Medidas de protección en el trabajo a víctimas de violencia doméstica, nueva propuesta en el Senado

Las secuelas de la violencia doméstica no se limitan al hogar, tocan cada aspecto de la vida de las víctimas y se traducen en afectaciones físicas, emocionales, económicas y en el empleo. Por ello, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar medidas de protección en el ámbito laboral.

La propuesta promovida por la senadora Virginia Magaña Fonseca, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea adicionar dos artículos y reformar dos más para añadir la obligación de las personas empleadoras de brindar información sobre qué es la violencia doméstica y su impacto en el trabajo.

De esta manera se busca adicionar el artículo 56 Ter a la LFT para establecer que las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica tengan derecho a solicitar medidas de protección en su trabajo para garantizar su relación laboral y mitigar efectos de las agresiones.

Medidas de protección para la violencia doméstica 

Las medidas de protección propuestas de en la reforma a la LFT son: 

• Flexibilización temporal de la jornada laboral.
• Protección temporal contra despido, salvo causas ajenas a la situación de violencia.
• Otras medidas equivalentes de carácter temporal necesarias para salvaguardar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo.

Para obtenerlas, la persona trabajadora deberá presentar a su empleador una solicitud por escrito, con carácter confidencial, así como documentos, no necesariamente de resolución judicial definitiva, que sean expedidos por autoridad, institución de salud, refugio o instancia de apoyo a víctimas que constante su situación.

Asimismo, se busca adicionar el artículo 56 Quáter, que garantice que los centros de trabajo promoverán un entorno laboral libre de violencia a través de “acciones de sensibilización, prevención y difusión” que se alineen con la nueva obligación de las personas empleadoras si se reforma también el artículo 132.

La propuesta en la fracción XXXIV de dicho numeral propone obligar a los empleadores a proporcionar “información clara y accesible sobre qué es la violencia doméstica y sus efectos en el mundo del trabajo”, así como difundir semestralmente los servicios públicos o privados para atención, protección, asesoría y denuncia.

La solicitud debe contener datos de contacto, incorporar la información en el Reglamento Interior de Trabajo, en la inducción de personal y se deberán brindar materiales físicos o digitales de comunicación interna al respecto, ello con perspectiva de género, derechos humanos, sin revictimización y resguardando la confidencialidad y privacidad.

Además, la reforma al artículo 133 prohibirá en su fracción XVIII que las personas empleadoras o representantes despidan, sancionen o discriminen a víctimas de violencia doméstica si la situación fue acreditada.

"La violencia doméstica ha sido entendida como una cuestión privada, un problema que sucede puertas adentro de los hogares. No obstante, dada la magnitud de este flagelo, la OIT, a través del Convenio 190, subraya que sus repercusiones traspasan los límites del hogar, afectando los centros de trabajo a través del ausentismo, alta rotación de personal y la pérdida de talentos”, señala la iniciativa de reforma.

Desde 2022, el México ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso, por lo que la propuesta busca alinearse con los objetivos de protección internacional.

¿Cómo impacta la violencia doméstica en el trabajo?

“La violencia familiar y doméstica puede tener impactos duraderos en la salud física y mental de una persona, así como en su bienestar económico y social. En algunos casos, puede ser fatal”, señala la investigación Violencia familiar, doméstica y sexual, del Instituto Australiano de Salud y Bienestar.

En esa línea, el informe refiere que la violencia doméstica puede afectar a toda la economía, ya que requiere mayor atención de los sistemas de salud y servicios comunitarios, las víctimas tienen pérdida de ingresos y registran una menor productividad, lo cual disminuye sus oportunidades laborales.

El problema afecta principalmente a las mujeres. La propuesta promovida por la senadora Virginia Magaña Fonseca resalta que la brecha salarial en México se agrava con la violencia doméstica, que aumenta la desigualdad económica por género, que implica gastos en recuperación de salud física y mental y servicios judiciales.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma no brinda apoyo a quienes atraviesan situaciones de violencia y atiende la corresponsabilidad social y estatal en la erradicación de esta.

“Garantizar que las víctimas puedan conservar su empleo, acceder a licencias o recibir ajustes razonables es, en última instancia, una estrategia que fortalece tanto la dignidad de las personas como la productividad y la cohesión de las sociedades”, detalla la propuesta.

La iniciativa de reforma a la LFT se encuentra actualmente en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, pero de ser aprobada por el Congreso, la propuesta plantea que entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con información de: El economista.