
El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se encuentra de nuevo en la polémica, luego de darse a conocer que autoridades de Estados Unidos prepararían acciones judiciales en su contra por sus presuntos nexos con una red de huachicol fiscal y crimen organizado.
Según la columna del periodista Jesús Lemus, agencias estadounidenses mantienen abiertas investigaciones relacionadas con tráfico ilegal de combustible, protección política y operaciones ligadas al narcotráfico.
“Fuentes adentradas en la investigación refieren que, en breve, posiblemente en esta misma semana, vendrá el reclamo de la justicia norteamericana sobre el soberbio senador Adán Augusto López Hernández, un socio confirmado del crimen organizado en México”, señala el texto.
Las autoridades estadounidenses habrían abierto una carpeta de investigación luego de las declaraciones del excontralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina en abril pasado, quien presuntamente identificó al senador morenista como una de las figuras centrales dentro de la estructura criminal que operaba en México.
Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”, habrían encabezado una estructura dedicada al ingreso irregular de combustible por puertos como Manzanillo, Tampico y Altamira.
Las investigaciones han dado a conocer que bajo esta operación, decenas de embarcaciones habrían descargado hidrocarburos sin cubrir impuestos o utilizando registros alterados.
Además, Lemus menciona que las investigaciones estadounidenses revisan posibles vínculos entre esta red y operadores políticos, empresarios y exfuncionarios relacionados con actividades portuarias y de seguridad.
Lemus refiere que dentro de las investigaciones aparecen testimonios, reportes de inteligencia militar y documentos filtrados en los llamados “Guacamaya Leaks”.
Entre los nombres mencionados figura el del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, así como el de Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “el Comandante H”, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López como gobernador, quien se encuentra en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México .
La columna sostiene que algunos testimonios entregados a autoridades habrían señalado presuntas operaciones de protección a grupos vinculados al tráfico ilegal de combustible.
La publicación advierte que este caso podría convertirse en uno de los expedientes más delicados para el actual escenario político mexicano, debido a que el huachicol fiscal representa pérdidas millonarias para el Estado y presuntamente involucra redes de corrupción y crimen organizado.
Asimismo, se menciona que algunos operadores bajo proceso en Estados Unidos podrían buscar beneficios judiciales a cambio de colaborar con información sobre políticos, empresarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con estas operaciones.
Con información de Político.mx