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Exconsejera de AMLO, exabogada de Pemex y un asesor de Martí Batres: cercanos a Morena que van por un lugar en la Corte

Al menos diecisiete aspirantes para ser ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron cargos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o algún vínculo con personajes clave de Morena, como Martí Batres, Clara Brugada, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar. 

Estos representan una cuarta parte de las 64 personas que se perfilan para contender por los nueve lugares del Pleno de la Suprema Corte en la elección judicial del 1 de junio.

Aunque se esperaba un máximo de 84 candidaturas, 27 por cada comité más las tres ministras en funciones que pidieron participar en el proceso, al final sólo 64 personas distintas superaron todos los filtros. Ello porque el Poder Judicial sólo presentó 21 nominaciones, mientras que 13 postulaciones se presentaron por dos poderes y una, Jazmín Bonilla García, superó los filtros de los tres comités. 

Otra veintena de los aspirantes tiene experiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF) o en alguno de los poderes judiciales locales, mientras que el resto de los contendientes provienen de la academia o del sector privado.

Partidos de oposición han criticado irregularidades en todo el proceso de la elección judicial, con tal de que Morena tenga personajes afines en los principales cargos del sistema de justicia, aunque el partido guinda defiende que con la elección popular se democratiza y mejora el Poder Judicial. 

Exlegisladores de Morena y funcionarios del gobierno de AMLO, entre los aspirantes

Entre las aspirantes que llegarán a la boleta están las tres ministras en activo que se inscribieron para participar en la elección: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes abiertamente se han declarado simpatizantes de Morena y, como te contamos en esta nota, han realizado actividades de promoción anticipada aunque no se permiten precampañas.

También resultó seleccionada por los Comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo la exconsejera jurídica del gobierno de López Obrador, María Estela Ríos González.

Otro de los aspirantes es Raymundo Espinoza Hernández, quien fue titular de la unidad de asuntos jurídicos del Conacyt en el gobierno anterior, y Arely Reyes Terán, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con López Obrador. 

Luz María Zarza Delgado fue directora jurídica de Pemex hasta el cierre del gobierno de López Obrador. Y en el caso de Margarita Darlene Rojas Olvera, colaboró como directora jurídica y de gobierno en el gobierno de Iztapalapa de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre 2009 y 2012. 

Entre los seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se encuentra Federico Anaya Gallardo, quien según su perfil de LinkedIn e información del Senado, fue consultor jurídico en el Senado y colaborador del ahora director del ISSSTE, Martí Batres.

Este mismo Comité seleccionó a Irving Espinosa Betanzo, quien fue asesor  de la Secretaría de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario de Morena a cargo de Ernestina Godoy Ramos, entre noviembre de 2015 y julio del 2018. También fue Magistrado de la Sala Superior Sección Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Otros elegidos fueron Eduardo Santillán Pérez, diputado local de Morena en la Ciudad de México entre 2019 y 2021, y  Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, quien fue titular de la Procuraduría Agraria en el sexenio de López Obrador.4

Además será postulada Natalia Téllez Torres Orozco, quien fue promovida por el expresidente López Obrador como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Políticos de oposición acusaron, en 2022, que Torres Orozco fue beneficiada por la reforma al TFJA.

Mientras que Selene Cruz Alcalá fungió como Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en el gobierno de López Obrador, y fue designada por la ahora dirigente morenista, Luisa Alcalde Luján.  

En la lista de aspirantes también aparece Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito e hija de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero; además de Ana María Ibarra Olguín y Fabiana Estrada Tena, quienes cuentan con trayectoria en el Poder Judicial Federal y colaboraron con el ahora asesor presidencial Arturo Zaldívar, cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Aspirantes colaboraron con gobiernos locales y partidos políticos

Entre los aspirantes que llegarán a la boleta también está el actual consejero jurídico de Nuevo León, Ulises Carlin de la Fuente, colaborador del gobierno de Movimiento Ciudadano Samuel García.

Asimismo, figura Hugo Aguilar Ortiz, excoordinador general del INPI en el gobierno de López Obrador. Antes fue subsecretario de derechos indígenas en el Gobierno de Oaxaca con Alejandro Murat.

También avanzó la extitular de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales, quien además ha sido Cónsul de México en Milán con el expresidente Peña Nieto. Así como Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano, quien fungió como director jurídico de la Comisión Federal de Competencia y asesor de la Secretaría de Economía durante el gobierno de Felipe Calderón.

Igualmente buscará llegar a la Corte Dora Alicia Martínez Valero, quien fue diputada federal del PAN en 2006 e incluso fue militante de ese instituto, aunque ya no aparece en el último padrón de militantes del blanquiazul. También fue directora de asuntos electorales de Televisa. 

Además, aparece Lutgarda Madrigal Valdez, quien fue diputada local por el PRI en Veracruz y es excolaboradora del gobierno de Cuitláhuac García. Apenas en diciembre, ya en el gobierno de la también morenista Rocío Nahle, fue nombrada encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda. 

Mónica Arcelia Güicho González fue colaboradora de los gobiernos de Sigfrido Millán y Mario López Valdez de Sinaloa, así como del entonces Distrito Federal durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Actualmente, es magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Del mismo modo, Sara Irene Herrerías Guerra ha sido colaboradora de la entonces PGR y de la FGR en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador. Actualmente es titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. 

Magistrados, jueces y consejeros judiciales también quieren ser ministros o ministras

De los aspirantes a la Corte que llegarán a la boleta, 18 tienen trayectoria profesional en el PJF o en alguno de los poderes judiciales de las entidades. 

Entre ellos hay seis magistradas de circuito: Jazmín Bonilla García, quien además fue secretaria en la ponencia del ministro Javier Laynez; y Lorena Josefina Pérez Romo, ambas magistradas de circuito en la CDMX. También están Marisol Castañeda Pérez, en Querétaro; Rosa Elena González Tirado, magistrada en Jalisco; Jaime Allier Campuzano en Oaxaca, y Ricardo Garduño Pastén en Toluca.

Además, también será candidato Gabriel Regis López, quien es juez federal de distrito en la CDMX; Sergio Javier Molina Martínez hasta noviembre pasado fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Y Guillermo Pablo López Andrade, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, adscrito a la Ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo

En las instancias judiciales locales, aparece Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX; además, fue jueza penal en el Poder Judicial del Estado de México.

También serán candidatas Irma Guadalupe García Mendoza, integrante del Consejo de la Judicatura en la CDMX; así como Gloria Rosa Santos Mendoza, magistrada en el Poder Judicial de la capital. 

Por otro lado, están las magistradas Rebeca Stella Aladro Echeverría, del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; Alma Delia González Centeno, del Tribunal Supremo de San Luis Potosí; Consuelo Rosillo Garfias, magistrada en retiro del Poder Judicial de Querétaro; Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez del Tribunal Supremo de Jalisco; Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del cual fue presidente; y Ángel Mario García Guerra, del Poder Judicial de Nuevo León.

Académicos y magistrados de Conciliación buscan un lugar en la SCJN

Dentro del listado de candidatos a ministras y ministros, también se encuentran académicos, especialistas en derechos humanos y transparencia, así como integrantes de bufetes privados. 

Olivia Aguirre Bonilla fue integrante de la Comisión Estatal de Víctimas de Chihuahua y del Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas del mismo estado. También es especialista en violencia de género.

En esa línea, participan Édgar Corzo Sosa, quien fue visitador de la CNDH en 2018 y, recientemente, Presidente del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, y Presidente de los Comités de Derechos Humanos de la ONU.

Antonio Sorela Castillo fue integrante del mecanismo de protección a periodistas; director de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Morelos en el gobierno de Graco Ramírez. Recibió el premio nacional de Derechos Humanos de El Salvador.

Desde la academia, será candidato Arístides Rodrigo Guerrero García, docente de Derecho Constitucional en la UNAM. Además fue comisionado del Instituto de Transparencia de la CDMX y colaboró con el Poder Judicial local. 

También irán a la boleta Ingrid De Los Ángeles Tapia Gutiérrez, docente del ITAM y abogada que públicamente se ha posicionado contra el aborto; César Enrique Olmedo Piña, que ha sido docente del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la Barra Nacional de Abogados; Eduardo José Torres Maldonado, académico de la UAM; Giovanni Azael Figueroa Mejía de la Ibero; e Isaac De Paz González, académico de la Universidad Autónoma de Baja California.

Entre los abogados que vienen del sector privado se encuentran Cynthia Ortiz Monroy, consultora de género; Roberto Illanes Olivares, abogado privado; Javier Jiménez Gutiérrez, asesor en comercio internacional; Carlos Enrique Odriozola Mariscal y Mauricio Flores Castro, que trabajan en bufetes privados; Abraham Amiud Dávila Rodríguez, director de un despacho especializado en asuntos médicos; Cesar Mario Gutiérrez Priego, especializado en seguridad y derecho militar; y Jaime Salvador García González, especializado en comercio; y Francisco Luna Jaime, egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Mientras que Luis Edwin Molinar Rohana y Magda Zulema Mosri Gutiérrez son magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa Federal y de la CDMX, respectivamente. 

Con información de Animal Político.

Tips al momento

Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante. 

“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador. 

Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado. 

A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.


Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo

Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.

Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.

En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.

Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.

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