Bacalar, 10/06/25 (Más).- A pesar de una suspensión definitiva ordenada por un juez federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene activa la construcción de una casa de descanso militar frente a la Laguna de Bacalar, en el estado de Quintana Roo.
La obra, iniciada en marzo de este año, ha sido objeto de rechazo por parte de organizaciones ambientalistas y habitantes de la zona, quienes denuncian que se trata de un proyecto que representa un grave riesgo ecológico para este ecosistema de alta fragilidad, conocido como la Laguna de los Siete Colores.
La suspensión definitiva fue concedida el pasado 5 de junio por un juez de distrito en Quintana Roo, en el marco de un juicio de amparo promovido por las organizaciones civiles Proyecto de Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano AS (DMAS). Sin embargo, cuatro días después, este lunes 9 de junio, la obra continuaba en operación, con presencia de maquinaria pesada y trabajadores, según constató una reportera en el lugar.
Las organizaciones demandantes argumentaron que autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones, al permitir que la Sedena ejecutara un proyecto sin autorización ambiental ni supervisión de los impactos al entorno. Entre los actos señalados se encuentra una exención irregular de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la falta de intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del municipio correspondiente.
De acuerdo con el expediente del juicio de amparo, el juez resolvió que la construcción representa una amenaza al equilibrio ecológico y los derechos humanos de la comunidad, y por tanto ordenó detener las obras mientras se resuelve el fondo del asunto.
Además, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) había clausurado el proyecto por carecer de un plan de manejo de residuos durante las inspecciones realizadas, lo que se suma a las irregularidades detectadas.
A pesar de estos señalamientos y disposiciones legales, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desacatado tanto la suspensión provisional como la definitiva, manteniendo los trabajos en la zona federal de la laguna, en un área colindante con el Fuerte de San Felipe, un monumento histórico estatal.
En un comunicado conjunto, las organizaciones Projuc y DMAS señalaron que la suspensión definitiva obtenida constituye una victoria legal y un precedente significativo para frenar desarrollos que no respeten la legislación ambiental vigente. También indicaron que el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en acciones legales adicionales, incluyendo sanciones administrativas y penales.
“El fallo del juez confirma lo que hemos venido señalando: que esta obra representa un riesgo ambiental, que no cuenta con las autorizaciones debidas, y que además se está realizando en un contexto de opacidad y violaciones al Estado de Derecho”, sostuvieron representantes de ambas organizaciones.
Por el momento, ni la Sedena ni la Semarnat han emitido una postura oficial tras la suspensión definitiva. Tampoco se ha informado si la Profepa ha iniciado algún procedimiento por el desacato judicial.
La construcción en curso frente a la Laguna de Bacalar, una de las zonas naturales más emblemáticas del Caribe mexicano, continúa generando preocupación entre ambientalistas y habitantes, quienes insisten en que debe ser detenida de inmediato para evitar daños irreversibles.
Con información de Massinformación.