Reforma a Ley de Amparo deja fuera a 20.4 millones de personas que no tienen acceso a internet; zonas rurales, las más ignoradas

Aunque tiene aspectos positivos en cuanto al tema del juicio de amparo digital, la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por la Cámara de Senadores deja fuera a 20.4 millones de personas que no tienen acceso a internet, sobre todo en zonas rurales.

Esta cifra representa un 16.9 % de la población del país que no utiliza Internet principalmente por no saber usarlo (9.5 %), no le interesa o no lo necesita (2.8 %) o no puede hacerlo por falta de recursos económicos (1.8 %), según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTI) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con el IFT.

Si bien la reforma a la Ley de Amparo se centra en gran medida en los beneficios del uso de la tecnología para agilizar los procesos judiciales, las modificaciones podrían dejar fuera aspectos relevantes como la brecha digital, el analfabetismo tecnológico y los riesgos de la seguridad cibernética, según especialistas consultados en la materia.

Incluso, a pesar de buscar un mayor acceso a la justicia, los especialistas señalan que podría aumentar la lentitud y deficiencia en la justicia digital si no se atiende la falta de infraestructura judicial, sobre todo en regiones remotas del país, lo que además tiene que ver con la inversión necesaria en recursos humanos, materiales y capacitación para el personal.

La reforma de Sheinbaum y la brecha digital en México

En la iniciativa propuesta por la presidenta Sheinbaum, si bien se reconoce que el concepto de “juicio en línea” ha sido desarrollado tanto por la antigua integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se asegura que la Ley de Amparo no ha sido debidamente actualizada para acompañar y normar esta “transformación” hacia una justicia más “accesible, ágil y eficiente”.

“Ante esta realidad, la presente propuesta de reforma busca incorporar un marco jurídico claro y funcional que permita el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal y operatividad práctica. Lejos de imponer esta vía de forma obligatoria, se establece un esquema opcional para las partes promoventes, salvaguardando en todo momento los derechos de quienes no cuentan con acceso a internet o medios digitales”, señala la iniciativa presentada por Sheinbaum ante el Congreso el 15 de septiembre de 2025.

No obstante, para abogados como Luis Tapia, especialista en derechos humanos y derecho penal, se debe poner especial atención en las implicaciones de la brecha digital que existe en México y en aspectos que tal vez no se toman muy en cuenta, pero que se necesitan al interponer un amparo y que la propuesta de reforma no resuelve.

“Yo la preocupación que tengo es que se vayan a querer ir a un escenario sobre ‘cero papel’, en el que todo el sistema judicial depende enteramente de lo digital. Eso me preocupa por varias razones. La principal porque es evidente y hay datos públicos sobre personas que no pueden acceder a Internet ni a una computadora o que no saben cómo usarlo”, señala en entrevista con Animal Político.

En términos de hogares, la ENDUTI reveló que 26.4 % de los hogares en México no disponía de Internet en 2024 —equivalente a aproximadamente 10.3 millones de casas— por falta de recursos económicos (14.6 %), no les interesaba o no lo necesitan (6.6 %), no saben usarlo (2.5 %) o no hay servicio en su localidad (1.3 %), entre otras razones.

“Además, una cosa es lo material y otra es el analfabetismo digital. Eso hay que tenerlo en cuenta. He hablado con personas del Poder Judicial y lo que responden es que se resuelve poniendo computadoras o iPads en los juzgados, que las personas pueden ir y alguien les ayuda. Eso tiene el problema de asumir que hay juzgados en todo el país y no es así. Te pongo un ejemplo: en Oaxaca hay juzgados federales en la capital y en Salina Cruz, pero es tan grande que del norte está totalmente desconectada la justicia federal. Nunca han tenido juzgado federal y millones de personas no pueden acceder a uno a menos que se trasladen durante cuatro o cinco horas por la sierra”, señala Tapia.

En 2024, el porcentaje de personas de 6 años o más que no tuvo acceso o no usó el Internet en el ámbito rural fue del 31.5 %, equivalente a 7.78 millones de personas, una diferencia significativa con el ámbito urbano donde solo el 13.1 % no pudo acceder al Internet, equivalente a 12.56 millones de personas, según la ENDUTI.

El amparo digital: más difícil para comunidades marginadas y población en la economía informal

Con tan solo dos días de foros públicos con expertos, en los que se debatieron los pros y contra de la reforma, la madrugada del jueves 2 de octubre el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con cambios leves respecto de la presentada por la presidenta y la envió a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

Entre los principales cambios propuestos en materia del juicio amparo digital se encuentra la orden de incorporar un marco jurídico para el uso de la firma electrónica, que haya expedientes digitales, actuaciones de autoridades “interconectadas” y la opción de que las notificaciones se realicen “preferentemente por la vía electrónica”.

“Lejos de imponer esta vía de forma obligatoria, se establece como un esquema opcional para las partes promoventes, salvaguardando en todo momento los derechos de quienes no cuentan con acceso a Internet o medios digitales. De esta manera se garantiza el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y se respeta la pluralidad de condiciones sociales en nuestro país”, señala el dictamen de reforma a la Ley de Amparo avalado por el Senado.

Especialistas como el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la organización Perteneces, afirman que aunque esta parte de la reforma la presentan como la “modernización” de la justicia, no se democratiza el acceso a ella e incluso podría hacerlo más difícil para comunidades marginadas y la población en la economía informal.

“El amparo es un mecanismo diseñado para resolver violaciones a los derechos humanos. Las comunidades en México más marginadas, las más pobres, las más vulnerables son las que tendrían que estar promoviendo más juicios de amparo, porque son a las que se les viola más el derecho humano a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua. O sea, los derechos humanos básicos, y esas comunidades están desconectadas del juicio de amparo. Vender la idea de que porque es digital las personas van a poder acceder a él, desde nuestra óptica es un planteamiento falso. El amparo tendría que democratizarse de otra manera”, señala en entrevista con Animal Político.

Por ejemplo, explica que la firma electrónica, que se obtiene a través de la inscripción de las personas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es la misma que se está volviendo el “genérico” para promover juicios de amparo, pero que tiene todo un sistema bastante complejo para obtenerla.

“Entonces, pensar que con esta firma tú vas a democratizar el juicio y que con eso la gente va a poder firmar escritos y los va a presentar… pues sí, todos los que tengan firma del SAT, pero los que no tengan firma del SAT siguen marginados, a mí me parece que hasta como invisibilizados, ¿no?”.

Así, para combatir la problemática del acceso de justicia, el abogado propone que la reforma contemple estrategias de pedagogía para que los ciudadanos comprendan y utilicen sus derechos, así como la posibilidad de que se instalen quioscos de asesoría en lugares remotos del país para hacer que el amparo sea realmente accesible.

Los otros de los retos del amparo digital

Otra de las principales preocupaciones de Luis Tapia respecto del amparo digital es el tema de la seguridad cibernética, ya que si se plantea que el sistema judicial dependa enteramente de lo digital, se debe contemplar que todo lo que está en línea siempre está en riesgo.

“Tenemos varios ejemplos de que se han hackeado sistemas públicos y un ataque al sistema pone en riesgo la seguridad, la privacidad de los datos, la operación misma del sistema. Imagínate que se caiga el sistema del Poder Judicial, porque está todo conectado, y no hay respaldo en papel. Eso me parece problemático y lo he hablado con personas que operan estos sistemas y me dicen que necesito modernizarme, pero este tipo de cosas pueden dejar a muchas personas atrás y no tomar en cuenta su situación”.

Aunado a lo anterior, tanto el abogado Luis Tapia como el abogado José Mario de la Garza coinciden en que a pesar de que la reforma busca un mayor acceso a la justicia, podrían aumentar sus deficiencias si no se complementan con la inversión necesaria en recursos humanos, presupuestales, materiales y de capacitación para el personal judicial que deberá recibir todos los amparos digitales.

“Pueden ser víctimas de su éxito: que se mejore el acceso a la justicia, pero si no tienes del otro lado personal capacitado suficiente, juzgados, infraestructura, lo único que vas a hacer es aumentar la fila […] Mejorar el acceso a la justicia, pero con una justicia deficiente, lenta, sin capacidad no es una mejora, es un discurso […] Que se mejore el acceso, pero también se mejore la calidad. No tiene sentido que puedas llegar a un hospital rápido y que te abran la puerta, pero que los médicos no tengan la manera de atenderte, ni la capacitación, ni el material, ni las camas”, señala Tapia.

Con información de Animal Político.