Agentes de la Guardia Nacional también irán a la guerra, según propuesta de Sheinbaum; hasta 60 años de cárcel para desertores

Además de rendir cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de seguridad, la Guardia Nacional (GN) también apoyará “en la defensa exterior del país”, de acuerdo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambas tareas las llevará a cabo luego de que la mayoría de la 4T apruebe, como se prevé, el proyecto presidencial en el próximo periodo de sesiones programado para la primera semana del mes de julio, el cual mantiene vigentes leyes de hace más de 90 años.

Como ejemplo está el Código de Justicia Militar aprobado el 31 de agosto de 1933, que en su artículo 261 establece que “los individuos de tropa que desertaren en tiempo de paz, y en alguno de los casos o con alguna de las circunstancias que especialmente se prevén enseguida, serán castigados”.

“I.- El que deserte de la escolta de prisioneros, detenidos o presos o de cualquiera otra no especificada en este artículo, con la pena de tres años de prisión; II.- el que deserte estando de guardia, o de la escolta de municiones, o llevándose el caballo, mula o montura, o el marino que deserte llevándose un bote o usando de él exclusivamente para ese objeto”, indica.

O bien, el artículo 265 de la misma ley, cuya última reforma fue en el 2018, precisa que los castigos a los integrantes de la tropa que “desertaren” en tiempos de paz o en campaña, dentro y fuera del país.

“Si fuere cometido en tiempo de paz, pero llevándose el que lo perpetrare, el caballo, mula o montura, o el fusil, carabina, pistola o sable, o bote u otro objeto destinado al servicio de la Armada, la pena será la de ocho años de prisión, y si fuere cometido en campaña, llevándose el culpable algo de lo expresado en la fracción anterior, la pena será la de 10 años de prisión”, como resalta en la página 815 de la iniciativa.

En tanto que el artículo 272 de la nueva Ley de Guardia Nacional subraya que “quien desertare frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada, se les impondrá pena de 30 a 60 años de prisión”.

Además, la fracción V del artículo 267 subraya que los oficiales “que se separen a más de 40 kilómetros de distancia de su campamento o a más de 80 de su guarnición, o a más de 30 del puerto donde esté el barco a que pertenezcan, en tiempo de paz, y a cualquiera distancia de la plaza, buque o punto militar, en campaña, sin licencia del superior”, pueden alcanzar hasta tres los de prisión y su destitución en las fuerzas armadas.

En el documento se detalló que el 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la constitución en materia de Guardia Nacional, “por lo que es necesario armonizar las leyes secundarias en la materia”.

El artículo 333 advierte que a quienes incurran en el saqueo a pobladores, y “se apodere sin autorización legítima, de carros, carretas, mulas, caballos u otros medios de conducción para un servicio exclusivamente particular, será sancionado con la pena de seis meses de prisión”.

La iniciativa de Sheinbaum Pardo establece que “como integrante de la fuerza armada permanente, con la función sustantiva de seguridad pública, cuyos miembros quedan sujetos a la jurisdicción penal militar (…) a fin de que apoyen a las fuerzas armadas de guerra en tareas de seguridad interior y defensa exterior del país, conforme lo disponga la persona titular del ejecutivo federal” se resalta en la página siete del proyecto presidencial.

Se especifica que la Guardia Nacional continuará “incrementando sus capacidades institucionales y estado de fuerza con el fin de fortalecer sus tareas de seguridad pública en los territorios y comunidades con mayor violencia y altos índices delictivos”.

“Así como en los lugares en donde no se cuente con cuerpos policiales. Además, participará en la generación de productos de inteligencia, así como en las tareas de investigación, en coordinación con las instituciones policiales y de procuración e impartición de justicia que así lo requieran”, menciona el proyecto.

Con información de Latinus