Piden al Senado de la República a que realicen Declaratoria Constitucional en materia de salarios

Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron la petición que se realiza al Senado de la República y a su presidente, Gerardo Fernández Noroña, para que realicen de inmediato la Declaratoria Constitucional del Decreto en materia de salarios y que busca que los salarios mínimos no queden por debajo de la inflación.

Este asunto fue presentado al Pleno por la diputada Alma Portillo de Movimiento Ciudadano (MC), quien detalló que esto obedece a la reforma al Artículo 123 Constitucional y que consolida el derecho a un salario digno como pilar fundamental para garantizar condiciones de vida adecuadas para las personas trabajadoras y sus familias.

Dijo que esta medida fortalece el poder adquisitivo y reduce la pobreza laboral, situación que afecta de manera más severa a quienes dependen del ingreso mínimo para subsistir. La iniciativa de reforma responde al compromiso histórico de dignificar las condiciones laborales de quienes desempeñan funciones esenciales para el bienestar social y la seguridad pública del país.

“Docentes, policías, miembros de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas Permanentes, personal médico y de enfermería, de ellos hablamos y que son pilares de cualquier estado democrático de derecho, pero históricamente son relegados a percepciones salariales que no corresponden a la relevancia, ni al riesgo de sus actividades”, concretó Portillo.

Comentó que, durante los últimos años, la política salarial impulsada por el gobierno federal ha generado avances significativos en el incremento del salario mínimo, pero que este progreso debe ser complementado con medidas legislativas que aseguren la sostenibilidad de estos incrementos y eviten retrocesos, particularmente en sectores estratégicos.

“La falta de la Declaratoria Constitucional impide que el decreto sea remitido al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y literalmente, esto priva a miles de servidores públicos del acceso a un salario justo, perpetúa condiciones de precariedad y desincentiva el ingreso y la permanencia en funciones vitales para la sociedad”, puntualizó.