La tortilla bajo control criminal: cárteles imponen precios, rutas y cuotas

El crimen organizado ya no se limita a exigir cuotas a las tortillerías. En distintas regiones del país, grupos criminales tomaron el control de prácticamente toda la cadena de producción de la masa y la tortilla: desde el cultivo del maíz, el suministro de agua y el transporte del grano, hasta la venta de insumos, el gas y el precio final que pagan millones de familias mexicanas.

La tortilla, uno de los productos básicos de la alimentación nacional, se convirtió en un negocio estratégico para organizaciones criminales que ahora utilizan amenazas, extorsiones y control territorial para imponer precios y proveedores.

En las zonas más afectadas, el costo del kilo ya no depende únicamente del mercado o de los costos de producción, sino del nivel de presión ejercido por los grupos delictivos.

El crimen organizado domina desde el cultivo del maíz hasta el precio final

De acuerdo con Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, la intervención del crimen organizado en esta industria ya impacta directamente en el bolsillo de los consumidores.

Según explicó, el incremento de extorsiones, sobreprecios y control criminal provoca aumentos de entre 6 y 12 pesos adicionales por kilo de tortilla.

El dominio comienza desde la producción agrícola. En estados como Sinaloa, organizaciones criminales controlan el acceso al agua utilizada para los cultivos de maíz y además interceptan tráileres que transportan el grano hacia distintos puntos del país.

En varios casos, los choferes deben pagar cuotas para recuperar la mercancía o continuar su trayecto.

Tortillerías bajo amenaza: extorsiones, ataques y cierres forzados

El siguiente eslabón del esquema criminal aparece en los insumos. En diversas entidades, los delincuentes obligan a las tortillerías a adquirir exclusivamente con ellos el maíz, la harina o el gas.

La imposición ocurre bajo amenazas directas y genera incrementos artificiales en los costos. Una tonelada de maíz que normalmente ronda los 7 mil 500 pesos puede ser revendida hasta en 12 mil pesos por redes criminales.

Las consecuencias recaen finalmente en consumidores y pequeños negocios. Los tortilleros absorben parte de las pérdidas, pero terminan trasladando el impacto económico al precio final.

Se calcula que entre 15 y 24% de las tortillerías del país —alrededor de 20 mil establecimientos— enfrentan actualmente cobro de piso o extorsiones.

Quienes se niegan a pagar suelen ser víctimas de ataques armados, incendios provocados con bombas molotov, secuestros, amenazas o incluso asesinatos.

Cárteles imponen proveedores, rutas y costos de producción

En algunas regiones, el control criminal alcanza incluso la distribución local de tortilla. Repartidores en motocicleta utilizados para surtir taquerías o pequeños negocios son empleados también para actividades de narcomenudeo o vigilancia territorial.

Las autoridades y reportes de inteligencia señalan principalmente a grupos como La Familia Michoacana y al Cártel Jalisco Nueva Generación como responsables de imponer cuotas y controlar parte de la cadena alimentaria.

En Guerrero también han sido señalados “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, organizaciones vinculadas con amenazas, fijación de precios y cierres de comercios.

En municipios como Iguala, los grupos criminales obligaron incluso a reducir el precio del kilo de tortilla mediante mensajes intimidatorios enviados a dueños de negocios.

Guerrero, Edomex y Sinaloa: focos rojos del control criminal

El Estado de México figura entre las entidades más golpeadas por este fenómeno, particularmente en municipios del sur y de Tierra Caliente como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Tenancingo, Villa Guerrero y Malinalco.

La problemática también alcanza municipios del Valle de Toluca, entre ellos Toluca, Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

En Guerrero, la presión criminal afecta ciudades como Iguala, Taxco, Chilpancingo y Zihuatanejo, además de regiones completas de Tierra Caliente y Costa Grande.

Los reportes también incluyen casos en Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa, donde las extorsiones, ataques y control territorial ya impactan directamente la comercialización de alimentos básicos.

La tortilla, convertida en herramienta de dominio territorial

Especialistas y representantes del sector advierten que el fenómeno ya superó el tradicional cobro de piso.

Ahora, las organizaciones criminales controlan proveedores, imponen rutas de distribución, manipulan costos de producción y determinan quién puede vender o comprar determinados productos.

La tortilla terminó convertida en un símbolo del control criminal sobre la economía cotidiana del país.

Cuando los grupos delictivos deciden cuánto cuesta el maíz, quién distribuye el gas y cuánto debe pagar el consumidor por un alimento básico, el problema deja de ser únicamente de seguridad pública y se convierte en una afectación directa a la alimentación y economía de millones de familias mexicanas.

Con información de Político.mx