Sobrevivientes del caso del coche bomba en Juárez exigen reparación integral y denuncian corrupción institucional

Sobrevivientes del caso relacionado con el atentado del coche bomba ocurrido en Ciudad Juárez en 2010 denunciaron públicamente actos de corrupción, simulación institucional y falta de reparación integral del daño, tras considerar insuficiente la reciente sentencia emitida contra uno de los ex policías federales involucrados en actos de tortura.

Acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos, Rogelio y Noé quienes fueron detenidos en agosto de 2010 y posteriormente liberados por falta de pruebas señalaron que fueron víctimas de tortura física y psicológica para obligarlos a autoinculparse por el atentado.

Durante la rueda de prensa, las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas garantizar de manera inmediata medidas de reparación integral, incluyendo una disculpa pública que reconozca plenamente su inocencia, así como la eliminación de registros y contenido periodístico relacionados con su detención, al considerar que continúan criminalizándolos.

Asimismo, solicitaron a la Fiscalía General de la República ampliar las investigaciones para incluir formalmente los delitos de desaparición forzada y tortura, argumentando que existieron detenciones ilegales, incomunicación y participación de diversas autoridades en los hechos.

“Erradicar la tortura y reparar dignamente a los sobrevivientes es una deuda histórica que no admite más demoras”, expresó Carla Palacios Flores, miembro de CDHPN

Los sobrevivientes relataron que, tras su detención, fueron golpeados, incomunicados y trasladados a distintos centros penitenciarios, incluyendo penales federales fuera del estado. Indicaron que perdieron empleos, vivienda y estabilidad emocional, además de que sus familias enfrentaron amenazas.

“No estamos conformes con la sentencia. Fueron años de nuestra vida arrebatados injustamente”, expresó Rogelio durante el encuentro con medios.

El caso derivó en una sentencia condenatoria contra un ex agente federal Adan Serafin  Cardenas, quien recibió una pena cercana a cinco años de prisión por actos de tortura. Sin embargo, las víctimas consideran que la sanción es insuficiente y denunciaron que todavía faltan personas por detener y procesar.

También denunciaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por mantener procesos burocráticos, indolentes y carentes de perspectiva de derechos humanos, los cuales atentan contra el derecho de los sobrevivientes a una reparación integral. 

De acuerdo con Palacios Flores, actualmente existen tres personas detenidas relacionadas con el caso y dos más continúan prófugas. Además, acusaron que la investigación no ha alcanzado a mandos superiores, ministerios públicos ni médicos legistas que presuntamente encubrieron los actos de tortura.

Los sobrevivientes afirmaron que, a más de 15 años de los hechos, continúan enfrentando secuelas psicológicas, psiquiátricas y económicas derivadas de la tortura y criminalización que sufrieron.