Grupo de la ONU pide a México liberar e indemnizar a cinco activistas indígenas en Chiapas; los condenaron a 25 años de prisión
EFE.- La detención y posterior condena a 25 años de prisión a cinco activistas indígenas en Chiapas violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser "liberados" e "indemnizados", dictaminó el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la detención arbitraria de los hombres.
Según reportes, habrían sido detenidos de manera injustificada por el homicidio de un hombre, que al no poder pagar el "acceso" al municipio de San Juan Cancuc, fue "brutalmente" golpeado, por lo que murió.
La decisión del grupo de expertos, adoptada el pasado 4 de abril, pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de los cinco activistas indígenas: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para remediar esto, el comité señaló en su decisión "no vinculante" que las autoridades mexicanas deberían "poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el 'derecho efectivo' a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
También conminan al gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de su libertad a los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la "violación a sus derechos".
Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio del 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Cancuc, retenida por pobladores que le exigían una "multa" para permitirle el acceso y que al ser golpeado por no poder pagar, le causó la muerte horas después.
El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.
Al analizar este proceso, el grupo de trabajo de la ONU observó varias irregularidades, como que los acusados no fueron presentados ante un juez inmediatamente después de su detención o la desaparición forzada de algunos de ellos durante las primeras horas del arresto.
Los cinco son de origen indígena del pueblo maya tseltal quienes habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Cancuc.
Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que promovió acciones de defensa de la tierra en contra de la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.
El comité local también se opuso a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.
El grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria está presidido por la exjueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).
Con información de Latinus.
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Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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