Investigan a fiscales y agentes de Tamaulipas por irregularidades en casos de secuestro y desaparición

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) investiga a diez servidores públicos, entre agentes del ministerio público y policías investigadores, por presuntas irregularidades cometidas entre 2020 y 2023, en el manejo de carpetas por delitos de alto impacto como secuestro y desaparición forzada.

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, se han iniciado 21 procedimientos administrativos en contra de seis fiscales y cuatro policías asignados a unidades de investigación en Nuevo Laredo, Reynosa, El Mante, Ciudad Victoria y Tampico.

Estas acciones se derivan de omisiones graves y faltas al protocolo, que afectaron directamente los derechos de las víctimas y sus familias.

“La FGJT emitió las notificaciones para que todos ellos estén enterados de los procedimientos en su contra y ejerzan su derecho a defenderse, antes de deslindar responsabilidades administrativas”, se informó oficialmente.

Fiscales con omisiones en casos sensibles

Una de las agentes con más expedientes en su contra es Alma “O”, quien en su función como fiscal antisecuestro en Reynosa acumuló los procedimientos 248/2020, 654/2021, 445/2021, y sus acumulados 487/2021, 505/2021, 526/2021 y 530/2021. Se le señala por no aportar datos de la víctima en cautiverio, no solicitar fotografías para búsqueda en hospitales, ni recabar muestras de ADN a familiares para comparación con cuerpos no identificados.

“Se ausentó casi un mes de sus labores de abril a junio de 2021”, apunta el expediente.

Otro caso es el de Edwing “A”, fiscal especializado en desaparición forzada en Nuevo Laredo, bajo los procedimientos 51/2021 y 98/2021.

“No aplicó los medios de apremio cuando no se atendieron sus solicitudes de fotografía y químico forense”, ni solicitó búsqueda en hospitales, clínicas o centros de internamiento, ni colaboración interestatal, refiere el expediente.

Además, se le señala por no aplicar el protocolo de personas no localizadas, no solicitar huellas dactilares ni muestras hemáticas, y no generar confrontas genéticas con la base de datos pericial.

Irregularidades en la capital y sur de Tamaulipas

En Ciudad Victoria, Pedro “R” tiene abierto el expediente 285/2020, por omitir requerir el cumplimiento de una orden de investigación en su papel como fiscal del Sistema Penal Acusatorio y Oral.

Mientras tanto, en Tampico, Guadalupe “P”, auxiliar de la Unidad General de Investigación, enfrenta el procedimiento 348/2020 por no vigilar el desempeño del actuario ministerial.

En Reynosa, el agente José “E” acumula los procedimientos 429/2021 y 448/2021, por no solicitar el complemento de una investigación, no presentar a una víctima menor de edad, ni pedir dictamen médico de lesiones. También dejó una carpeta inactiva por más de tres meses y dilató otros casos hasta por ocho meses.

A su vez, Juan “F”, fiscal antisecuestro en Reynosa, enfrenta el procedimiento 572/2021, por no iniciar una carpeta que le fue remitida por la Fiscalía General.

 

Policías investigadores señalados por negligencia

Entre los cuatro policías bajo investigación, José “R” figura en el procedimiento 075/2023 por no rendir un informe.

Brenda “E”, en el 118/2023, presentó el mismo informe de forma deficiente.

Carlos “S” está incluido en el expediente 336/2020, por no ejecutar un mandamiento ministerial, y Fidel “R” aparece en tres procedimientos: 178/2020, 414/2020 y 430/2020, por haberse ausentado sin justificación, incumplir un servicio asignado y no entregar armamento y equipo.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han denunciado en diversas ocasiones la inacción, dilación y falta de sensibilidad de autoridades encargadas de investigar desapariciones en Tamaulipas, uno de los estados con mayor número de personas no localizadas del país.

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al cierre de 2024, Tamaulipas acumulaba más de 12 mil casos activos, cifra que coloca a la entidad entre las primeras cinco a nivel nacional.

Estas investigaciones internas en la fiscalía podrían representar un punto de inflexión, siempre que las sanciones administrativas sean aplicadas de forma efectiva y sirvan como ejemplo para recuperar la confianza ciudadana.

 

 

Esta nota se publicó originalmente en Elefante Blanco.

 

 

 

 

Con información de: Animal político.

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