Jueza: fue legal la compra de Pegasus; rechaza vincular a proceso a exoficial mayor de PGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por la compra de Pegasus, por ello, la Fiscalía inició una investigación contra la juzgadora por delitos contra la administración de justicia. 

Este martes la jueza Alejandra Domínguez Santos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, celebró una audiencia en la que determinó que, contrario a lo que sostuvo la FGR, la compra del software Pegasus, por 460 millones 196 mil 383.64 pesos, fue legal. 

La FGR había imputado a Gómez Molano por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, porque supuestamente permitió la compra de equipos de espionaje sin que se demostrara la necesidad de ello generando un daño al erario por más de 460 millones de pesos. 

Sin embargo, la juez Domínguez indicó que no hay elementos para vincularla a proceso. 

”Resulta evidente que la adquisición se encuentra relacionada con actividades sustantivas, la adquisición no puede considerarse indebida”, dijo. 

Este miércoles la FGR informó que, además de apelar la decisión, inició una carpeta de investigación contra la juez por delitos contra la administración de justicia. 

“La Fiscalía General de la República ya inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”, indicó. 

Ello, al considerar que en el caso hubo un retraso ilegal de dos años para celebrar la audiencia y que las pruebas que dijo haber presentado en la audiencia no eran insuficientes para emitir la vinculación a proceso. 

En este mismo caso, la FGR imputó a Vidal Díazleal Ochoa, exdirector del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) por los mismo cuatro delitos. 

Sin embargo, la juez sólo lo vinculó a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. 

Asimismo, le impuso la obligación de presentarse cada 15 días a firmar asistencia y le prohibió salir del país. 

La compra de Pegasus por la que la FGR inició esta investigación fue realizada el 29 de octubre de 2014 y el contrato fue suscrito por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Díazleal y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre Actividades Delictivas del Cenapi. 

En aquel entonces el monto de la compra fue de 32 millones 16 mil dólares que actualmente equivalen a los 460 millones 196 mil 383.64 pesos que la Fiscalía reclama. 

Con información de: Proceso.