensión provisional, al amparo tramitado contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, por haber autorizado la construcción de la planta de metanol sin la realización de la consulta indígena, pese a que la documentación de la empresa acredita el impacto en la región pesquera.

El 21 de abril último, dos días antes del evento frustrado, el juez Parada Ser, quien estando en el cargo se sometió al proceso electoral del 1 de junio de 2025, negó la suspensión definitiva argumentando que “no hay prueba del daño” que Pacífico Mexinol podría generar a los pescadores indígenas, quienes aportaron “tres escritos de alegatos (…) en los que se acredita con evidencia científica el daño a la pesca y al territorio indígena”, mismos que no fueron tomados en cuenta por el juzgador, destacaron los pescadores en un comunicado un día después de la resolución.

Esperanza en el presidente de la Corte

Claudia Quintero, líder indígena y de ¡Aquí No!, abunda en entrevista que en la resolución judicial se advierten irregularidades procesales e incluso discriminatorias.

“Él (el juez) quiere que seamos nosotros quienes demostremos el daño, ¿cómo le vamos a demostrar un daño si todavía no está instalada la empresa? O sea, eso es ilógico y discriminatorio, y nos está violentando el derecho a la medida precautoria, ¿cómo es posible que yo tenga que pagar un estudio ambiental para demostrarle a un juez que me va a hacer daño? 

“Inclusive, nos discriminó, nos dice que solamente somos pescadores, que no hay vestigios arqueológicos para decir que somos pueblo indígena, está violentando mi derecho de libre autoadscripción. Vamos a interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Mazatlán, vamos a seguir luchando”, sostiene Quintero.

También comparte con Melina Sandoval y Felipe Montaño no sólo el liderazgo del pueblo mayo-yoreme, inconforme con la imposición de la designación de la región del norte de Sinaloa como Polo de Desarrollo, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que han sido incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, por ser víctimas de amenazas y atentados por su labor de defensores de la tierra.

Quintero advierte que la disposición de los opositores a Pacífico Mexinol continuará si es posible hasta llegar a la máxima instancia del Poder Judicial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que ya han recurrido en otros momentos. 

Nuestro hermano oaxaqueño (Hugo Aguilar, presidente de la Corte) realmente dice que le va a hacer justicia a los pueblos originarios, pues vamos a ver si llegamos con nuestro hermano oaxaqueño a exigir la justicia -dice. 

Claudia explica que durante la irrupción de los opositores a Pacífico Mexinol al evento de la colocación de la primera piedra, hubo invitados que aseguraron desconocer lo que ocurría.“Nos dijeron, ‘oye, pero nos han dicho que ya no se pesca, que ya la bahía no sirve’. Le dije ¿y nosotros qué somos?, ¿fantasmas?’ En un litigio contra GPO dijeron lo mismo, que no había camarón, y entonces preguntamos si lo que sacábamos era camarón fantasma”.

También alerta que en la víspera de la irrupción de los mayo-yoremes, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, alabó los esfuerzos del gobierno mexicano en favor de los pueblos originarios.

“Recomendaría que, antes de hacer esas declaraciones, bajen a los territorios, a conocer las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, a conocer las violaciones a las defensoras y defensores que estamos poniendo el pecho para rescatar el futuro de las nuevas generaciones.

 “No se ven (esas violaciones) en una mesa de diálogo, no se viven en un evento donde nada duele, donde nada falta, se viven aquí abajo, donde todo duele, donde todo falta; pero lo que sí no falta es amor por su tierra, eso sí, sí no falta”, concluye la defensora. 

Con información de Proceso.