Un tercio de la violencia sexual contra infancias ocurre en escuelas, ante ausencia de políticas preventivas y respuesta tardía

Con un importante subregistro, alrededor de un tercio de la violencia sexual infantil ocurre en escuelas, ante la ausencia de acciones preventivas. La cifra de casos no denunciados en todos los ámbitos no solo se mantiene —se calcula que son entre un 80 y 96 % de los ocurridos—, sino que México sigue ocupando el primer lugar de recurrencia de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Este lunes se llevará a cabo a nivel nacional, por primera vez, una jornada de concientización sobre violencia sexual en la educación básica, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) la oficializara en respuesta a una orden judicial que resuelve la causa penal 258/2021, derivada del abuso sexual organizado en el kínder Marcelino de Chámpagnat, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciado en 2018.

En el primer día que la SEP destina en su calendario oficial al tema, este 8 de septiembre, especialistas consideran imprescindible tomar en cuenta que la existencia de esta jornada, aunque celebrable, lejos de expresar una política preventiva es una muestra de que las respuestas de las autoridades educativas han sido siempre tardías y reactivas.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que acompañó la causa penal, indica que la jornada se implementará en alrededor de 232 mil escuelas a nivel nacional, y llegará a 24 millones de infancias y adolescencias. Al mismo tiempo llama a verificar que la información y las actividades realmente brinden herramientas efectivas. 

“La existencia de la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil en el calendario escolar 2025-2026 es un avance muy importante para la prevención de violencia sexual contra las niñas y niños. Fue lograda por un grupo de familias que tuvo la valentía para luchar, no solo por justicia para sus hijas e hijos, sino por procedimientos obligatorios que las autoridades educativas tienen que cumplir en beneficio de todas y todos”, sostiene. 

El dato de la OCDE, que no ha cambiado desde 2017 hasta la fecha, es un marco de referencia importante, opina por separado Elia Guillermo, educadora en sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC): “Me parece muy buena una acción por parte de la SEP, ciertamente tardía, en la medida en que es ahora que se publica que se está visibilizando”.

Un panorama de violencia sexual infantil que tiende a la alza

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de violencia sexual entre los 0 y los 17 años. En tanto, se calcula que en México, 8 de cada 10 víctimas infantiles de esta violencia son mujeres.

De entre las infancias y adolescencias que viven violencia sexual en nuestro país, 4 de cada 10 son menores de 15 años, pero un 37% de quienes la experimentan en ese rango de edad son específicamente mujeres, mientras que el 34% de ellas la viven entre los 16 y los 30.

“Además, hay un riesgo de cuatro a 10 veces mayor de que las víctimas de esta violencia sexual sean niños que tienen algún tipo de discapacidad, la que sea, principalmente la intelectual o la sensorial; hasta 1o veces mayor puede ser el riesgo de que sean victimizados”, enfatiza María del Carmen Beltrán Rodríguez, paidopsiquiatra en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y tallerista con análisis de casos clínicos de violencia sexual en infancias y adolescencias en el 13 Congreso de Salud Sexual de AMSSAC. 

De acuerdo con análisis de la Red por los Derechos de la Infancia, entre 2019 y 2023 en México se ha registrado un promedio de 4 mil 247 casos anuales de violencia sexual infantil, con base en el registro de lesiones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, con algunas variaciones y decrementos menores en años específicos, la cifra se ha incrementado en 1,139.2% entre 2010 y 2023.

Por otro lado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que entre 2020 y 2022 aumentaron los casos de abuso sexual infantil en un 496 % en la capital. “En la práctica clínica seguimos viviendo las secuelas de todos esos pacientes, y de la pandemia con el impacto que tuvo a nivel de la salud mental”, apunta Beltrán Rodríguez. 

Otro dato importante, destaca, del que ha dado cuenta la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), es que la violencia sexual infantil afectó en algún momento de su vida a un 41.3 % de las mujeres de 15 años y más. El 38 % de esta violencia se ejerce en las escuelas. 

En esos casos, los compañeros de clase son los principales agresores, seguidos por los profesores, mientras otro 34% de la violencia ocurre a nivel comunitario. Aunado a esto, el INEGI reportó en 2017 que el 78.6 % de las víctimas no denuncian ni buscan ayuda. Otras fuentes, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, indican que este porcentaje puede alcanzar un 96 %. 

Con frecuencia, maestros no cuentan con el apoyo de autoridades

Para Beltrán Rodríguez, lo principal, según su experiencia clínica y pedagógica, es garantizar la supervisión de los planteles educativos. En México, apunta, tenemos leyes muy completas en todos los sentidos, pero lo importante es garantizar que se apliquen.

Ella misma tuvo la oportunidad de colaborar en el desarrollo de un programa de capacitación y sensibilización dirigido a aproximadamente mil profesores directores o supervisores de área de nivel preescolar, primaria y secundaria de todo el país. 

Durante esa experiencia, constató que aunque hay algunas orientaciones técnicas para que por cada entidad se desarrollen programas y protocolos para la prevención, detección y atención de casos de violencia sexual, la queja de muchos maestros es que no cuentan con el apoyo de las autoridades. 

Incluso en ocasiones, explica, ni siquiera conocen los programas, porque no existe una adecuada difusión. En otros casos no se han desarrollado a nivel estatal, mientras que cuando existen, no están claras todas las líneas que deben seguirse desde que se da aviso a las autoridades de la escuela hasta que la queja procede, por lo que realmente no saben cómo actuar.   

“Algunos de ellos, por sus propias autoridades han sido detenidos para no proceder, como ‘no nos metamos en broncas legales’, y se guarda silencio, y como también desgraciadamente ya nos alcanza el narcotráfico en estos ambientes muchos docentes temen por su seguridad al actuar de la forma que debieran, por el temor a las consecuencias y que no se sienten respaldados ni en su institución ni por las autoridades para que no vaya a haber una acción retaliativa de los agresores hacia ellos”, explica. 

Además, no hay supervisión para que los protocolos realmente se lleven a cabo y provean de un apoyo a los maestros para saber los pasos precisos en cada una de las entidades, la instancia a la que deben dirigirse o los formatos a utilizar. A esto se suma el clima de impunidad que arropa a los violentadores. 

Entre los comentarios que recibieron durante las capacitaciones, los maestros también expresaron su inquietud en torno a que en ocasiones, aun con una denuncia que haya procedido, persiste la impunidad y los docentes solo son reubicados de plaza, incluso en zonas más vulnerables, porque cuentan con menos recursos de actuación.

Esto ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con la propia práctica clínica —como la que ella desempeña—, las víctimas tardan hasta 5 o 6 años en reconocer el abuso sexual que vivieron en una etapa escolar. Esto se debe, en gran medida, a la falta de educación sexual, que le permite al agresor normalizar sus conductas. Incluso, las infancias y adolescencias llegan a darse cuenta hasta que ven su experiencia reflejada en otros relatos o testimonios.

La especialista subraya que es necesario que las intervenciones sean tempranas. “Ojalá que haya conciencia. Un día sabemos que no basta, la educación sexual ojalá que sea diario, que no se minimice y que pueda ser realmente, como lo señalan los protocolos de actuación ante casos de violencia, una justicia más pronta y expedita”, pide.

Sobrevivientes de una violencia silenciosa en un sistema adultocentrista

La organización Reinserta ha trabajado durante los últimos dos años en un modelo llamado Sobrevivientes, que atiende a infancias y adolescencias sobrevivientes de violencias graves. En la actualidad, atiende alrededor de 87 menores de edad. El 70 % de ellos por abuso sexual. 

“Hemos manifestado muchísimas veces la preocupación que existe porque es una violencia muy silenciosa, que se ejerce en casi 7 de cada 10 casos en el entorno cercano de las infancias y las adolescencias, con frecuencia el familiar y el escolar, que son los ambientes en donde se debería protegerlas y cuidarlas, pero, en cambio, se les vulnera de forma silenciosa, impune y muchas veces normalizada”, explica José Pablo Balandra, director del área de operaciones de la organización.

Ahí, se acompaña a las infancias desde una mirada no revictimizante, que se enfoca en trabajar el trauma de una manera integral, luego de constatar que diversas iniciativas con frecuencia abordan la problemática de manera aislada, enfocadas unas más en la recuperación psicológica, y otras más desde la perspectiva legal.

Concentradas en un solo centro de acompañamiento, la organización trabaja la vía psicológica y legal, e incluso en medio de esas dos, lo que se conoce como preparación psicolegal, pues parte de las problemáticas sobre las que han alertado es que el sistema de impartición de justicia en México conserva una mirada adultocentrista. 

“Los niños cuando son víctimas de estas violencias, de estos delitos, y los cuidadores se animan a denunciar y seguir un proceso penal para sancionar a los responsables, prácticamente es un calvario lo que tienen que cruzar, porque el propio proceso jurídico es poco amigable, poco entendible y poco empático ante las infancias”, sostiene Balandra.

La acción de Reinserta, continúa, es ese acompañamiento psicolegal para poder dar un mensaje sencillo mediante el que un niño de 4, 5 o 6 años de edad pueda entender al decirle “hay alguien más poderoso que tu agresor, y nosotros vamos a acompañarte para que en este proceso, de entrada, tú estés bien y estés cuidado, y haya toda una representación y un acompañamiento que te vaya explicando qué va a suceder y qué tenemos que hacer para que ese superhéroe —una analogía— pueda realmente alejarte de ese dolor y de ese mal”. 

Reinserta también destaca lo alarmante de la cifra negra en torno al abuso sexual infantil. El sistema judicial representa la mayoría de las veces un obstáculo. Balandra menciona, como ejemplo, un caso que lleva por lo menos cuatro años en juicio, en donde se ha tenido que replantear el proceso judicial por fallas procesales. La niña ha tenido que participar en al menos tres audiencias cara a cara con su agresor para poder probar sus dichos ante el juez. 

“Imagínate esto en una niña, un niño, que tiene apenas capacidad para nombrar las cosas que en el desarrollo de nuestra capacidad intelectual, de nuestro cerebro, no sabemos a qué hora era exactamente, el lugar exacto, todos los detalles que una persona adulta, incluso, cuando está en una situación de shock, puede olvidar, y eso es una programación de nuestro cerebro para poder poder sobrevivir”, indica.

La organización hoy busca trabajar con las autoridades, fiscalías y ministerios públicos para poder acercar soluciones, como una entrevista única en la que el testimonio sea válido durante todo el proceso judicial penal, para que las infancias no estén constantemente en espacios no aptos para ellas. 

Balandra apunta que la jornada de este 8 de septiembre debe servir para que la SEP también se abra a una mayor participación de la sociedad civil que trabaja el tema, y pueda ayudar a mejorar la sensibilización. Además, debe ser un paso para construir espacios verdaderamente significativos para infancias y adolescencias, en un periodo que es muy crítico para ellas.

Al mismo tiempo, tendría que ser un momento para replantear temas normalizados, como las estructuras machistas que contribuyen al silenciamiento de las violencias, el consentimiento, así como las implicaciones de los delitos que pueden cometerse ahora en materia de violencia sexual en entornos digitales.

“Es un avance muy significativo, y esperemos que no nada más se quede en una conmemoración de esta fecha, sino que realmente haya cambios para que las escuelas se conviertan en entornos seguros y protectores de las infancias que pueden estar vulnerables”, concluye.

Con información de Animal Político.