Fortalece Congreso certeza jurídica para financiamientos municipales destinados a inversión pública

Las y los diputados integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron reformas a diversas disposiciones con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y administrativa a los municipios en la contratación de financiamientos destinados a inversión pública productiva.

La propuesta atiende observaciones técnicas emitidas por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de armonizar el contenido del decreto con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y presentado por la diputada Carla Rivas Martínez, quien señaló que, entre las adecuaciones aprobadas, se establece con mayor precisión el plazo máximo para la contratación y pago de los créditos, mismo que no deberá exceder el periodo constitucional de las administraciones municipales, fijándose hasta 806 días naturales contados a partir de su celebración.

Asimismo, se fortalecen las disposiciones relacionadas con el análisis previo de la capacidad de pago de los municipios, el destino de los recursos y las fuentes de pago correspondientes, con el objetivo de otorgar mayor claridad y seguridad jurídica en los procesos de validación y contratación.

El documento señala que estas modificaciones no alteran el fondo de la autorización previamente aprobada por el Congreso del Estado, sino que perfeccionan técnicamente su redacción para facilitar el acceso oportuno de los municipios a esquemas de financiamiento destinados a obras y proyectos de beneficio social.

“En consecuencia, la reforma planteada resulta indispensable para generar certeza jurídica, subsanar las inconsistencias advertidas y posibilitar que los referidos municipios puedan acceder de manera efectiva a los esquemas de financiamiento autorizados por este Honorable Congreso”, destacó la diputada.

Los recursos podrán destinarse a rubros como obra pública, infraestructura, adquisición de maquinaria, equipo y vehículos, contribuyendo al desarrollo municipal y a la atención de necesidades prioritarias de la población.