Senado y Poder Judicial se deslindan de informar sobre dimisiones de juzgadores federales
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A seis meses de la primera elección judicial en el país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) mantiene en opacidad el número de juzgadores electos por voto popular que han renunciado a sus cargos pese a que desde el año pasado se registraron las primeras dimisiones.
A través de diversas solicitudes vía transparencia, Proceso verificó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no está dispuesto a dar a conocer cuántos juzgadores electos el pasado 1 de junio decidieron renunciar a sus cargos.
En las solicitudes se requirió el número de juzgadores electos el pasado 1 de junio de 2025 que renunciaron a sus cargos; qué cargos ostentaban, en qué circuito se encontraban adscritos, qué razones manifestaron para renunciar y cuántas renuncias ya han sido aprobadas.
Las peticiones fueron dirigidas al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del PJF y al Senado de la República, que es el encargado de aceptar las renuncias de juzgadores federales conforme a la reforma judicial de 2024.
En su respuesta, el Senado afirmó que “no es facultad, competencia ni función de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios” conocer de esta información “hasta en tanto sean mayores a un mes y aprobadas por el órgano respectivo”.
Según la respuesta del órgano legislativo, la autoridad competente para conocer el dato es el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, la misma Cámara Alta citó el artículo 76, fracción VIII constitucional, que indica que es facultad exclusiva del Senado otorgar o negar las solicitudes de licencia o renuncia de los integrantes del PJF.
Incluso en noviembre de 2025, a sólo dos meses de asumir el cargo, se dio cuenta de la primera renuncia de un juez federal electo por voto popular en el país.
Se trató de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.
Dicha renuncia, según documentos del Senado, fue recibida el 4 de noviembre de 2025 en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
De acuerdo con declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, la renuncia de Aguirre Hernández fue informada al Senado por el OAJ y que, conforme a lo establecido en la Constitución, los senadores tienen la obligación de informar al INE para que éste indique quién obtuvo el segundo lugar en la votación popular para que esta persona sustituya al juez que renunció.
El OAJ, que además de recibir las renuncias de los juzgadores debe remitirlas al Senado de la República para el trámite contemplado en la Constitución, respondió a Proceso que no cuenta con la información desglosada de la manera en que fue requerida y no la consideró un ejercicio del derecho de acceso a la información.
“La pretensión del particular radica en la generación de un documento específico, situación que no cumple con los requisitos legales para ser considerada una solicitud en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues no existe la obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”, indicó en su respuesta.
Tampoco remitió ni siquiera en estadística simple el número de renuncias de juzgadores que iniciaron funciones el pasado 1 de septiembre de 2025 a pesar de que, conforme a lo que ocurrió con la renuncia de Aguirre Hernández sí existen registros de que el OAJ recibe las renuncias.
Retraso de información
Hasta el pasado 24 de febrero en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) no existía un área encargada de recursos humanos porque fue eliminada en la reforma judicial.
De acuerdo con la respuesta remitida por el organismo encabezado por Rafael Guerra Álvarez, en el decreto de reforma judicial publicado el 23 de diciembre de 2024 en la Gaceta de la CDMX se estableció la extinción del Consejo de la Judicatura y en la reforma a la Ley Orgánica del PJCDMX del 31 de agosto de 2025 fue eliminado todo el capítulo que regulaba la Oficialía Mayor, que dependía del Consejo, y sus áreas, entre las que se encontraba la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos.
En el artículo Décimo Sexto transitorio de esta última reforma, el Congreso de la CDMX estableció un plazo de 180 días naturales para que el Tribunal Superior de Justicia, a través de su OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial capitalino, que fueron quienes sustituyeron al Consejo de la Judicatura, realicen los ajustes a las estructuras orgánicas y manuales administrativos.
“Hasta en tanto se realicen los ajustes correspondientes a las estructuras orgánicas y manuales administrativos, tanto del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, todos del Poder Judicial de la Ciudad de México, existe una imposibilidad material y jurídica para realizar las gestiones al interior, en el caso que nos ocupa, ante la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y con ello, estar en condiciones de otorgar la debida atención a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa”, indicó el PJCDMX en el oficio TSJCDMX/13C/3 de fecha 12 de febrero 2026.
Al momento de la respuesta del PJCDMX habían transcurrido 165 días del plazo establecido por el Legislativo para la reorganización de la institución y fue hasta el 24 de febrero pasado, en el día 177, que el OAJ publicó su nuevo Reglamento Interior.
En dicho Reglamento, consultado por Proceso, se estableció que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos quedó adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Administración, dependiente del OAJ.
Por lo que durante cinco meses el PJCDMX no tuvo área de Recursos Humanos encargada de procesar los datos requeridos por esta casa editorial.
El pasado 5 de febrero, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, ganadora del puesto de juez en Adopción Nacional e Internacional en la CDMX, presentó su carta de renuncia ante el Congreso capitalino.
Con información de Proceso.
Tips al momento
Adjudica INM 2 mil 700 mdp a empresa fantasma
Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.
Aparecen pintas de Marco Bonilla en Juárez con lema “Con Bonilla sí jalo”
Bardas ubicadas sobre la avenida De las Torres en Ciudad Juárez presentan pintas con el mensaje “Con Bonilla sí jalo”, en referencia al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.
Las leyendas se observan junto a otras pintas de Cruz Pérez Cuéllar, compartiendo el mismo espacio en esta vialidad.
Hasta el momento, no hay postura oficial sobre ellas.
Cuauhtémoc Estrada se sube a las pintas de bardas
El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...
La justificación de la 4T ante el derrame de hidrocarburos en Veracruz
A pesar de los intentos de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle y la réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre lo “limpias” que se encuentran las playas veracruzanas tras el derrame de petróleo en el estado costero, un grupo de pescadores acompañados de Instituto Federal de Defensoría Pública preparan una demanda colectiva hacía el gobierno de la 4T.
El día de ayer, representantes de este grupo contactaron a medios nacionales y explicaron que sus abogados ya se encuentran integrando expedientes con testimonios, evidencias fotográficas y documentación que acredita la afectación directa a la pesca, así como también la salud pública de los turistas que visitan la costa veracruzana.
Cabe mencionar que durante los días Santos, la Nahle utilizó sus redes sociales para compartir videos e imagenes de como estaban las playas de Veracruz, mientras en comentarios la criticaban por el accidente petrolero, por si fuera poco, esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que a pesar del odio y enojo de algunas personas, las playas están limpias y seguras, sin tomar en cuenta que al menos 150 familias que viven de la pesca se han visto afectadas por el derrame.
Noroña “la víctima por siempre”
En un espectáculo digno de un personaje del guionista mexicano "Lalo el Mimo", Gerardo Fernández Noroña mantiene un papel insignificante de sentirse “la víctima por siempre”.
La falta de atención, al que orinaba en alcantarilla y regateaba cincuenta centavos por un jugo “boing”, hoy como parte de la opulencia y realeza de la 4T, se indignó porque le cuestionaron de su mansión en Tepoztlán valuadas en 12 millones de pesos y sus viajes en clase business o primera con recursos públicos.
Dice que no fue entrevista porque le hicieron preguntas de “mala fe”, pero como buena víctima salpica otros. Dijo que Maru y Alito tienen propiedades más caras.
Pero el único que no ha explicado su casa de 12 mdp en Tepoztlán y la vida que se da es “la víctima por siempre”, que ya ni en eventos de morena lo aguantan.
Fotos del AIFA desatan polémica en redes
Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartiera imágenes sobre la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En las fotografías se observa una aparente alta concurrencia en las instalaciones aeroportuarias, lo que fue destacado como muestra del funcionamiento y crecimiento del aeropuerto. Sin embargo, usuarios en distintas plataformas comenzaron a cuestionar la autenticidad de algunas imágenes.
Diversos comentarios señalan que ciertos elementos visuales como rostros repetidos, proporciones inconsistentes y detalles poco naturales podrían indicar el uso de inteligencia artificial en su creación o edición.
La polémica no tardó en dividir opiniones: mientras algunos defienden la publicación y consideran que las imágenes reflejan la realidad operativa del AIFA, otros exigen mayor transparencia sobre el origen del material difundido.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta si las imágenes fueron generadas o alteradas con herramientas de IA.
Más dinero a cuba
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha emitido una solicitud de pago por un monto de 1Millón 479 mil pesos a favor de la empresa DRAGON CHARGE, S.A de C.V.
La solicitud, dirigida al Maestro José Ernesto Maldonado Pérez, Subdirector de Operación de Programas Sociales y Encargado del despacho de la Dirección de Atención a Programas Sociales, se enmarca en el proyecto "Segunda Fase de 'Sembrando Vida" en Cuba.
Calma en el Centro: calles vacías este Viernes Santo
Las calles lucen solas esta mañana de Viernes Santo en la avenida 16 de Septiembre, en pleno corazón del Centro de la ciudad. A diferencia del habitual movimiento, el silencio y la calma marcan el paso de las primeras horas del día, en una postal distinta que deja ver otra cara del tradicional flujo urbano.
Circula en redes presunto incidente de Andrea Chávez en aeropuerto de Ciudad Juárez
En redes sociales comenzó a difundirse una publicación en la que se señala a la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, de haber protagonizado un momento incómodo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, luego de presuntamente perder un vuelo con destino a Cancún.
De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.
La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.
Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros
En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.
Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.
Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.
Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez
Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.
El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
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