Erika luchó 10 años para reclamar una negligencia médica que le cambió la vida, pero un tribunal colegiado minimizó el daño

Era 2008 cuando Erika Alicia Gómez López sufrió un accidente en el transporte público que le lesionó la cadera y la cintura. Un año después llegó de urgencia al hospital porque las secuelas ya no le permitían caminar. Tenía un servicio médico privado derivado de su trabajo en el sector bancario.

El médico que le designaron –un ortopedista que se estaba especializando en columna, según dijo entonces– alertó que si no la operaba de inmediato, lo más probable sería que dejara de caminar. Con un hijo de ocho meses y ante el miedo de que el problema se agravara, confió y accedió. Su problema era una hernia entre las vértebras L4 y L5, le informaron.

Aunque era normal que los primeros días sintiera malestar, le habían asegurado que entre los 15 y 20 días posteriores regresaría su capacidad de caminar normalmente. Sin embargo, fue todo lo contrario: más problemas y más dolor. Le incrementaron los medicamentos para priorizar su regreso al trabajo, pero para abril de 2010 el malestar volvió. El doctor que la había operado ya no estaba en la red médica.

Al ser asignada con otro, desde su primera exploración le informó a Erika que tenía una hernia entre las vértebras L4 y L5, como si nunca la hubieran operado. Ella se sorprendió porque la cirugía era, de hecho, para erradicarla. Sin embargo, en el estudio actualizado se percibía no sólo la hernia, sino material quirúrgico que fue comprimiendo sus terminales nerviosas.

“De verdad con mucha pena lo digo: yo ya no podía andar en la calle porque no podía controlar mis esfínteres. Era muy penoso porque llegaba del trabajo y antes de pasar a la guardería a recoger a mi hijo, yo tenía que llegar a buscar un lugar donde cambiarme la ropa”, relata.

Durante los días posteriores le hicieron más estudios para ratificar el diagnóstico, y tuvo que esperar a que la aseguradora aceptara la necesidad de una segunda cirugía. Comenzó a enfrentar complicaciones por las fallas en el retiro de la hernia, que solo habían empeorado la presión. Estas se extendieron a un periplo de entradas y salidas al hospital por más de dos años.

“Durante este tiempo estuve con incapacidades hasta el punto en que la aseguradora de la empresa decide que lo que yo tengo ya no se puede quitar: es un dolor crónico a raíz de tantas cirugías. Hoy por hoy tomo medicamentos muy fuertes, uso parches de buprenorfina, gabapentina, paracetamol, tramadol, y hay otro medicamento que me acaban de dar, un relajante muscular”, explica.

El dolor se ha vuelto crónico porque la columna, según le explicó la médica del dolor, debe tener una curvatura tanto al inicio como al final, pero hoy la contractura es tal que está totalmente recta a la altura del cuello y la presión no se va. Durante la entrevista Erika puede mantenerse tranquila sentada, pero todo el tiempo usa bastón para caminar.

Una larga batalla minimizada por un Tribunal Colegiado

Cuando se dio cuenta del grave error en su cirugía, Erika se acercó al despacho de abogados Mazva, que también llevó el caso de Paulina, publicado por Animal Político y precedente para que la Corte regulara el consentimiento informado en cirugías estéticas. Así empezó el proceso de su demanda por negligencia médica en 2011, y fue hasta 10 años después, en 2021, que pudo cobrar la indemnización que le correspondía tras la determinación de que ella tenía la razón.

El monto de reparación determinado por el juez había sido de 3 millones 700 mil pesos, pero tras las apelaciones, la décima sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México disminuyó esa cifra a 2.7 millones. Ahora, Erika y el equipo legal que la representa reclaman negligencia de los magistrados Sofía Verónica Ávalos Díaz, Víctor Francisco Mota Cienfuegos y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hoy candidata a ministra de la Suprema Corte.

En una primera instancia, en respuesta al amparo indirecto 94/2020 que Erika promovió por su inconformidad con la reducción de la cifra, el juez primero de distrito de la Ciudad de México había determinado que disminuir el monto era incorrecto –pues no se habían valorado varios de los derechos de Erika que habían sido lesionados, además de que se ignoraba que su hijo es una víctima indirecta–.

Durante su defensa, su abogado incluso había invocado una sentencia previa de Villegas Sánchez Cordero en la que había resuelto un caso con características similares donde se determinaba, con base en los artículos 493 de la Ley Federal del Trabajo y 1915 del Código Civil de la Ciudad de México, que el porcentaje de indemnización de una incapacidad parcial permanente puede ser equiparable al de una incapacidad total permanente cuando las lesiones impiden laborar y causan afectaciones al proyecto de vida.

Pese a que la ponente en el caso, Ávalos Díaz, inicialmente argumentó en ese sentido, este fue cambiando conforme Mota Cienfuegos y Villegas Sánchez Cordero sostuvieron una postura contraria. “El que fuera una persona desempleada no tiene nada que ver”; “el dinero no le quita el dolor a la gente, decir ‘deje al médico en la pobreza’ no le va a restituir nada”, dice el primero durante la discusión de la resolución, grabación a la que tuvo acceso Animal Político. Ávalos Díaz insiste en que es una persona que difícilmente tendrá acceso al campo laboral y cuya pensión de por vida quedó en poco más de 5 mil pesos mensuales.

Para Villegas Sánchez Cordero, sin embargo, “tiene que dejárseles a los médicos, por parte de los juzgadores, un margen de libertad. Entre médicos hay criterios distintos, y yo creo que el que los segundos médicos la hayan relativamente compuesto, no significa necesariamente ‘ya ves, era esto’, porque hay un margen de actuar de los médicos, y el juzgador le debe proteger a ellos ese margen de decisión”, expone en la misma grabación.

Pese a que la materia del recurso legal es la cuantificación del daño moral y no la responsabilidad del médico –cosa juzgada antes como condenatoria–, la magistrada insiste en que Erika ya había llegado mal y con mucho dolor, por lo que aceptó la operación, en que el médico tiene poco más de cuatro millones en su cuenta bancaria y en que la incapacidad es parcial.

Esa sesión del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil se dio sin saber que aún estaba pendiente por resolverse el asunto con el juez de distrito, y sin escuchar a la parte acusadora, porque nunca se comunicaron ambas instancias. Finalmente, se determinó amparar al doctor y la decisión del juez de distrito, que iba en el sentido contrario, fue revocada. “No sé por qué la juez de distrito no nos avisó que tenía los dos amparos”, justificó en su momento Ávalos Díaz.

“Cuando termina este proceso, ya que es una cosa juzgada, no podemos acceder a más. Decidimos ahora denunciar al Poder Judicial de la Federación, a los magistrados, por la misma premisa que soporta la negligencia médica, que es el daño moral: cuando actúas mal, ya sea por dolo o por error, estás obligado a indemnizar, seas abogado, médico, cualquier persona; lo soportamos a través de un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado”, explica el abogado de Erika.

Consultada al respecto, García Villegas Sánchez Cordero, quien fungía como presidenta del tribunal colegiado, refirió como postura oficial un tuit que hizo público hace unos días, luego de que la víctima expusiera su caso en redes sociales:

“Les resumo el caso. Ella buscaba una indemnización por daño moral que decía un médico ortopedista le había causado por negligencia médica. Tenía problemas en las cervicales. Pedía al médico originalmente $14’544,183.77 pesos de indemnización por daño moral… En juicio obtuvo en el fuero local $3’295,119 pesos… Acudieron al amparo tanto la señora como el médico. Con los elementos de prueba, el Tribunal determinó un daño moral en contra del médico por $1’000,000. Eso fue todo”. Ahí mismo señaló que los casos no se litigan en redes sociales y compartió con este medio los documentos públicos que amparan la sentencia.

El juicio posterior a esa decisión, contra el propio Poder Judicial, exige que la reclamación se presente primero ante el órgano que causó el daño, explica el abogado, que en este caso es el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, esa demanda se resolvió en sentido negativo bajo el argumento de que a ese poder no se le puede demandar por su actividad jurisdiccional. “Pero yo no te estoy demandando por esa función –reclama Martínez–, sino porque tú tienes una obligación, como juez, de la diligencia que es esta comunicación para ver si existía o no la conexión entre esos amparos”, apunta.

Ante la negativa, en este momento permanece interpuesto un recurso de reclamación cuyo fin último es, en caso de ser rechazado, llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esta reconozca que al Poder Judicial mexicano se le puede demandar, en este caso particular no por una función jurisdiccional, sino meramente administrativa e irregular. Fue desde abril de 2022 que se ingresó la demanda original contra el Poder Judicial, desechada en enero de este año, lo que derivó en la reclamación promovida hace apenas un mes para combatir esa decisión.

Ahora, Erika y sus abogados esperan que se reconozca la responsabilidad del Poder Judicial y lo que ya ha establecido la Corte, es decir, que sí puede ser demandado por acciones no relacionadas con su actividad jurisdiccional, sobre todo porque esas decisiones tienen un impacto en la vida de las personas, remarca el despacho. Hasta hoy, ninguna demanda en contra del propio poder ha prosperado nunca, por lo que buscan que esta sea un precedente.

“Mi vida se acabó”: el impacto de las decisiones judiciales para Érika

Además de usar bastón, renunciar a las zapatillas, a su vida en pareja y a tiempo de calidad con su hijo, Erika no pudo ser madre de nuevo. “No sé si la vida me lo hubiera dado o no, pero la posibilidad me la negaron”, sostiene. Además, dice, llegó un momento en el que el papá de su hijo ya no soportó la situación médica y legal, así como las secuelas en su estado de salud.

En 2023 viajaron juntos a Veracruz, pero el simple bamboleo del mar hizo que no pudiera volver a caminar y que tuviera que regresar para ser hospitalizada nuevamente con medicamentos más fuertes. Su dinámica familiar ya tenía tiempo de haber cambiado: desde lo económico hasta lo sexual, describe. Su vida laboral se acabó. La de pareja, también.

Hace un año firmó su divorcio, que derivó también de los problemas financieros que vinieron con las complicaciones de salud. Al final, a ella la pensionaron por enfermedad general al 55 % de su salario, y en un principio sin orientación, se le pasó el periodo de tiempo en el que podía haber reclamado. Hasta hoy, aún debe tomar terapias de rehabilitación.

“Tengo que costear terapias cerca de mi domicilio, en agua, como me las recomiendan, para que yo pueda mantenerme en una situación lo más óptima posible para ser funcional, aunque insisto, el dolor es constante, nunca se quita. La situación económica de verdad hay días en que es sumamente precaria y está muy complicada”, lamenta.

En su opinión, a magistrados como Ávalos Díaz, Mota Cienfuegos y García Villegas Sánchez Cordero no les importó lo que a ella le ha tocado vivir: no solo los impactos en su vida cotidiana, sino, por ejemplo, episodios muy fuertes de depresión, consecuencias en los cuidados y la relación con su hijo, desgaste económico a largo plazo e impactos en su vida cotidiana.

“Andar en transporte público porque no tengo un vehículo propio es muy complicado. Generalmente, por ser de aseguradoras, te dan las citas en las tardes y yo no me puedo mover… Yo vivo por el metro Ciudad Azteca, y tengo que venir hasta el hospital Dalinde a ser atendida de todo, absolutamente de todo; solamente cuando son casos de emergencia me permiten ir a un hospital que está más cerca de mi domicilio justamente por la premura”, remarca.

El médico demandado no solamente no le quitó la hernia, sino que la cirugía le causó un daño mayor. Aun así, los magistrados llegaron a sugerir que no había existido dolo y que se trataba de “restituir sin destruir”. Pero la vida previa de Érika sí está destruida. Sostiene que la intención del médico nunca fue ayudarla, sino obtener más recursos mediante el esquema de aseguramiento.

“Tantos años no se pagan con un millón de pesos. Mi vida se acabó. Yo no sé si la vida me hubiera llevado a este mismo punto en otras circunstancias; lo que sí sé es que estas circunstancias me llevaron al punto en el que ahorita está mi vida. Y no lo están considerando. Quizá para ellos no es importante, pero yo de barrer mi casa, de trapear mi casa –porque no puedo pagar a alguien que lo haga–, me aviento dos, tres semanas en cama”, reclama.

“Nosotras como personas que no tenemos todo el conocimiento, nuestra última esperanza es recurrir a la más alta autoridad para ser escuchados, para que nos den la justicia que sentimos, y creemos, y nos damos cuenta que nos merecemos, y si de plano hasta ellos se contradicen de sus propias palabras, ¿cómo podemos confiar en ellos? ¿Cómo podemos permitirles que lleguen a ese poder, cuando nos estamos arriesgando a que nos fastidien más?”, agrega Erika.

Con información de: Animal político.