Empresas fantasma: piezas clave en la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el universo de las contrataciones públicas en México, miles de millones de pesos han desaparecido por medio de grandes redes de empresas fachada. En las últimas décadas, estos vehículos de corrupción y fraude han servido para desviar recursos destinados al funcionamiento del gobierno y de servicios públicos esenciales, y han enriquecido a una élite en la sombra mediante esquemas cuidadosamente orquestados.
Las EFOS o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, conocidas también como empresas fantasma o fachada, son organizaciones que se han convertido en piezas clave de redes de corrupción que operan en todo el país. Estas compañías, aunque constituídas legalmente, son utilizadas para la emisión de facturas que buscan amparar productos y servicios simulados, y así recibir grandes sumas de dinero sin ofrecer ningún beneficio tangible a cambio.
En México, las auditorías han señalado constantemente irregularidades que involucran empresas fachada en las contrataciones de todos los niveles de gobierno, lo que, en el mejor de los casos, conduce a sanciones o investigaciones a servidores públicos y a inhabilitar proveedores específicos. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una vez que las detecta, las incluye en las listas de EFOS como “definitivas” o “presuntas”, lo que en ocasiones no ha impedido que sigan operando.
Sin embargo, la dimensión y el daño que estas redes han causado rebasa las estrategias de control y la capacidad del gobierno para recuperar los fondos desviados. Lejos de ser incidentes aislados e individualizados, las redes de empresas fachada en México muestran un comportamiento de tipo crimen organizado y operan como auténticos cárteles económicos en los que participan actores públicos y privados que buscan beneficios económicos obtenidos mediante la suma de delitos y diversas faltas administrativas.
Redes de empresas fachada en las compras federales (2002-2022)
El alcance e impacto de las redes de empresas fachada en las contrataciones públicas federales se puede dimensionar mediante el análisis de los datos abiertos disponibles en Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el listado 69-B del SAT, así como las actas constitutivas y modificatorias de las empresas, disponibles en el Registro Público de Comercio (SIGER).
Un análisis realizado por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Quinto Elemento Lab sobre las compras públicas federales revela que, durante las últimas dos décadas (2002-2022), al menos 486 dependencias del Gobierno federal establecieron 3 mil 529 contratos con por lo menos 834 empresas fachada catalogadas por el SAT como EFOS definitivas. El monto involucrado en estos contratos es cercano a los 11 mil 500 millones de pesos, con un impacto en todos los sectores del gobierno.
Notablemente, desde un punto de vista estructural, la contratación de estas EFOS hasta el 2022 no fue un fenómeno aislado de algunas instituciones gubernamentales, sino que fue un fenómeno sistémico altamente organizado para la obtención de recursos públicos federales que se agudizó en años recientes. Esto se puede entender mejor con un enfoque basado en la ciencia de redes.
A partir de la información disponible, es posible observar que los contratos públicos forman una gran red interconectada que concentra más del 70 por ciento de las instituciones de gobierno y 80 por ciento de las EFOS. Esto nos muestra que no es un problema menor en las compras públicas, sino una realidad normalizada. Además, la gran mayoría de estas conexiones involucran un alto porcentaje de contratos por adjudicación directa, lo cual sugiere que el gobierno federal posiblemente actuó de manera favoritista, conspirativa y en colusión con las personas que operaban la red de empresas.
La formación de esta red se da por medio de un incremento gradual de contrataciones que llegó a su máximo nivel en 2015, con una caída hacia 2019. Esta caída se puede deber a diversos factores, como la gran liquidación de empresas en este periodo, el cambio de proveedores y contratistas que se da con la llegada de nuevas administraciones federales, o la anticipación al cambio de legislación de 2019 en materia fiscal y penal, que tipifica la emisión de facturas falsas como crimen organizado. Otro mecanismo adicional pudo haber sido una mejor estrategia de detección de EFOS por parte del SAT. No obstante, este último punto es materia de debate.
Además de que la asignación de contratos muestra una clara concentración en unas cuantas empresas, la información del SIGER revela las redes corporativas que se forman en el ámbito privado. Las empresas contratadas están ligadas entre sí en clústers (o cúmulos) que comparten accionistas, administradores, representantes legales, comisarios e incluso a los notarios que las registraron. Estos clústers nos muestran que las EFOS fueron creadas con una intención premeditada para su uso en red, lo que permite a quienes las organizan evadir las inhabilitaciones oficiales, camuflar y maximizar el desvío de recursos, y complejizar su auditoría.
El tamaño de estos clústers muestra el alcance y escala de operación de las redes a lo largo y ancho de México. Por ejemplo, el clúster más grande abarcó los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. La gran mayoría de estas EFOS fueron creadas entre los años 2006 y 2016, y fueron dadas de alta principalmente en la Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Yucatán y Sinaloa.
EFOS en red en las compras estatales y municipales
Las cifras anteriores cuentan solo una parte de una historia más compleja y profunda. Uno de los principales problemas a considerar en los próximos años no es lo que sabemos a nivel federal, sino lo que ignoramos a nivel estatal y municipal, donde impera la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El uso ilícito descomunal de EFOS contratadas por gobiernos estatales ha sido mostrado en casos como “Las empresas fantasma de Veracruz” en el sexenio de Javier Duarte, y “Puebla, fábrica de empresas fantasma”, en los que la estrategia del fraude consistió en vincular a empresas fachada nuevas y antiguas para desviar fondos estatales y municipales. Estas redes tuvieron un impacto económico en sectores de la administración pública, la seguridad, la educación y la salud, mermaron el erario y violentaron los derechos humanos de una población amplia.
Un trabajo de la organización Impunidad Cero analizó la contratación de empresas fachada en el sector salud y reveló que, durante el periodo de 2014 a 2019, en 30 de las 32 entidades federativas del país fueron contratadas 778 EFOS por institutos de salud y seguridad social por un monto acumulado de cerca de 4 mil 200 millones de pesos. Este caso enciende las alertas de que, en solo cinco años, el número de EFOS contratadas y el monto involucrado puede ser equiparable a lo observado en las contrataciones federales durante 20 años.
El gran desafío para revelar las redes a nivel subnacional es la falta de una base de datos que concentre la información de todas las contrataciones a nivel estatal y municipal. Aunque existen importantes esfuerzos para tener esta información de manera centralizada en la Plataforma Nacional de Transparencia, estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad muestran que la información se mantiene altamente incompleta y que los registros no están homologados.
La corrupción en red de las compras públicas
La complejidad de los ecosistemas de contratación en México no radica simplemente en el gran número de proveedores y contratistas que participan en las licitaciones, sino, específicamente, en las relaciones comerciales entre las instituciones de gobierno y las empresas. Como se mostró en la red de contratos federales, dentro de estas macroestructuras surgen redes oscuras que funcionan como sistemas altamente organizados, resilientes al cambio y difíciles de desmantelar.
Las empresas vinculadas a través de socios, familiares o testaferros forman estructuras complejas que pasan inadvertidas para auditores y contralores, quienes se enfocan en contratos o empresas de forma individual, y pierden la perspectiva global del mercado. Para combatir estas redes de corrupción se necesita una transformación en el enfoque contra la criminalidad y corrupción que trascienda las auditorías individuales y que abarque un análisis estructural de todo el ecosistema de contratación pública.
Las sanciones administrativas destinadas a deshabilitar empresas individuales resultan inofensivas para las redes. La evidencia empírica presentada en esta investigación indica que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública) tendría que adoptar una estrategia de persecución administrativa y coordinación penal para ajustarse al comportamiento multicaso y en red.
Los cientos de personas auditoras y contraloras tendrían que hacer evaluación, monitoreo y detección de irregularidades, para lo cual necesitan herramientas de análisis de riesgos de fraude y corrupción con perspectiva sistémica. En el escenario mexicano es imperante capacitar a funcionarios públicos en investigación forense para entender el bosque y no solo el árbol en los casos.
El marco jurídico actual permite este cambio de visión. Por ejemplo, los beneficiarios controladores poco o nada han utilizado las obligaciones de revisión que tienen conforme a la ley. Para esto, se necesita una plataforma de transparencia de los beneficiarios finales que ya está prevista en los compromisos internacionales de México, conocida como Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales. También es urgente la apertura y gratuidad al público en general del SIGER con información actualizada de todo proveedor y contratista del gobierno en todos los niveles.
Dentro de los objetivos de sistematización y digitalización de los procesos y trámites gubernamentales de la administración de la presidenta Sheinbaum se debe considerar la creación y desarrollo de plataformas de transparencia de los procesos de contratación a nivel federal, estatal y municipal con estándares de datos abiertos. Hasta ahora, la plataforma CompraNet solo abarcaba contrataciones federales y no existe algo similar en los estados. El Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Agencia de Transformación Digital son clave en esta función.
Un reto mayúsculo es superar las desconfianzas que frenan la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional entre gobiernos, el sector privado, la academia y el periodismo de investigación. Las redes con fines ilícitos seguirán aprovechándose de las debilidades institucionales y sociales, ya sea en forma de EFOS u otro esquema de tercerización de contratación. Si la corrupción actúa en redes a lo largo y ancho del país, será con redes de anticorrupción y combate a la criminalidad que habrá que enfrentarla.
*Los autores fueron corresponsables del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (un grupo de investigación en activo hasta septiembre del 2024).
Tomado de proceso.com.mx
Tips al momento
Dejan elección de consejeros del INE hasta la reforma electoral de Sheinbaum
La Cámara de Diputados declaró formalmente clausurado su periodo ordinario de sesiones, sin embargo, hay una omisión que ha encendido las alarmas en el sector electoral, como es la convocatoria para renovar tres espacios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera concluirán sus funciones como consejero en abril de 2026, pero debió haber iniciado el proceso de selección y los diputados optaron por ser omisos.
Esto apunta no ser una casualidad ante la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y poner personajes a modo.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
Notas recientes
Las más leídas
