
Una mujer fue vinculada a proceso tras ser acusada de agredir física y psicológicamente a su hija, una adolescente de 17 años con síndrome de Down, en Ciudad Juárez.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Sonia L. C. en el delito de violencia familiar agravada.
De acuerdo con la investigación, las agresiones ocurrieron de manera continua entre enero y marzo del presente año, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Kilómetro 27, donde la menor resultó con afectaciones emocionales.
La imputada fue detenida el pasado 27 de marzo mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Un juez determinó iniciar proceso penal en su contra, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe señalar que, conforme a la ley, la imputada se presume inocente mientras no se emita una sentencia por parte de la autoridad judicial.

Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.
El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
