SRE rechaza la decisión de la Suprema Corte de EU sobre demanda contra fabricantes de armas

El Gobierno mexicano rechazó el jueves la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos contra una demanda presentada por el país latinoamericano dirigida a fabricantes de armas estadounidenses, a las que había acusado de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de alimentar la violencia armada en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó en un comunicado su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte estadounidense y aseguró que “continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”.

Para la SRE, México presentó argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país.

Este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda por 10,000 millones de dólares del gobierno mexicano que acusa a fabricantes estadounidenses de armas de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga en su territorio.

En un fallo unánime, el máximo tribunal declaró que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) exime de responsabilidad a los fabricantes de armas por el uso indebido de sus productos.

La cancillería reiteró que seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos criminales que “atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”.

La SRE detalló que la decisión de la Suprema Corte estadounidense no afecta el curso de la segunda demanda presentada en 2022 por México en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas.

Presiones contra la venta ilegal de armas

El caso se remonta a 2021. México, bajo creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el narcotráfico, acusa a los fabricantes de armamento de ser cómplices de la venta ilegal de armas. En su opinión están al corriente de que algunos de sus productos se venden ilegalmente a los cárteles de la droga.

Y es que a pesar de que México controla la venta de armas de fuego hasta el punto de que es prácticamente imposible obtenerlas legalmente, entre el 70% y el 90% de las recuperadas en escenas de crímenes proceden de Estados Unidos.

Según datos oficiales, la violencia vinculada al narcotráfico ha causado la muerte de más de 480,000 personas en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatirlo en 2006.

Un juez federal desestimó el caso en 2022 por considerar que la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005, protege a los fabricantes de armas, pero un tribunal de apelaciones lo resucitó alegando que existe una excepción a la ley.

El fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Interstate Arms solicitaron amparo a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que les dio la razón.

"La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos", afirma la magistrada Elena Kagan.

Durante los alegatos, Catherine Stetson, representante del Gobierno mexicano, dijo a la Corte Suprema que 600,000 armas estadounidenses son traficadas ilegalmente a México cada año y que algunas empresas están incluso "diseñando ciertas armas" para "el mercado mexicano", con nombres en español como "El Jefe".

La sentencia de la Corte Suprema sienta jurisprudencia, es decir establece un precedente legal.

El fallo judicial llega en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, país al que Trump acusa de no implicarse lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo.

Con información de El Economista.