
Son momentos de alta tensión en la cúpula del Gobierno, donde tienen lugar diversos intercambios para decidir el rumbo a seguir luego de que una fiscalía de Nueva York acusara al gobernador sinaloense Ruben Rocha de estar coludido con el Cártel de Sinaloa.
En el entorno presidencial hubieran preferido que tanto el gobernador como el senador Enrique Inzunza guardaran un silencio calculado para luego tener mayor margen de maniobra.
El peor de los escenarios está sobre la mesa: ya con la acusación formal en Estados Unidos, en el Gobierno temen que Washington opte por capturar a Rocha de modo unilateral, tal como sucedió el pasado enero con Nicolás Maduro, mandatario venezolano ahora preso en EU.
En la Cancillería circula la tesis de que Rocha, Inzunza y los funcionarios implicados deberían renunciar para someterse al procedimiento legal en territorio mexicano, bajo la autoridad nacional.
Esta sería la estrategia más enfocada en los beneficios del litigio pero que aún así, encierra contradicciones inquietantes: desde que despacha en Palacio, Claudia Sheinbaum entregó más de cien detenidos a la justicia estadounidense, por fuera del derecho mexicano.

Gentileza
Por ahora, en Sinaloa se impone la decisión de resistir y Rocha estaría analizando la posibilidad de convocar a movilizaciones en las próximas horas. La salida política es la que encierra los riesgos más imprevistos, especialmente si Washington asumiera que México no entrega a personas con supuestos nexos con el crimen organizado.
Rocha ha señalado que la acusación es irregular y que se violó la confidencialidad pero lo cierto es que en los tratados de cooperación el secreto es un elemento implícito, no escrito.
Con información de: La política online.