Pueblos cholultecas bloquean carretera y demandan a gobierno que frene urbanización de sus tierras

PUEBLA, Pue., (apro).- Representantes de organizaciones y de pueblos cholultecas mantienen bloqueada la carretera federal Puebla-Atlixco en demanda de que se ponga freno al crecimiento inmobiliario “salvaje” que ha avanzado por más de tres décadas sobre sus tierras, en particular por parte de Grupo Proyecta desarrollador de Lomas de Angelópolis.

En un pronunciamiento previo a esta protesta, las comunidades indígenas advirtieron que la expansión del llamado Cártel Inmobiliario de Puebla pone en riesgo de desaparecer su cultura y forma de vida milenaria, luego que Cholula es considerada la población más antigua de América al mantenerse habitada de manera ininterrumpida desde el año 500 A.C.

Habitantes de Tlaxcalancingo, Santa María Zacatepec, Nealtican, Cacalotepec, Ocoyucan, Malacatepec, Acuexcomac, San Pedro y San Andrés Cholula señalaron que sus pueblos no sólo han perdido territorio y disponibilidad de agua, sino que han sido contaminados por el basurero intermunicipal, padecen incremento en servicios e impuestos y ven amenazada su forma de vida, identidad, cultura y lengua.

En tanto que Grupo Proyecta, propiedad de los hermanos Posadas Cueto y de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, se ha extendido por cientos de hectáreas con clúster de fraccionamientos e intensifica sus planes para seguir expandiéndose sobre sus tierras.

 “Por más 30 años Grupo Proyecta se ha enriquecido de manera abusiva despojando a los pueblos originarios de la región cholulteca de la tierra, el agua y el derecho a un medio ambiente sano con la construcción de miles de residencias y edificios que le han hecho ganar millones de dólares, desapareciendo territorios y caminos ancestrales de los pueblos originarios y con ello su forma de vida”, denunciaron.

Agregaron que estas formas de despojo no sólo han sido por parte de este grupo empresarial, que se ha sido favorecido por todos los gobiernos sin importar partidos, sino también por la autoridad estatal y de los municipios de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan y por otros fraccionadores.

El llamado Cártel Inmobiliario de Puebla, denunciaron, ha recurrido a la expropiación, a la compra forzada, al encarecimiento de impuestos, la ocupación ilegal de terrenos, a juicios amañados, a cerrar caminos y acceso a predios que quedan dentro de los clústers, al uso de la fuerza pública y privada, a corromper autoridades y a dividir a los pobladores.  

Organizaciones y habitantes elaboraron un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y un documento llamado “Estrategias de Planeación Territorial y Protección de los Pueblos Originarios”, este último dictaminado como viable por parte de académicos de la Ibero Puebla, de la BUAP y de la Udlap.

En estas estrategias, plantean diversas medidas entre ellas marcar polígonos de protección -no sujetas a venta- para que los pueblos sigan prevaleciendo como unidades comunitarias.

Los participantes en el cierre carretero aseguraron que existe un acuerdo con el Ayuntamiento de San Andrés y el gobierno estatal para que sus propuestas sean incluidas en el Programa de Desarrollo Urbano, pero hasta ahora esto no se ha cumplido.

Expusieron que si bien el gobernador Alejandro Armenta ha hecho críticas públicas contra Grupo Proyecta al señalar que compraron a los campesinos sus tierras por pocos pesos y después las vendeb en dólares, en la práctica sigue favoreciendo a ese grupo empresarial, pues promovió que se cambie la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, lo cual les permitirá incrementar plusvalía de sus desarrollos.  

Hasta la tarde de este jueves, los probladores mantenían en el cierre de la carretera en espera de que la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, así como representantes del gobierno estatal, acudan a San Bernardino Tlaxcalancingo a establecer una mesa de diálogo en la que se acuerde la inclusión de las estrategias en el Programa de Desarrollo Urbano.  

En esta manifestación participan organizaciones como el Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, Cholultecas Unidxs en Resistencia, el Comité en defensa del Agua de Santa María Acuexcomac, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en defensa del agua y el Congreso Nacional Indigena.

Preso político

En entrevista telefónica desde el penal de San Miguel, Emiliano Zambrano, líder del Campamento de Resistencia en Defensa de la Tierra y el Agua de Malacatepec, demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta, poner atención a su caso al asegurar que es un “preso político” al que le fabricaron una denuncia por órdenes de Grupo Proyecta.

Zambrano, un hombre indígena de 58 años de edad, es líder de pobladores que mantienen desde hace nueve años un campamento que han impedido la expansión de Grupo Proyecta sobre más de 245 hectáreas que abarcan los cerros de La Sombra y el Pando.

El activista explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha aprobado el proyecto de ese grupo inmobiliario llamado City Lomas, porque incluye terrenos de las reservas estatales el Tentzo y Valsequillo.

No obstante, refirió que hace días trabajadores de esa empresa derribaron “casitas” construidas en el campamento, y ya antes los han amedrentado e incluso atacado a balazos.

Emiliano explicó que fue acusado por una de sus vecinas de violación, pero aseguró que el caso fue fabricado para sacarlo de la lucha y que ya en prisión, representantes de la inmobiliaria y del gobierno lo han amenazado con mantenerlo encarcelado, si continúa la resistencia.

También, acusó que el grupo empresarial ha usado su poder económico para “sobornar” a integrantes del movimiento para que se retiren del campamento y traicionen la defensa del territorio.  

“Estoy indefenso en la cárcel”, expresó, “les pido a las autoridades estatales y federales que me pongan mucha atención, que me apoyen, que nos defiendan, dicen que primero los pobres y le están dando preferencia a los ricos, ya estamos cansados de los abusos de Grupo Proyecta y la autoridad no hace nada”.

Cabe señalar que las organizaciones cholultecas han demandado la libertad de Zambrano, al sostener que las acusaciones en su contra fueron fabricadas y que el fondo es desarticular la resistencia contra el desarrollo inmobiliario.

Con información de proceso.com.mx