Nueva SCJN perfila para ser guinda

Ciudad de México, 04/06/25 (Más).- La nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila una mayoría afín al partido oficialista Morena, resultado de las elecciones judiciales realizadas el domingo pasado, en las que se eligieron nueve integrantes del máximo tribunal del país.

Esta reconfiguración podría consolidar el control del gobierno sobre los tres poderes del Estado, según alertaron diversos analistas y críticos de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

El proceso electoral, marcado por una participación del 13% del electorado, introdujo una modalidad inédita en México y en el mundo: la elección directa de jueces, magistrados y ministros por parte de la ciudadanía.

En total, se eligieron 2,681 cargos judiciales a nivel nacional, estatal y local. La mayoría de las personas electas han sido identificadas como cercanas a Morena o fueron previamente respaldadas por el expresidente López Obrador.

Con casi el total de los votos computados, los resultados indican que figuras cercanas a la administración actual encabezarán el nuevo órgano judicial. Entre ellas destacan Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes formaban parte del pleno anterior y fueron candidatas en este proceso. La mayoría de los ministros designados por gobiernos anteriores optaron por renunciar al cargo y no participar en la elección, en desacuerdo con la reforma que alteró las reglas del Poder Judicial.

El argumento oficial para impulsar la reforma ha sido combatir la corrupción y ampliar el acceso a la justicia. “Parece que el tribunal que se va a formar es uno que López Obrador siempre soñó tener cuando era presidente”, afirmó Laurence Pantin, cocoordinador del Observatorio de Justicia del Tec de Monterrey y director de la organización Juicio Justo. “El objetivo, para ser claros, era tener un Poder Judicial sumiso al Poder Ejecutivo”, añadió.

Durante su gestión de 2018 a 2024, López Obrador enfrentó múltiples decisiones adversas de la Corte, que limitaron su margen de maniobra en temas clave como la militarización de la Guardia Nacional y las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE).

Gustavo Flores-Macías, profesor de políticas públicas en la Universidad de Cornell, señaló que el nuevo diseño judicial podría facilitar la implementación de proyectos del Ejecutivo sin contrapesos. “Es muy difícil imaginar que la Corte Suprema sirva como contrapeso a estas políticas que el presidente buscará avanzar, especialmente con una mayoría en el Congreso”, dijo.

Claudia Sheinbaum ha defendido el proceso y lo ha presentado como un avance democrático. Durante las semanas previas a la elección, promovió la participación ciudadana y argumentó que se trataba de una forma de que jueces y magistrados rindieran cuentas al pueblo. No obstante, la baja participación y las condiciones restrictivas de campaña –que prohibieron a los candidatos recibir recursos o hacer proselitismo– han sido objeto de impugnaciones por parte de la oposición.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitó la anulación del proceso, al calificarlo como una “farsa” y advertir que podría conducir a “un gobierno autoritario, una dictadura”.

El PRI y otros partidos opositores cuestionaron la legitimidad del nuevo tribunal, señalando que el proceso electoral careció de transparencia y representatividad.

La integración del nuevo tribunal ha suscitado preocupación por su posible alineación automática con los intereses del Ejecutivo. A la par, algunos analistas identifican posibles efectos positivos, como el aumento en la diversidad del pleno.

Uno de los candidatos más votados fue Hugo Aguilar, defensor de los derechos indígenas, quien ha sido propuesto para encabezar el nuevo tribunal. “Podría tener un aspecto positivo porque no había mucha diversidad dentro de la Corte y no había habido nadie de origen indígena en ella en los últimos años”, dijo Pantin.

La reforma ha sido considerada por sus promotores como una medida correctiva frente a un sistema judicial marcado por la impunidad, la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, sus detractores la interpretan como un avance autoritario que debilita los equilibrios institucionales. El hecho de que Morena controle la Presidencia, el Congreso y, ahora, la SCJN, plantea un escenario en el que los contrapesos tradicionales podrían perder eficacia.

El control judicial también tendría implicaciones internacionales. Según observadores, un Poder Judicial unipartidista podría facilitar la omisión de compromisos ambientales y de protección a inversionistas establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en sectores como el energético.

La elección del nuevo tribunal marca el inicio de una nueva etapa política en México. Aunque Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la democracia, la concentración de poder en una sola fuerza política ha generado cuestionamientos sobre el futuro de la institucionalidad democrática del país. En 2027 se espera una segunda elección judicial para completar la renovación del sistema, lo que podría profundizar el nuevo modelo político-judicial delineado por la actual administración.