“La justicia estará vinculada a redes políticas y generará más impunidad”, académico del Colmex

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La elección judicial por voto popular generará aún más impunidad en los casos que involucren delitos violentos, como homicidio, extorsión, secuestro, desaparición y lesiones dolosas, asegura Rodrigo Peña González, director del Seminario de Violencia y Paz, del Colegio de México (Colmex).

A pocos días de que se lleve a cabo por primera vez el proceso para elegir a juzgadores del Poder Judicial, Peña advierte que esto representa una amenaza para la ya frágil estructura de justicia del país, pues lejos de fortalecer la rendición de cuentas puede consolidar redes de impunidad alimentadas por intereses políticos y criminales. Ya existen candidaturas señaladas por vínculos con el crimen organizado, abusos sexuales, desapariciones forzadas y corrupción, lo que anticipa un panorama crítico para la autonomía judicial.

La posible vinculación de jueces con actores locales de poder –muchos de ellos relacionados con dinámicas ilícitas– compromete los mecanismos institucionales de control y abre paso a una justicia condicionada. En este nuevo escenario, los operadores judiciales ignorarían principios legales para responder a lógicas electorales, con consecuencias directas en la atención a delitos violentos y en el lugar que ocupan las víctimas dentro del sistema.

En entrevista con Proceso, Peña, sociólogo especializado en gobernanza criminal, señala que la cultura de la denuncia es casi inexistente en el país, además de la existencia de una “brutal” deficiencia en el procesamiento para la resolución de casos. Con la elección judicial esas características del sistema de justicia mexicano se agudizarán y las víctimas directas e indirectas de delitos violentos se enfrentarán a funcionarios mucho más incompetentes, así como a un sistema apresurado y más preocupado por las dinámicas electorales que por impartir justicia: “Una sociedad que no tiene mecanismos de procesamiento de sus dolores, de sus tragedias, es una sociedad que difícilmente se reconcilia consigo misma y tiende a generar formas abruptas de polarización, de odio y también genera más dolor, más víctimas, más casos de violencia brutal”.

Problema añejo

Rodrigo Peña reconoce que hablar en este momento de las repercusiones que tendrá la próxima elección sólo puede ser especulativo; sin embargo, afirma que es posible comenzar a vislumbrar algunas problemáticas vinculadas con la impartición de justicia sobre delitos violentos: “Una de ellas tiene que ver con la politización de los casos, vinculada a la politización propia de los jueces y de los mecanismos que van a utilizar el personal judicial para llegar a sus cargos”.

Remarca, “de por sí”, que el problema de la judicialización de la vida pública en México es “añejo”. Para sustentar su opinión se refiere a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, la cual indica que la cifra negra corresponde al 92.9% de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

También ejemplifica con la impartición de la justicia en casos de desaparición, en donde asegura que es claro el involucramiento del campo político con el criminal: “Si esto ya ocurre en estas condiciones prevemos que con la reforma y con la elección judicial efectivamente esto se va a intensificar, va a ser mucho más problemático, porque entonces el personal judicial va a tener que estar también preocupándose por la dimensión política de los casos que les toca llevar”.

Gobernanza criminal

Al comprometerse la independencia judicial, los acercamientos que tengan las víctimas con las autoridades van a estar de antemano condicionados a intereses políticos de diversa índole, detalla el investigador.

“Lo que vamos a ver, no solamente en esta elección, sino en general después de la elección, son casos de jueces que están vinculados a dinámicas de interés, generalmente redes políticas locales”, afirma e inmediatamente apunta que esas redes de poder están frecuentemente relacionadas con temas de impunidad, corrupción o incluso crimen organizado.

En la medida en la que se desvinculan los procesos institucionales para que los jueces, magistrados y ministros ocupen los cargos que tienen, dejamos de tener esos controles institucionales y le damos mucho más peso o posibilidad a que estas redes locales e intereses políticos sean las que vayan determinando quién ocupa esos cargos, aclara.

Al hablar sobre lo anterior, Rodrigo Peña entra a su campo de expertise, la gobernanza criminal, que plantea la posibilidad de que el ejercicio gubernamental no sólo está en manos de funcionarios públicos, sino que también puede haber grupos criminales e intereses involucrados.

Con la elección al Poder Judicial, los impartidores de justicia se convertirán en un actor más dentro del juego, lo cual propicia que estas redes criminales se articulen de distintas maneras con las autoridades locales: “Ya sabemos que eso ocurre en las elecciones, por ejemplo, de regidores, de presidentes municipales, e incluso de gobernadores en escalas más amplias, aunque son más contados los casos. ¿Por qué no pasaría en la elección judicial?”.

Ya hay documentación de lo que señala el académico; la organización Defensorxs, que se dedica al litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos, lanzó una plataforma en la que exhibe a los candidatos que son de riesgo por distintos motivos como lazos con el narcotráfico, abuso sexual, abuso laboral, desaparición forzada, incluso por sentencias de delitos graves y corrupción relacionada con la Iglesia La Luz del Mundo.

Por poner un ejemplo, entre ellos hay perfiles como el del candidato a juez de distrito en Materia Penal (Nuevo León), Fernando Escamilla Villarreal, cuyo perfil en la página mencionada lo describe así: “Fue sentenciado por portación de arma sin licencia y actualmente defiende a presuntos narcotraficantes pertenecientes al Cártel de los Zetas”.

También mencionan a Luis Castañeda Palacios, quien compite para juez de distrito (federal) en materia Laboral en la Ciudad de México y es señalado en denuncias por actos de abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres.

No sólo son esos antecedentes, además existen características que dotan de credibilidad a la “especulación” de gobernanza criminal que plantea Rodrigo Peña, como lo son los términos logísticos de la elección, así como también temas procesales: “Es una oportunidad fantástica para que crezca la gobernanza criminal”.

La prueba final de su hipótesis la encontrará en el comportamiento y el ritmo de los delitos violentos que ocurran en los espacios donde hubo transición de funcionarios: “Nos va a dar la pauta de cómo se reacomodarán los intereses políticos (...) la violencia es una especie de indicador de transformaciones políticas, en donde ahora los jueces también van a ser parte de esa dinámica”.

Sostiene una postura firme ante el próximo 1 de junio: “La elección judicial sí tiene perspectivas a mover más impunidad, en la medida en la que el sistema se va a ser todavía más ineficiente, más lento, más condicionado a factores no necesariamente legales o judiciales”.

Tiempos electorales y calificación

El experto es claro; los tiempos electorales serán un factor importante y ejercerán de ahora en adelante un papel en la impartición de justicia, la entorpecerán, pues los jueces no solamente estarán sujetos a condicionar su acción a sus casos, sino también a las elecciones: “Y en la que sigue, y en la que sigue (...) lo vemos con cargos de elección popular, no solamente en México, en el mundo, quienes llegan a esos cargos tienen unos años en donde hacen su ejercicio político y después empiezan a preocuparse y a ocuparse de la siguiente elección, por razones de reelección, por razones de intereses políticos”.

Otro factor a tomar en cuenta, según recomienda el especialista, es la manera en la que garantizamos que los jueces no incorporen en su impartición de justicia los cálculos para llegar bien posicionados a la próxima elección: “La reforma no contempla estas formas de independencia judicial más allá de la contingencia y en realidad a las condiciones del caso, a que terminen haciendo evaluaciones personales caso por caso, y es sobre una complejidad que no podemos descifrar en este momento”.

¿Dónde están las víctimas?

Al hablar de la impartición de justicia sobre la comisión de delitos violentos, es fundamental tomar en cuenta el papel de las víctimas, así lo reconoce el investigador del Colmex.

—¿Por qué si la elección va a tener un impacto en la judicialización de los delitos violentos no hay víctimas o víctimas indirectas pronunciándose sobre ello?

—Yo creo que tiene que ver con la de por sí desilusionada percepción que existe del actual Poder Judicial, incluso antes de la elección. De por sí ya el asunto de la justicia en México es una expectativa defraudada, ni se diga en general, pero para las víctimas en particular lo ven de primera mano. Es razonable pensar que no tienen mayores expectativas —responde el entrevistado.

Peña menciona que el Poder Judicial es una institución que la ciudadanía percibe como lejana, fuera del entorno de la posibilidad de resolución. Aunado a eso, comparte que no se está poniendo suficiente atención a los temas de criminalidad, violencia vinculada a la criminalidad y desapariciones: “Si no observamos paso a paso después de la elección, nos puede reventar en la cara, porque dejamos de contar con mecanismos para procesar”.

Con información de proceso.com.mx