Aplicarán ocho años de cárcel a “montachoques” en vías federales

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) presentó una iniciativa que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal para castigar con cárcel de dos a ocho años, y de cuarenta a ciento sesenta días multa, al que realice algún acto premeditado para obtener el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito vial en caminos del ámbito federal.

Con esta iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se busca fortalecer el marco normativo a fin de sancionar este ilícito, ya que la legislación vigente no ha sido suficiente para detenerlo y refleja un compromiso serio para abordarlo de manera efectiva.

Explica que en los últimos años ha cobrado relevancia la actividad de los llamados “montachoques”, en la que delincuentes provocan un accidente vial para extorsionar a las víctimas y exigir un pago por los daños aparentemente ocasionados o la resolución del supuesto percance. Todo ello, mediante intimidación, amenazas y violencia física directa, para coaccionar a la víctima y que entregue una suma considerable de dinero.

Argumenta que la magnitud de este delito ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones del país, donde los grupos delictivos han logrado consolidar esta práctica ilícita como una fuente constante de ingresos, a menudo operando con total impunidad debido a la falta de mecanismos efectivos para su prevención y sanción.

Es imprescindible, señala, que las leyes se adapten a las nuevas realidades digitales y que los mecanismos de protección, prevención y sanción sean más eficaces, por lo que se requieren reformas legales que contemplen la extorsión en sus diversas modalidades, para dar una respuesta contundente y apropiada y, con ello, proteger a las personas.

Añade que, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en este ilícito la impunidad está presente casi en el 100 por ciento de los casos, por la ausencia de estrategias diferenciadas para cada modalidad del delito, la falta de compromiso de autoridades, dificultades en los procesos de denuncia y una pobre respuesta institucional, aunado al nulo interés de las víctimas por presentar cargos.