Exagente del MP denunciada por tortura y abuso sexual es la candidata a jueza penal con más votos en CDMX

Tras ser denunciada por presuntos actos de tortura, abuso sexual y extorsión, Carmen Alejandra Lozano Maya dejó en 2020 el cargo de agente del Ministerio Público que ocupó durante aproximadamente dos décadas en el Estado de México. Cinco años después, figura como la candidata con mayor número de votos para ocupar una jueza penal en la Ciudad de México, según los resultados de la elección judicial celebrada el 1 de junio.

Según el resolutivo del “procedimiento de presunta responsabilidad administrativa” emitido por la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México, el 17 de enero de 2019, la entonces agente del Ministerio Público, Carmen Alejandra Lozano Maya, encabezó un operativo de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Héroes Tecámac, en el que participaron al menos 25 funcionarios ministeriales con el rostro cubierto.

Durante el operativo, los funcionarios ministeriales, bajo la dirección de la agente Lozando Maya, ingresaron a un inmueble distinto al señalado en la orden de cateo. En ese lugar, una mujer y su hija menor de edad denunciaron haber sido privadas de la libertad, golpeadas, tiradas al piso y esposadas. Luego, a la madre de familia le colocaron un pie sobre la cabeza y el cuello, para inmovilizarla, mientras que a la menor de edad le revisaron su cuerpo, incluyendo sus partes intimas, y “la persona que la revisó no era del mismo sexo”.

Según la denuncia de las víctimas, en el momento en que estos abusos sexuales y de tortura eran perpetrados por agentes ministeriales hombres, “la menor de edad citada le indicaba a la mencionada Agente del Ministerio Publico (Carmen Alejandra Lozano Maya, a cargo del operativo) que era menor de edad, a lo que le contestaba que le valía madres”. 

En la denuncia presentada por la familia se señala que, durante el operativo, al domicilio llegó el segundo hijo de la mujer, quien también era menor de edad al momento de los hechos. Según el testimonio, fue inmovilizado y sometido a agresiones físicas.

 “No se omite señalar –se enfatiza– que dichos servidores públicos pidieron la cantidad de 150 mil pesos para que no siguieran torturando al hijo de la denunciante”, se lee en la denuncia.

Al no contar con la cantidad solicitada, los dos menores fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Los Héroes Tecámac, mientras que su madre fue liberada con el propósito de que reuniera el dinero exigido.

“No sabía a dónde acudir –señala la madre, víctima de los abusos, en el documento de denuncia que presentó en 2019–, y cuando creí que una autoridad me ayudaría, terminó pidiéndome dinero para liberar a mis hijos, que ni siquiera habían cometido un delito”.

Según la denuncia, ya en la agencia del MP, Carmen Alejandra Lozano Maya fue la encargada de reiterar a la madre de familia que “si quiere ver a sus hijos libres, tiene que entregar 150 mil pesos”. Mientras tanto, sus hijos permanecerían detenidos, como garantía del pago.

“Me dijo ‘que se junte ciento cincuenta varos, y ya ahorita se los lleva, si no, se van a chingar a Toluca –se lee en el documento–… Yo le dije que sólo tenía setenta y cinco mil pesos, me dijo; ‘vete a juntar la lana, mejor’.”

Hacia las 23:00 horas, tras obtener el dinero, los familiares de los dos menores retenidos lo entregaron a un funcionario identificado por ellos como el superior jerárquico de la agente Lozano Maya. “Fue ahí cuando mi [familiar] le entregó el dinero en su mano”, relató la madre.

Tras la entrega del efectivo, los menores fueron liberados sin cargos.

Aunque la denuncia de esta familia incluía actos delictivos, como abuso sexual, tortura y extorsión, la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía del Estado de México decidió iniciar una indagatoria en contra de los agentes señalados sólo por el delito de “cohecho”, que cometen los funcionarios públicos cuando reciben dinero o beneficios por parte de terceros, para desempeñen su labor de forma sesgada.

Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México desechó el expediente, al considerar que las víctimas no contaban con videos o fotografías de los hechos denunciados y, por lo tanto, no existían pruebas contra los funcionarios ministeriales acusados.

Carmen Alejandra Lozano Maya, avalada por el Gobierno de CDMX

Un año después de las agresiones reportadas por esta familia de Tecámac, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya fue nuevamente denunciada por abusos y actos de corrupción, esta vez por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, integrado por familiares de personas que han sido víctimas de fabricación de delitos, durante un foro legislativo realizado en 2020.

Ahí, Jolman Cázares González, representante de la organización de familias, narró el caso de su tío, también víctima de detención arbitraria y tortura. “Esa carpeta de investigación fue iniciada por Carmen Alejandra Lozano Maya, quien, a pesar de haber sido detenida en febrero por denuncias de extorsión, sigue ejerciendo como servidora pública”, afirmó frente a las comisiones legislativas.

En este caso, la víctima fue acusada de robo por la agente Lozano Maya, quien presuntamente colocó mariguana y objetos supuestamente robados para justificar la detención. Además, según el testimonio del afectado, fue torturado para firmar una confesión, y su vehículo fue robado por los agentes involucrados.

En marzo de 2020, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistió de la acusación en contra de la víctima, luego que se determinara que no existían elementos suficientes para procesarla. Para tratar de evitar una sanción, los agentes involucrados ofrecieron devolver el vehículo que robaron.

Durante este foro legislativo, el colectivo Presunción de Inocencia señaló que, a raíz de estos hechos, se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas,”ya que se comprobó que dicha carpeta fue fabricada por la agente del Ministerio Público Carmen Alejandra Lozano Maya“. Pese a ello, no recibió ninguna sanción.

A raíz de estas denuncias, la agente Carmen Alejandra Lozano Maya dejó su cargo y se dedicó, tal como señala su currículum, a la práctica privada de la abogacía y, tras la reforma judicial aprobada en 2024, solicitó su registro como candidata al cargo de juez penal de primera instancia, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Pese a su historial, la solicitud de candidatura de Carmen Alejandra Lozano Maya fue avalada por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo de la capital del país, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada (del partido Morena), y así logró ser postulada al cargo de jueza penal por el segundo distrito judicial-electoral de la Ciudad de México, que abarca una parte de la alcaldía Gustavo A. Madero y otra parte de la alcaldía Cuauhtémoc.

En la jornada electoral del pasado 1 de junio, en la que se eligieron jueces y magistrados federales y locales, Carmen Alejandra Lozano Maya obtuvo 44 mil 382 votos, lo que la convierte en la candidata a jueza penal con más sufragios en su favor, incluso por encima del candidato varón con más sufragios (Carlos Alfredo Zetina Cornejo, que acumuló 42 mil 779 votos).

Esta elección se realizó para seleccionar a quienes ocuparán 12 plazas de juez penal del sistema de justicia de la Ciudad de México, seis personas elegidas deben ser hombres y seis mujeres. Tal como establece la reforma legal en la materia, los y las candidatas que hayan obtenido mayor votación, tomarán protesta de esos cargos el próximo 1 de septiembre de 2025.

Con información de Político.mx