Diputados aprueban en comisión dictamen a la Ley de Adquisiciones; hay susceptibilidad de corrupción de funcionarios y en dependencias: PRI
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó el dictamen a la iniciativa que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y reforma las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende crear una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para actualizar el sistema de contrataciones públicas y dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
“Así como asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado, a partir de las prácticas más óptimas en la materia, dentro del marco de la debida administración de recursos económicos de los tres Poderes”, indica.
Al inicio de la reunión, la diputada del PAN Carmen Rocío González Alonso presentó una moción para suspender la votación del proyecto para trabajar la iniciativa de una nueva Ley de Adquisiciones en mesas de trabajo o un parlamento abierto.
La propuesta no se admitió, posteriormente, los panistas se retiraron del salón en protesta por la actitud “del sicario de la transparencia”, como llamó el panista Héctor Saúl Téllez al petista Ricardo Mejía Berdeja, presidente de dicha comisión.
Posteriormente, regresaron a votar el documento, que fue aprobado por 27 a favor y cuatro en contra, para ser remitido a la Mesa Directiva, junto con el voto particular y las reservas que se hicieron llegar a la junta directiva de la Comisión para su discusión y votación en el pleno este miércoles.
Antes, Mejía Berdeja informó que se recibieron en sentido positivo de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo.
“Nos encontramos en condiciones de pasar a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a dicha iniciativa”, dijo.
La diputada Iraís Virginia Reyes De la Torre, de Movimiento Ciudadano, consideró que se puede generar un cambio, “pero esto no implica un cheque en blanco”.
“Se introducen nuevas figuras y mayores sanciones, pero por más esfuerzos que se reflejen en la ley, si no se materializan en una adecuada política pública y voluntad de acabar con la corrupción, no será efectiva”, advirtió.
El diputado del PRI, Arturo Yáñez, mencionó que en los mecanismos que plantea la reforma,” hay mucha susceptibilidad de discrecionalidad y corrupción de funcionarios y dependencias”.
“Además, son 2.5 billones de pesos lo que regula esta ley y pueden servir para programas sociales, hospitales, carreteras y escuelas”, apuntó.
El proyecto considera modificaciones a las leyes Federal de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y General de Sociedades Cooperativas, a fin de armonizarlas con el contenido de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y facilitar su implementación.
Con información de proceso.com.mx
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