
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los mismos de siempre se disputan el carbón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empresas vinculadas con el diputado local de Coahuila Antonio Tony Flores Guerra fueron las favoritas de las adjudicaciones del carbón. Sin embargo, tras su escándalo por manejar un Lamborghini y que se destapara que había obtenido contratos por más de 6 mil millones de pesos de la CFE, entonces encabezada por Manuel Bartlett, quedó relegado de las licitaciones.
En la reciente licitación para la adquisición de carbón mineral térmico destinado a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, en el municipio coahuilense de Nava, ninguna de las empresas que estaban ligadas a Tony Flores resultó favorecida.
Apenas el 27 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en la conferencia mañanera, señalando que antes los contratos “eran para una empresa o dos”, pero que con la nueva licitación se distribuyeron entre más compañías, lo que provocó inconformidad “en los que antes compraban todo”, aludiendo a Tony Flores.

Sin embargo, el fallo de la CFE emitido el 8 de octubre último para la adjudicación de contratos de carbón a 26 empresas por un monto de 12 mil 239 millones de pesos, sin IVA, por un volumen de 7.9 millones de toneladas de carbón, sí benefició a empresas de grupos familiares y de negocios con raíces políticas. Por ejemplo, la familia de Régulo Zapata Jaime, exalcalde de Sabinas, Coahuila, del PRI, así como la familia del exgobernador coahuilense priista Rogelio Montemayor Seguy, ambos beneficiarios de las mineras en sexenios priistas.
La inconformidad a la que aludió Sheinbaum se debe a que la empresa Minerales Marsan, que hasta abril pasado pertenecía a María Elena Flores Guerra, hermana del diputado Antonio Flores, del PT, denunció junto con otros proveedores irregularidades en la licitación, acusando que fueron excluidas y privilegiaron a empresas de reciente creación, sin experiencia en el sector y ligadas al gobierno estatal priista, y exigieron la cancelación del proceso. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió la suspensión provisional a los productores denunciantes y la CFE está impedida, hasta que exista una resolución definitiva, a formalizar los contratos.
Precisamente estos contratos de carbón fueron el motivo del pleito, con golpes e insultos, entre el diputado panista Theodoros Kalionchiz y el legislador petista Ricardo Mejía Berdeja, durante una reunión el 23 de octubre con funcionarios de la CFE.
Tanto Mejía Berdeja como su aliado político Antonio Flores denunciaron que las adjudicaciones millonarias de la CFE terminaron en empresas vinculadas a Régulo Zapata Morales, hijo de Regulo Zapata Jaime, y su madre, Carolina Morales Iribarren, quien también fue alcaldesa de Sabinas.

De una revisión a las actas constitutivas se desprende que dos empresas que fueron fundadas por el actual alcalde de Sabinas, José Feliciano Chano Díaz Iribarren, primo de Carolina Morales Iribarren, resultaron ganadoras con contratos de carbón en esta nueva licitación. Se trata de Comercializaciones Industriales Dizna, por 642 millones 282 mil pesos, y SCI Edificaciones, por 358 millones 299 mil pesos.
En ambos casos, el presidente municipal vendió sus acciones antes de la licitación. En 2023, sus hermanos Sergio Armando y Lucio Díaz Iribarren adquirieron su participación en Comercializaciones Industriales Dizna, y en noviembre de 2025 Alicia Elizabeth Fragoso Salcedo compró sus acciones en SCI Edificaciones.
SCI Edificaciones es la empresa que el 22 de febrero de 2022 intentó que Cia Minera El Pinabete le cediera los derechos de la mina conocida como “Pinabete”, donde el 3 de agosto de 2022 quedaron atrapados 10 mineros y luego murieron. Pero el trámite fue denegado por la dirección general de minas. La tragedia estuvo rodeada por una historia de negligencias por la que fueron detenidos tanto el dueño de la mina, Luis Rafael García Luna Acuña, como Cristian Solís Arriaga, quien aparecía en los registros como patrón ante el IMSS.
José Rodolfo Esquivel Lozano, actual tesorero del municipio de Sabinas, fue comisario de la empresa Compañía Minera El Pinabete, de acuerdo con el acta constitutiva. Es decir, era el encargado de la vigilancia de la sociedad mercantil, designado para supervisar la administración y la contabilidad de la empresa.
Ahora vuelve a figurar en la ecuación como comisario de empresas ligadas al alcalde y que obtuvieron adjudicaciones millonarias de la CFE como Dizna, propiedad de la familia Díaz Iribarren y Morales Mining, de Carlos Simón Morales Iribarren.
Gracias a esta licitación, la empresa Morales Mining, de Carlos Simón Morales Iribarren, hermano de Carolina, madre de Régulo Zapata Morales, venderá a CFE miles de toneladas de carbón por 639 millones 117 mil pesos. Además, Esquivel Lozano también aparece como comisario en otra empresa, Minera Especializada Líbano, que obtuvo contratos por 155 millones 852 mil pesos.
Otro integrante de la familia, Javier Iribarren Balderrama, y su empresa Minerales La Florida, obtuvieron contratos de carbón por 901 millones 266 mil pesos, pese a que en 2019 fue señalado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) por las pésimas condiciones de trabajo de los mineros, sin medidas de seguridad ni salidas de emergencia, en las cuevas frente al poblado de la Florida en Múzquiz.
Entre las ganadoras también se encuentra una compañía constituida por Edilberto Edmundo y Rogelio Javier Montemayor García, hijos del exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, quien fue señalado en el caso conocido como Pemexgate, por el presunto desvío de mil 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos hacia el sindicato petrolero y luego a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el año 2000, aunque luego fue exonerado.
Se trata de Energía Mineral, SA de CV, que obtuvo contratos por 350 millones 588 mil pesos. Actualmente la empresa es de Pamela Tatum Garza, esposa de Edmundo Montemayor, y su hijo, Andrés Montemayor Tatum, luego de que les donó sus acciones.

En tanto, pese a la suspensión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el gobierno parecen decididos a seguir con los contratos. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, recibió días después de la orden judicial a la secretaria de Energía, Luz Elena González, y a la directora de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, para una reunión con los productores de carbón, en la que celebró que “se concretó una licitación histórica en beneficio de los pequeños, medianos y grandes productores”.
“Lo que antes se repartía entre unos cuantos, hoy está abierto para la gran mayoría. Ésta fue una reunión histórica, sin precedentes”, remató el gobernador.
Con información de Proceso.