Sin casa, sin escuela, sin justicia: se dispara 129% la cifra de desplazados forzados por el narco
MORELIA, Mich (Proceso).– Carmen y su menor hijo de 11 años, Tomás, permanecen en una ciudad fronteriza desde hace más de un año en espera de la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo humanitario. Igual que muchas otras personas, la mujer y el niño están huyendo de actos de violencia ocasionados por células del crimen organizado en su lugar de origen.
En 2023, miembros de un grupo delictivo asesinaron al esposo de Carmen, quien para sostener el hogar a partir de entonces se dedicó a vender ropa, zapatos y otros productos en un tianguis de la región. Cuatro meses después, madre e hijo fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de la misma organización criminal.
“Esas personas que mataron a mi esposo –narra la mujer– fueron las que me pusieron a mí... Iban y metían droga a la casa, metían armas... nos subían al carro de ellos y me ponían a que yo manejara... Mataban personas enfrente de nosotros y eso era lo único que hacían... Era en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, en la madrugada... Agarraban la pistola, se la daban a mi hijo y ‘¡guárdala!’. Le decían que lo iban a enseñar para que fuera sicario de ellos”.
Un día uno de los líderes del cártel se escondió en la casa de Carmen y Tomás, tras asesinar a una pareja de la agrupación rival. Posteriormente se fue y sólo permaneció ahí uno de los pistoleros, quien fue detenido por policías ministeriales que irrumpieron en el domicilio.
El suceso fue aprovechado por la mujer para pedir ayuda a los agentes. Les dijo que no quería seguir en eso, que deseaba irse muy lejos, pero no tenía dinero ni nada. Burlón, uno de los policías le cuestionó: “¿Quieres que yo te dé para el pasaje... que te compre el boleto para que te vayas o qué?”. Ella le respondió que no, pero que podía haber otras maneras de ayudarle, que por eso les pedía apoyo. Y el servidor público sólo dijo: “Ya ves, ¿para qué te andas metiendo con ellos?”
Como pudieron, Carmen y Tomás escaparon del poblado y lograron llegar a la frontera norte del país, donde encontraron refugio en un albergue. En marzo de este año a Carmen le llegó la noticia del asesinato de su hijo mayor, de 27 años, quien se había quedado en su comunidad. Casi al mismo tiempo Tomás enfermó de diabetes.
Con el dolor a cuestas por la tragedia de su primogénito, la mujer trata de encontrar una explicación al decaimiento de la salud de su hijo menor: “Pienso que fue a causa de todas las cosas que hemos pasado y que le han tocado ver a su corta edad”.
Con epicentro en Chiapas
El testimonio anterior forma parte del informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, elaborado y presentado recientemente por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), donde se establece que, a causa de la violencia criminal, los enfrentamientos armados y la presencia de grupos delictivos al menos 28 mil 943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante 2024.
Esa cifra representa un incremento de 129% respecto de los 12 mil 623 desplazamientos documentados en 2023, y configura lo que la institución califica como una “emergencia humanitaria silenciosa”, extendida a lo largo de 13 estados del país.
De acuerdo con el documento del PDH Ibero, a lo largo de 2024 se identificó un total de 72 eventos de desplazamiento interno masivo causados por violencia armada, conflictos sociales o desastres asociados a fenómenos naturales, por lo que además de creciente, se trata de un fenómeno invisibilizado y deficientemente atendido por el Estado.
El informe de la Universidad Iberoamericana expone que 79% de los desplazamientos fueron detonados por acciones violentas de grupos criminales: asesinatos, enfrentamientos armados, amenazas colectivas, desapariciones, bloqueos carreteros y ataques con drones y explosivos. El resto se originó por conflictos agrarios o comunitarios (15%) y por desastres asociados a fenómenos naturales (6%).
En la mayoría de los casos los desplazados enfrentan condiciones de extrema precariedad como falta de albergue, atención médica, servicios básicos y protección, además de que sus derechos humanos son sistemáticamente vulnerados ante la inacción de las autoridades.
Durante 2024 el epicentro de la crisis de desplazamientos forzados se localizó en Chiapas, particularmente en su frontera con Guatemala, debido a los enfrentamientos entre grupos criminales en municipios como Frontera Comalapa, Tila, Pantelhó, Motozintla y Chicomuselo.
El documento revela que, con 17 mil 865 personas desplazadas, Chiapas concentró 61.8% del total nacional.
Estrategia a medias
Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Tila en junio de 2024, cuando más de seis mil 800 personas huyeron simultáneamente luego de la irrupción de civiles armados, quema de viviendas y cierre del acceso por carretera. La violencia fue tan intensa que al menos 600 personas cruzaron a pie hacia Guatemala, buscando un refugio que el Estado mexicano no les garantizó.
El segundo estado más afectado fue Sinaloa, con cuatro mil 480 personas desplazadas (15.5%), sobre todo en la zona serrana de Badiraguato, en comunidades como San José del Llano, donde se reportaron enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.
Le siguen Michoacán y Chihuahua, cada uno con 5.4% de los casos, y Guerrero con 4.8%; también se documentaron desplazamientos en Sonora, Durango, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Nayarit.
La región de Tierra Caliente, en Michoacán, ha vivido tres grandes oleadas de desplazamiento forzado desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006. La más reciente comenzó en diciembre de 2020 y se mantiene vigente.
Un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) explica en entrevista con Proceso que en la zona prevalecen los llamados “desplazamientos a cuentagotas”: movimientos discretos de pocas familias, difíciles de documentar, pero persistentes y devastadores.
“La gente huye sin que nadie se entere. Por eso en los informes como el de la Ibero, sólo aparecen los eventos masivos, aunque el fenómeno real es mucho más amplio”, señala.
El consejero reconoció avances como la implementación de un reglamento municipal específico en Apatzingán –único en el país–, que prevé la atención diferenciada a personas desplazadas, y que faculta al ayuntamiento a coordinarse con el estado y la federación. Sin embargo, critica que este reglamento esté siendo subutilizado.
Ante los recientes desplazamientos ocurridos en comunidades del municipio, comenta el entrevistado:
El ayuntamiento ha ofrecido una línea de WhatsApp, albergues, medicamentos, regularización escolar y expedición de documentos oficiales, pero falta lo más importante: evaluar riesgos, canalizar adecuadamente los casos y construir condiciones reales para un retorno seguro.
A escala nacional, el PDH Ibero advierte que el Estado mexicano sigue sin reconocer plenamente a las personas desplazadas como víctimas de violencia generalizada. No existen mecanismos oficiales de registro, seguimiento ni atención integral, y muchos gobiernos estatales y municipales tienden a minimizar o negar los hechos.
La falta de legislación agrava el problema: en abril de 2019 el gobierno federal reconoció oficialmente el desplazamiento forzado y en 2020 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y fue turnada al Senado, donde no avanzó en comisiones y en abril de 2024 fue desechada por acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.
El informe del PDH Ibero califica lo anterior como “un grave retroceso en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en México”.
El representante del OSHRA (organismo que participó en el informe del PDH de la Universidad Iberoamericana) señala que en el caso de Michoacán un proyecto de ley estatal en la materia fue presentado en octubre de 2023, pero permanece detenido en la Consejería Jurídica del Gobierno del estado, en tanto que las autoridades estatales han reconocido públicamente que Apatzingán y Buenavista son los municipios michoacanos con mayor número de desplazados y también los que registran más artefactos explosivos decomisados, dos fenómenos íntimamente vinculados.
De acuerdo con el documento “Travesías forzadas”, si bien ha habido algunos avances como la aprobación de leyes estatales en materia de desplazamiento interno y sentencias favorables, como la otorgada por la SCJN en 2024 a familias desplazadas en Chihuahua, “la respuesta gubernamental ha sido gradual y fragmentada”.
Expone que, pese a las movilizaciones y exigencias de las comunidades afectadas, en muchos contextos las autoridades de los tres niveles de gobierno han adoptado una posición restrictiva, argumentando que, en ausencia de una denuncia penal formal o de una amenaza directa identificable, el desplazamiento interno por violencia no puede ser reconocido oficialmente.
“Aunque en algunas entidades, como Sinaloa, se han documentado casos en los que se brinda atención sin requerir denuncia previa, esta no es la regla general. La falta de criterios homogéneos y de un marco normativo que reconozca de forma clara el fenómeno limita el acceso a mecanismos de protección y apoyo, y contribuye a que el desplazamiento interno se consolide como un fenómeno estructural, derivando en una crisis humanitaria de mayor escala”, añade.
El estudio del PDH Ibero advierte que corresponde a las autoridades reconocer, registrar y atender el desplazamiento interno en el país, pero enfatiza que las respuestas institucionales son predominantemente reactivas, es decir, ocurren una vez que el desplazamiento ya ha tenido lugar.
Esta estrategia resulta insostenible. Es urgente redirigir los esfuerzos hacia la prevención de los desplazamientos y hacia la protección y reparación integral de las personas desplazadas internas, más allá de la profundización de estrategias militares dirigidas exclusivamente al combate de grupos de delincuencia organizada.
El documento hace notar la necesidad de aprobar una Ley General sobre Desplazamiento Interno Forzado, la creación de un sistema nacional de atención integral, el establecimiento de registros oficiales actualizados y la incorporación de criterios socioeconómicos que permitan evaluar si existen condiciones reales de retorno”.
En suma, el PDH Ibero advierte que la tragedia del desplazamiento forzado interno en México continuará agravándose si el Estado no asume su responsabilidad con enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, miles de personas seguirán huyendo, sin casa, sin escuela, sin justicia y sin garantías de regreso.
“Esta crisis no sólo trunca trayectorias escolares o laborales; destruye comunidades enteras y pone en evidencia que hay territorios donde el Estado mexicano ha dejado de estar presente”, concluye el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Noroña de vuelta a Europa…
Trascendió que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, está de vuelta en el continente europeo, esto a pesar de la serie de comentarios que ha lanzado Claudia Sheinbaum sobre la austeridad republicana.
Y es que aunque no ha compartido imágenes o se le ha captado en calles de ciudades europeas, el senador en varios de sus videos en vivo que sube diariamente, ha comentado el cambio de horario en donde se encuentra, por lo que se comenzó a especular que estará estas vacaciones de invierno en otro continente.
Esto se da a unos días del cierre del periodo ordinario del Senado de la República, tal parece tenía prisa de salir del territorio nacional…
Dejan elección de consejeros del INE hasta la reforma electoral de Sheinbaum
La Cámara de Diputados declaró formalmente clausurado su periodo ordinario de sesiones, sin embargo, hay una omisión que ha encendido las alarmas en el sector electoral, como es la convocatoria para renovar tres espacios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera concluirán sus funciones como consejero en abril de 2026, pero debió haber iniciado el proceso de selección y los diputados optaron por ser omisos.
Esto apunta no ser una casualidad ante la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y poner personajes a modo.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
