
El hecho ocurrió el pasado 18 de julio de 2018, en el Parque acuático “Santa Rita”, ubicado a un costado del acceso a Estación Morita, en la región de Parral/Coronado, Chihuahua, donde pierde la vida Celeste Ontiveros, una menor de edad
La menor perdió la vida tras ser succionada por un tubo de drenaje abierto dentro de una de las albercas del parque acuático.
Carla Carmona (madre de la menor), quien resalta severas fallas operativas y de rescate el día de los hechos. La alberca tenía un tubo de succión desprotegido. La madre cuestiona directamente de forma pública, “¿Por qué no estaba la reja de seguridad?”.
La menor fue reportada inicialmente como "desaparecida". Pasaron tres horas antes de que se le avisara formalmente a la madre que la niña estaba perdida.
Los rescatistas inicialmente buscaron en tubos exteriores de apenas dos pulgadas de diámetro (donde por lógica el cuerpo de la niña no cabía). Además, la madre señala que ningún rescatista sabía nadar a profundidad, lo que retrasó críticamente las maniobras.
Según el testimonio, la menor terminó atrapada en una cisterna de aproximadamente 20 metros de profundidad debido a que, presuntamente, activaron de nuevo el sistema de succión en un intento equivocado por sacarla del conducto inicial. El proceso para vaciar la cisterna y recuperar el cuerpo tomó casi cuatro horas.
A casi ocho años de distancia, la madre de Celeste denuncia que el caso sigue en la impunidad, por lo que sostiene exigencias muy claras:
Cierre definitivo del parque acuático "Santa Rita" para evitar que ocurra otra tragedia similar con otros menores.
Exige que las autoridades actúen penalmente contra quienes operaban el lugar bajo esas condiciones de riesgo.
Se anuncia la organización de una caravana y movilización social para reactivar el caso ante la opinión pública y presionar a las autoridades judiciales a dictar sentencia o emitir sanciones definitivas.
Más allá de su caso particular, Carla Carmona utiliza la coyuntura para hacer un llamado público de alerta y exigir mayor protección y regulación estricta en balnearios y parques acuáticos, especialmente durante las temporadas vacacionales, con el fin de proteger la vida de los niños.
Ante la inacción de las fiscalías y el paso de los años (casi una década), son las madres quienes tienen que asumir el rol de activistas y organizadoras de movilizaciones para impedir que el carpetazo sepulte la exigencia de justicia.