México se ha consolidado como el país con mayor consumo per cápita de refrescos a nivel mundial. De acuerdo con cifras de Euromonitor, en promedio cada mexicano consume 163 litros anuales de refresco, lo que representa un 40% más que Estados Unidos (118 litros por persona) y supera en más de seis veces el promedio global.
El caso más extremo es Chiapas, donde el consumo per cápita anual alcanza los 821.25 litros, según cifras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Esto equivale a más de dos litros diarios por habitante, una cifra sin precedentes a nivel global. Esta situación se agrava en comunidades como San Juan Chamula y zonas rurales de Los Altos de Chiapas, donde el refresco ha reemplazado al agua potable como bebida cotidiana, en parte por la escasez del servicio público y por la profunda inserción cultural del producto.
Aunque no existen estadísticas oficiales detalladas por cada estado en años recientes, especialistas en salud pública y académicos han identificado a las siguientes entidades como las que presentan los niveles más altos de consumo de refrescos en el país, con base en datos epidemiológicos, estudios de mercado, prevalencia de enfermedades asociadas y distribución de la industria refresquera:
Estas cifras, salvo el caso de Chiapas, son con base en los análisis de tendencias regionales, consumo declarado en encuestas de salud y comportamiento del mercado. Los estados del sur y sureste presentan consistentemente los mayores índices de consumo, lo que se relaciona con condiciones socioeconómicas, falta de acceso a agua potable, clima cálido y una intensa presencia comercial de marcas refresqueras.
El contraste es notorio si se compara con entidades del norte o centro del país donde, aunque el consumo sigue siendo alto, no alcanza los niveles extremos observados en el sur.
Además de los factores estructurales, se suman elementos culturales: en muchos hogares el refresco es parte habitual de la dieta diaria, e incluso se utiliza en ceremonias religiosas o como sustituto del desayuno. Esta “normalización” del refresco ha generado un entorno de consumo difícil de revertir, a pesar de las advertencias sobre su impacto en la salud.
La combinación de falta de agua segura, precios accesibles del refresco, y una tradición publicitaria muy consolidada hace que estos estados sean los más vulnerables al consumo excesivo de bebidas azucaradas.
En zonas marginadas, el agua potable no está garantizada, y comprar un refresco embotellado en la tienda de la esquina es más fácil –y a veces más barato– que obtener agua purificada. Un litro de refresco puede costar entre 10 y 13 pesos, mientras que una botella de 1.5 litros de agua embotellada puede costar hasta 15 pesos. Esta realidad es especialmente crítica en estados del sur como Chiapas, donde se reportan cortes frecuentes de agua, pero donde los refrescos están disponible incluso en las comunidades más apartadas gracias a una poderosa red de distribución.
Cabe subrayar que en algunos casos, incluso de espiritualidad es parte del consumo, ejemplo; San Juan Chamula, donde la Coca-Cola se usa en rituales religiosos para expulsar malos espíritus. La nutricionista Yeni Zetina explicó que “el refresco ha dejado de ser una bebida ocasional: se ha vuelto un alimento cotidiano, presente incluso en desayunos”.
El refresco se vende en presentaciones grandes, familiares, que permiten a los hogares comprar más volumen por menos dinero. Una botella de 3 litros puede costar 35 pesos, lo que equivale a unos 11 pesos por litro, precio similar al de garrafones de agua purificada, pero con un valor percibido más alto por su sabor o efecto saciante.
Ningún otro lugar en el mundo consume tanto refresco como Chiapas. Las cifras oficiales reportan que un habitante promedio consume más de 800 litros de refresco al año. En comunidades como San Juan Chamula o San Cristóbal de las Casas, el agua potable es escasa, pero el refresco llega a diario.
Este fenómeno tiene consecuencias graves: la diabetes es ya la principal causa de muerte en el estado, y los médicos locales reportan un aumento significativo en amputaciones, insuficiencia renal y otras complicaciones derivadas del exceso de azúcar.
El consumo excesivo de bebidas azucaradas ha detonado una epidemia de enfermedades crónicas. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 73% de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad, y cerca del 14% de la población adulta vive con diabetes tipo 2.
Además, más del 35% de los adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, alimentados por un entorno en el que los refrescos están disponibles, son baratos, y forman parte del día a día. Según la Secretaría de Salud, el 7% de todas las muertes en México se pueden atribuir directamente al consumo de bebidas azucaradas, que contribuyen a la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Ante este panorama, el gobierno ha intentado revertir la tendencia a través de distintas estrategias. Algunas han tenido resultados mixtos:
Desde 2014, México aplica un impuesto de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas (IEPS). Este fue uno de los primeros impuestos de su tipo en América Latina. Estudios iniciales señalaron que el consumo disminuyó hasta 7.5% en los primeros dos años, especialmente en hogares de bajos ingresos.
Sin embargo, análisis posteriores del Colegio de México indican que la reducción per cápita real fue de apenas 5.4 mililitros por día, es decir, el impacto fue limitado. La medida sí generó ingresos: más de $37 mil millones de pesos recaudados entre 2014 y 2016, parte de los cuales se destinaron a infraestructura de agua potable y programas de salud.
Desde octubre de 2020, los refrescos y productos con alto contenido calórico o de azúcar deben portar sellos de advertencia negros que indican “Exceso de Azúcar”, “Exceso de Calorías”, entre otros. Esta medida ha tenido mejor recepción entre consumidores, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, un número creciente de personas ha comenzado a leer etiquetas antes de comprar.
Además, las empresas han comenzado a reformular sus productos: más del 8% de las bebidas azucaradas han reducido su contenido de azúcar lo suficiente como para evitar los sellos, lo que indica un posible cambio estructural en la industria.
A partir de 2025, la Secretaría de Educación Pública implementó una medida que prohíbe la venta de refrescos y “comida chatarra” en escuelas públicas, como parte del programa nacional “Vida saludable en las escuelas”. Esta disposición busca reducir la exposición temprana de niños y adolescentes a estos productos. Oaxaca y Tabasco ya habían aprobado legislaciones similares a nivel estatal desde 2020.
A pesar de los esfuerzos, los resultados aún son limitados. Las enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos continúan creciendo y las campañas de salud pública enfrentan el peso cultural, económico y simbólico que tiene el refresco en muchas regiones.
Expertos en salud recomiendan:
El consumo de refrescos en México es un problema estructural, que combina pobreza, falta de infraestructura, poder de mercado y costumbres culturales profundamente arraigadas. Las medidas implementadas por el gobierno han tenido cierto impacto, pero todavía no logran desincentivar el consumo de manera contundente.
Con información de El Economista.