No sabemos a ciencia cierta las razones y motivos para justificar la deportación de 26 ciudadanos mexicanos, todos ellos ligados al narcotráfico y que ya purgaban en México su condena sea lo suficientemente valedera. Pero el alegar que estos 26 narcotraficantes, si bien estaban en prisión, continuaban operando y viviendo cómodamente en el país, es la causa principal para mandarlos pedir y que purguen sus condenas en el país en el que canalizaron sus productos y generaron miles de muertes.
Obvio que esta justificación es por demás valedera y nadie en este país podrá objetar nada. Lo malo es que las autoridades federales andan con el alma en vilo ya que se dejó abierto el camino para que estos 26 ciudadanos responsables a través del mecanismo de protección a testigos, suelten la boca, empinen a sus patrones y sus condenas sean reducidas y con un par de buenos abogados les sea reducida su condena.
Lo curioso de este caso es que la totalidad de los 26 “honestos “ciudadanos pertenecen al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, que, si bien continúan activos y poderosos, al menos los ahora residentes en los Estados Unidos ya no podrán dirigir estas organizaciones desde prisiones estadounidenses. A ver pasa ahora que con esta nueva cuota Donaldo Trump ha de estar feliz, contento y orgulloso de como controla el mundo, pero sobre todo cómo logró arrodillar a su vecino país, así de real y contundente es este tema…
Como reguero de pólvora se esparció el tema de la famosa reunión en exclusivo, más no discreto hotel en la sierra tarahumara en donde el Agente 777 de plano experimentó lo que es la austeridad republicana al estilo de la 4T. resulta que aparte de discretamente ordenar que hay que apuntalar en ese sueño guajiro de ser candidato a la gubernatura Gilberto Loya insistentemente recalcó entre los 108 funcionarios ahí reunidos recalcó que él arriba mencionado es el Comisionado de CALEA, esta empresa dedicada a certificar cuerpos policíacos y ya anda auditando en Nuevo León y Michoacán, entre otros.
Qué bueno para el currículo de Gilberto Loya a no ser que se le olvida que actualmente es un funcionario público activo y que por pura ética no debe de andar operándole a una empresa extranjera y mucho menos pregonando lo fregón que es. A Gilberto y sus asesores se les olvida que es un funcionario público y que este tipo de asesorías o certificaciones no se dan de 3am a 7am, digo asumiendo que él tiene responsabilidades laborales.
Y automáticamente surge una pregunta; ¿No está penado por la ley su actuación el CALEA donde a todas luces existe un conflicto de interés real?, digo esta EMPRESA cobra por certificar y no es barato. Y es que suena ilógico que el que autoriza como Comisionado que se auditen a corporaciones policiacas y otorgue las certificaciones, sea un funcionario público.
En serio que a los asesores simplemente ni la tonada les sale natural y andan rebuznando, pensando que el sobredimensionar el tema de CALEA le dará mayor peso en sus aspiraciones, sobre todo cuando las estadísticas de criminalidad están desatadas en la entidad, pero consideramos que no se puede ser comisionado de una empresa y paralelamente secretario de seguridad pública de un estado y si no dese amable lector un clavado al artículo 109 fracción 3era…
A pesar de que falta mucho tiempo, el tema de las candidaturas a alcaldes en la entidad está a punto de arrancar, de entrada los suspirantes andan ya amarrando sus lazos, armando grillas y estrategias, en cualquiera de los partidos políticos existentes o sobrevivientes.
Se espera pues que los guamazos estén a la orden del día, l guerra sucia se incremente y de nuevo volvemos a la vieja estrategia de prometer puentes y si no hay ríos, nos los prometerán… Así las cosas.
Federico Guevara