Comunidades indígenas quedan excluidas en la transición energética; no fueron consultadas en 25 proyectos eólicos en Oaxaca

Cuando llegaron al estado los aparatos gigantes —como les dicen a los aerogeneradores—, habitantes de la comunidad de Unión Hidalgo, una región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, pensaron: “¿Qué será? ¿Por qué estará ahí?” Dudaron sobre si era una cosa sencilla y que les iba a beneficiar en cierta manera con el riego de plantas u otra cosa. “En menos de dos, tres meses pusieron ahí un ‘letrerote’ de que habían roto el récord mundial de generación de electricidad con esos aparatitos. Y ahí empezó el boom”, señala Pedro Matus, opositor de los alrededor de 31 proyectos eólicos que cercan su comunidad.

Así comenzaron a instalarse varias compañías. Una en El Ingenio, La Venta, en La Ventosa. Fue entre 2011 y 2012 que arribó a Unión Hidalgo el parque eólico Gunaa Sicarú. Las casas de la comunidad se encontraban a 300 y 400 metros de los aerogeneradores. El ruido de las aspas no los dejaba dormir y rompía con el sonido de su Oaxaca. Además, asegura Norberto Altamirano, habitante y docente de la zona, “no se hizo una junta en toda la población, no se convocó a la gente”.

Por este motivo, le exigieron a la empresa Électricité de France (EDF) que se realizara la consulta previa. A partir de entonces organizaron asambleas o sesiones informativas, donde se hablaba de las bondades y beneficios. Pero “la empresa tuvo la gentileza de pagar a muchísima gente para que asistiera a esas asambleas exclusivamente a gritar, a mis propios paisanos”, para generar una división entre las y los miembros de la localidad. A partir de entonces, fueron estigmatizados y recibieron amenazas, según Matus. 

 

Al alza los potenciales del viento

Así como se fueron instalando múltiples proyectos uno tras otro en Oaxaca, la energía eólica iba al alza en México. El boom que menciona Matus va de 2010 a 2020; mientras que entre 2020 y 2023, su uso como fuente de generación eléctrica se mantuvo constante. En otras palabras, no creció ni disminuyó en el último periodo, de acuerdo con el informe “Energía Verde en América Latina”. En ello coincide la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) que indica un crecimiento en la capacidad instalada de 31.51% de 2010 a 2018; en tanto que de 2019 a 2024 fue de 6.25%.

Por su parte, el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 de la Secretaría de Energía (Sener) revela que la generación de electricidad a través de la energía eólica muestra un altibajo sostenido en el primer semestre de 2019 a 2022, (29.2%, 28.5%, 25.8% y 24.7%, respectivamente). Mientras que en 2023 avanzó unos puntos porcentuales, hacia 27.6%.

Parece que 2025 será diferente, pues el año pasado se tenían 71 parques y 7,683 megavatios instalados en energía eólica; en tanto, en lo que va de 2025 se tienen 74 parques y 7,782 megavatios de capacidad instalada, esto último a decir del presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra. 

La energía eólica representa un motor de desarrollo económico y una oportunidad para generar empleos verdes, promover el desarrollo social y posicionar al país en la transición energética, agrega el directivo. Sin embargo, las ventajas o ganancias para las comunidades donde se implementan estos proyectos son, con frecuencia, olvidadas.

 

 

Comunidades indígenas quedan excluidas en transición energética; no fueron consultadas en proyectos

Una prioridad es una consulta previa e informada. Informada significa dar a conocer todos los puntos tanto positivos y negativos de lo que implica la implementación de un parque eólico, así como la mitigación o resarcimiento de daños. En otras palabras, una transparencia real. 

El 23 de febrero del año en curso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a entregar información sobre los “parques y plantas eólicas situadas en Oaxaca”, puesto que en 2024 una persona presentó un recurso de revisión —un medio legal para impugnar una respuesta de un sujeto obligado a dar información— ante el Instituto.

Esto se debe a que no hay precisión en las cifras y da cuenta de una transparencia limitada. En un escenario imaginario, si se realizara una consulta con transparencia real, después de ello seguiría para las empresas cumplir los acuerdos establecidos con la comunidad. 

En ese sentido, los escenarios se diversifican, puesto que la normativa en México ha sido modificada recientemente. La anterior legislación energética de 2013 es calificada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “un despojo” que “benefició los bolsillos del sector privado”. Además, fue el marco bajo el cual se instalaron la mayoría de los proyectos eólicos hasta hoy activos en el país. Ante el inicio del sexenio de la mandataria, ésta creó un nuevo marco regulatorio para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que incluye una serie de reformas bajo el rumbo de una transición energética “justa”, englobado en lo que se ha denominado como “leyes secundarias”. Incluyen la expedición de nueve leyes secundarias y la armonización de tres iniciativas. 

Todas ellas fueron aprobadas con 332 votos a favor y 83 en contra, una mayoría que representa el 80% del quórum. El 18 de marzo, en el marco del 87º Aniversario de la Expropiación Petrolera, se firmaron los decretos para que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Asimismo, son la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) las que establecen lineamientos para el impulso de energías limpias; pero no se establecen metas claras ni incentivos específicos para impulsar las energías renovables como la eólica. 

Respecto a la consulta previa, la LSE habla acerca de la ampliación de espacios de participación inclusiva, principalmente de los pueblos originarios, en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos, los cuales incluyen a los eólicos. De igual modo, menciona que cada proyecto del sector eléctrico debe contar con una Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético emitida por la Secretaría de Energía (Sener); ésta, aparte de medir el impacto social, con base en la evaluación establecerá medidas de mitigación para proteger los derechos humanos y la sostenibilidad en las comunidades afectadas.

Y, aparte, incorpora el término de “justicia energética”, definiéndolo como  las acciones o estrategias encaminadas a reducir la pobreza energética, y las desigualdades sociales y de género en el uso de la energía. Al mismo tiempo de que busca impulsar el desarrollo regional y la prosperidad compartida mediante el acceso a energía e infraestructura energética confiable, asequible, segura y limpia.

En tanto que, la Ley de Planeación y Transición Energética de igual manera agrega la justicia energética y sostenibilidad como parte importante. Busca que los actores del sector garanticen el respeto a los derechos humanos ambientales y sociales. Además, se adiciona el Sistema Nacional de Información Energética para mejorar la transparencia; no obstante, queda ver la implementación de toda esta normativa en la práctica.

Asimismo, a nivel global, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas y tribales cuando se desarrollen proyectos que puedan afectar sus derechos o intereses, y México lo ratificó.

Oaxaca, a la cabeza en energía eólica

En 1994 se instaló el primer parque eólico tanto en México como en Latinoamérica, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de La Venta en Oaxaca, que comenzó como un proyecto experimental llevado a cabo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Eligieron Oaxaca bajo el argumento de promover el desarrollo económico de uno de los estados con mayores niveles de pobreza y reducir los gases de efecto invernadero generando energía limpia.

Hoy, la mayoría de la capacidad instalada del país en energía eólica se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, con 2,758 megavatios contabilizados en 2024 y el mayor número de parques (28), reuniendo así 1,583 aerogeneradores, según información del gobierno del estado de 2019 (esto varía según diferentes fuentes).

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señaló al término de 2024 que “contaba con 27 permisos de generación de energía eléctrica con tecnología eólica” en el estado. Sin embargo, a la fecha se desconoce con certeza cuántos aerogeneradores hay en total, así como antenas y torres eólicas. Asimismo, en tierras oaxaqueñas está uno de los parques que fue considerado uno de los más grandes de América Latina: “Energía Eólica del Sur”, donde se generan 396 megavatios.

Esto contribuye a eliminar la emisión de 567 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) y permite un crecimiento económico de 3.9% para el estado.

No obstante, tras 31 años desde la instalación de la primera eólica en la zona, se espera que tanto el sector privado como el público estén abiertos a ver las afectaciones que actualmente se están manifestando para mejorar los futuros proyectos.

Comunidades se perciben sin beneficios por las eólicas

La otra cara de este avance verde es el descontento de las comunidades, quienes consideran no han obtenido los beneficios prometidos por las eólicas. Esto también se puede ver en otros proyectos en Oaxaca, como en La Ventosa. O incluso en otros estados como Chiapas, donde, por ejemplo, Juan Carlos Castro Clemente, habitante de Villa del Mar con rancherías a uno y dos kilómetros de dos proyectos eólicos en San Jacinto, Arriaga, señala que la comunidad no ha obtenido ningún beneficio; únicamente quienes arrendaron sus tierras. 

Tampoco, asevera, hubo una consulta comunitaria que incluyera a toda la población aledaña, sino a unas cuantas personas que tenían intereses económicos; y no se difundió información sobre el proyecto.

Sin embargo, parece que los casos sin consulta previa destacan en Oaxaca, también las limitadas políticas energéticas y estrategias para lograr una aceptación social genuina. Esto se debe principalmente por la cantidad de proyectos eólicos en el estado.

Es recurrente el rechazo comunitario

En ese sentido, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC) tiene registrados más de 25 proyectos de parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya consulta previa a las comunidades no fue realizada. Aunque se buscó confirmar este dato, la limitada información al respecto no lo permitió.

Un obstáculo recurrente en las eólicas es el rechazo comunitario. Este problema radica en la falta de una consulta adecuada, transparencia y beneficios tangibles para las comunidades donde se implementan estos, explica Guillermo Torres Domínguez, coordinador de justicia para PRODESC.

Uno de los problemas más comunes radica en la tenencia de la tierra debido a una falta de transparencia y de consulta previa informada. En México, además de la propiedad privada y la pública, existe la propiedad agraria, que implica el cumplimiento de una serie de requisitos cuando una tercera persona quiere utilizar esas tierras que le corresponden a un ejido, que es una comunidad agraria. Algo muy ocurrente es que se hacen pasar esas tierras agrarias como propiedad privada. Es decir, se suscriben contratos de arrendamiento bajo el derecho civil, en contravención del derecho agrario. 

Ejemplo de ello es el proyecto eólico Piedra Larga, en Unión Hidalgo, Oaxaca. Tras doce años de litigio —añade Torres—, el Tribunal Colegiado ya confirmó que estas tierras son agrarias y que, por tanto, los contratos son nulos. Todo esto porque las empresas no observan los criterios y las directrices que ya se han definido internamente para el derecho a la consulta.

 

Comunidades indígenas quedan excluidas en transición energética; no fueron consultadas en proyectos
Localización geográfica de Unión Hidalgo, respecto a otras comunidades con aerogeneradores. Foto: Imagen ProDESC.

Licencia social y consulta previa: ¿es lo mismo?

La licencia social es un término muy utilizado en la jerga empresarial, en especial, vinculado al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que al final implica un cumplimiento voluntario de actividades de estilo asistencialista a fin de generar beneficios en las comunidades, indica Torres. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a respetar los derechos humanos de las comunidades.

Por eso, las empresas suelen lograr la licencia social o la legitimidad del proyecto con base en el otorgamiento de becas, programas sociales para la educación, la salud o el trabajo. No obstante, tendrían que asegurar una verdadera consulta (libre, previa e informada) de los proyectos, sin intervenciones por parte de las empresas, antes de obtener las autorizaciones o los permisos involucrados, no después.  

En otras palabras, ello representa garantizar el otorgamiento de beneficios equitativos para las comunidades que no se traduzca solamente en regalar lentes a veinte niños y niñas, por ejemplo, sino que sea proporcional; pero, actualmente, “la desproporción es abismal”, explica Torres.

De ahí que la obtención de lo que las empresas denominan “licencia social” se ha convertido en un proceso conflictivo, donde los derechos de las comunidades a menudo quedan relegados a un segundo plano.

“Cuando la realidad de las cosas es que una perspectiva de derechos humanos implica, primero, reconocer que es una obligación establecida respetar los derechos humanos. Sí a cargo de su verificación o cumplimiento por parte de las autoridades, pero cuyos destinatarios son las empresas”, asevera el experto. 

En cuanto a los empleos, Irene Arranz, directora de Mercado y Desarrollo de Negocios de Siemens Energy, señala que, desde su experiencia, durante la fase de construcción de un parque eólico, se generan aproximadamente 300 empleos por cada 100 megavatios, y en la fase de operación, alrededor de 40 empleos permanentes para los siguientes 20 o 25 años. La experta asegura que los proyectos suelen ir acompañados de iniciativas como la creación de centros de formación y universidades, que fortalecen el desarrollo local.

Además, indica que las comunidades fueron consultadas según la normativa en la que se exige que los proyectos deben tener la consulta indígena aprobada antes de comenzar su construcción. 

Respecto a iniciativas con beneficio social, la especialista destaca “Tejiendo el viento”, un programa que impulsa la economía de las artesanas en el Istmo de Tehuantepec. Incluye capacitaciones en gestión financiera y diseño creativo, así como apoyo para la comercialización de productos a nivel nacional e internacional. Hasta 2024, el programa impactó a un promedio de 140 artesanas de 12 comunidades, resalta.

Una verdadera consulta previa beneficia a las compañías

Por su parte, Evelina Marín, directora senior de Sustentabilidad en Engie México, explica que las empresas deben entender realmente lo que necesitan las distintas partes interesadas. En ese sentido, considera que es necesario mirar que los procesos sociales no están aislados de otros procesos ambientales y financieros. “Cuando uno logra entender esto, puedes entender cuál es la sinergia del impacto que estás causando y tener acciones contundentes para atender”.  

Para Marín, los conflictos con las comunidades cuando se instalaban los grandes desarrollos eólicos o fotovoltaicos se deben a que “no se tenía una consciencia clara o no se quería tener una consciencia clara de que quien recibe el impacto en el sitio tiene una voz y puede ejercer mucha presión sobre tu proyecto”.

Como se ha visto, personas de las comunidades no se perciben beneficiadas por estas empresas. El reto ante el nuevo marco regulatorio en puerta es hacerlo más robusto, garantizando el derecho a la consulta previa para evitar conflictos y asegurar una transición energética justa. Sobre todo, considerando que es uno de los objetivos planteados por la administración actual, y también uno de los ejes rectores de la Agenda de la AMDEE que representa a 71 desarrolladores, fabricantes y proveedores de servicios relacionados con el sector.

Al respecto, Torres señala que el paquete de reformas energéticas de 2023 mejora los derechos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México —lo que en la actual administración se mantiene—. En específico, estableció que la consulta, además de llevarse a cabo,  tiene que incluir en el resultado un apartado sobre los beneficios equitativos para la comunidad donde ese proyecto se va a desarrollar.

Por otro lado, el abogado señala que la debida diligencia corporativa de derechos humanos también es fundamental. No se trata solo de obtener una “licencia social”, sino de asegurar que las comunidades sean parte activa en la toma de decisiones y que reciban beneficios proporcionales a los impactos de estos proyectos en su territorio. Solo bajo estos principios podría reducirse la oposición a la energía eólica y allanarse el camino hacia un desarrollo sustentable que respete los derechos de las comunidades involucradas.

 

Comunidades indígenas quedan excluidas en transición energética; no fueron consultadas en proyectos
Unión Hidalgo logra nulidad de aerogenerador. Foto: ProDESC

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina, tomado de Animal Político.

Tips al momento

Aparecen pintas de “Cruz” en Delicias

Como ya es costumbre de cara a los procesos electorales, comienza la lucha por la promoción anticipada con el juego de palabras, pintas de bardas y hasta espectaculares de supuestas entrevistas en medios de comunicación.

Por ejemplo, en Delicias aparecieron unas pintas en bardas que indirectamente promocionan a Cruz Pérez Cuéllar, el cual ha dicho que buscará la candidatura a la gubernatura del Estado por Morena.

Las pintas llevan el mensaje “CRUZando Chihuahua”, con el mapa del Estado. Esto es un claro mensaje de promoción hacia el alcalde. Hay que recordar que hace unos días se sumó a su equipo el ex panista Eliseo Compeán...


Cierra filas PAN y PRI con MC para la libertad de expresión absoluta en Chihuahua vs Ley Censura

Los partidos del PRI y PAN, se sumaron este día a la propuesta de reforma a la constitución que presentó el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para que contra los intentos de censura que se viven en el país, en Chihuahua la libertad de expresión sea absoluta, inviolable y su ejercicio no podrá ser restringido directa ni indirectamente. 

La Constitución local reconoce derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, el acceso a la información y la protección de los periodistas, aún no existe una disposición que reconozca de manera expresa y autónoma el derecho a la libertad de expresión. 

Aunque la presidenta de la república aseguró que “no hay censura ni espionaje”, el debate evidenció la necesidad de que los estados federados cuenten con mecanismos propios para proteger, de manera efectiva, la libertad de expresión dentro de sus territorios.

La libertad de expresión absoluta que propuso el legislador colocaría al Estado a la vanguardia en materia de derechos humanos, sino que dotaría de certeza jurídica a las personas, a los medios de comunicación, a los activistas, a las organizaciones civiles y a toda forma de expresión pública.

“Resulta preocupante y hasta alarmante que en una democracia consolidada todavía se deba blindar mediante reformas constitucionales un derecho que debería ser incuestionable. El poder político, en lugar de temer a la crítica, la burla, la sátira o la mofa, debe asumirlas como un termómetro de la salud democrática y como una oportunidad para mejorar. La persecución a ciudadanos por sus opiniones es señal inequívoca de retroceso autoritario”, sentenció el legislador.

La propuesta es la siguiente, dentro del artículo 4 Constitucional:

En el Estado de Chihuahua la libertad de expresión es absoluta. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio, sin censura previa ni injerencia de autoridad alguna. La libertad de expresión es inviolable y su ejercicio no podrá ser restringido directa ni indirectamente. Cualquier acto, disposición, omisión o medida de autoridad que tenga por objeto suprimir, obstaculizar, condicionar o menoscabar este derecho será nulo de pleno derecho.


Adelanta Javier Lozano felicitaciones a Maru por su cumpleaños 

El panista Javier Lozano, se adelantó a las felicitaciones hacia la gobernadora Maru Campos con motivo de su cumpleaños.

La mandataria cumple su onomástico mañana jueves 11 de septiembre, sin embargo ya hubo personajes de la política nacional  que han adelantado su felicitación.

El 11 de septiembre cumple años la gobernadora Maru Campos, y comenzaron personajes de la vida política, económica y social a expresar las felicitaciones a la mandataria.

Javier Lozano, expresó en redes "#AvisosParroquiales Hoy es cumpleaños de mi muy querida, admirada y respetada amiga @MaruCampos_G, Gobernadora de Chihuahua, a quien le mando un fuerte abrazo, a reserva de dárselo, personalmente, muy pronto. Felicidades".


Consejo Consultivo de Vialidad, desconoce operativo del "Grito" 

Trascendió que el Consejo Consultivo de Movilidad aún desconoce el operativo que se estará implementando el próximo lunes por las fiestas patrias.

Dicen que este desconocimiento del operativo muy probablemente estaría relacionado con el hecho de que el subdirector de Movilidad, César Komaba, está más pendiente de su toma de protesta el próximo domingo como nuevo presidente del PAN municipal

A esto se le suma que el Consejo Consultivo de Movilidad aún desconoce el número de accidentes que se registraron la primera semana de clases a pesar del caos vial que estos mismos provocaron, cifras que también da la subsecretaría.


Manifestante pro “quezada” en Informe de Cruz 

A través de las redes sociales circula una imagen en donde aparece tomándose con Cruz Pérez Cuéllar, una de las personas que se manifestó el pasado jueves en contra de Marco Bonilla en el exterior del CDEPAN en el marco de la gira de Jorge Romero.

La mujer que se identificó como Imelda Medina, ante los medios de comunicación el día de la protesta contra Marco Bonilla y en favor de Marco Quezada al exterior del CDEPAN.

Ella ha sido señalada dentro de Morena de ser “gente de Marco Quezada” y que ahora pretende ser presidenta seccional de Morena.

En las redes sociales señalaron que la mujer apareció ahora acompañando al alcalde Cruz Pérez Cuéllar en su informe de gobierno en el estadio 8 de diciembre en Ciudad Juárez


Myriam Hernández mueve el marco en la UACH

La llegada de la expresidenta del tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, como nueva Directora de Planeación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde luego ha sido la gran sorpresa de la jornada, aunque el nombramiento tenga sabor a enroque pues quien ocupaba ese espacio universitario, Marcela Herrera, es ahora la nueva presidenta del Poder Judicial.

La verdad es que la llegada de Myriam Hernández a la UACH está provocando todo un cambio en el mosaico interno del Alma Mater, pues ya se pone la antesala de la rectoría y esto le sacude el tapete a varios que andaban muy acelerados como el caso de la directora de la Facultad de Contaduría, Cristina Cabrera, que trae un verdadero desorden al interior de la institución; también en las áreas de derecho y humanidades y rebota también en el área de economía. 

Hernández es una nueva jugadora de grandes ligas con una muy buena imagen que la posiciona en la antesala para ser la primera mujer en Rectoría, en este hándicap que termina también con todo el periodo y Chihuahua en el 27 si no es, como muchos dicen, una sorpresa que pueda adelantarse la llegada de un perfil como la exmagistrada que le da un soporte importantísimo a la UACH, según lo destacó en la toma de posesión el Maestro Luis Rivera, sorpresas que no dejan de darse en el ámbito local…

Miriam sacó el reto de estar al frente del TSJE, en una de las condiciones más difíciles. Pero la lectura central, es la confianza y el mensaje que manda Maru a la máxima casa de estudio, en donde los acelerados y complotistas han de estar pasando un trago amargo...


Entregará Congreso en sesión solemne la "Medalla Chihuahua al Mérito Educativo”

El Congreso del Estado habrá de celebrar este jueves la Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento “Medalla Chihuahua al Mérito Educativo”, en su Edición 2025, y posteriormente la Sesión Ordinaria.

Desde el pasado 17 de junio se anunciaron a los ganadores de la Medalla al Mérito Educativo 2025.

En la categoría individual es Alejandro Ocón Herrera con el trabajo titulado “Cuidar a quien te enseña también es enseñar; juego, emoción y vocación en el corazón”, un proyecto desarrollado en nivel de primaria rural, en Cuauhtémoc, Namiquipa y Riva Palacio, la propuesta fue desarrollada como una intervención pedagógica surgida dentro de los consejos técnicos escolares, incorporando elementos tecnológicos para el diseño de juegos interactivos y la reinterpretación de juegos tradicionales con el fin de provocar la reflexión colectiva para fomentar la apropiación del nuevo modelo educativo a partir de la experiencia y sensibilidad de cada participante.

En la categoría por equipo, los ganadores son Elizabeth Ceniceros Chávez, Blanca Eugenia Sáenz Villatoro, Genaro Urías González y Juan David Mancinas Torres, con el trabajo “Aulas sin violencia”, desarrollado con estudiantes de nivel secundaria en una escuela de Urique. El proyecto parte de la iniciativa docente y está basado en la observación de la realidad relacionada con los conflictos cotidianos al interior del plantel, en el entorno social y en toda la comunidad, lo que afecta el bienestar emocional, social y académico de todos los involucrados. Se centra en la recreación de habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica y con patrones de comunicación que priorizan el diálogo.

Se registraron un total de 72 trabajos inscritos, 51 individuales y 21 de equipo, los cuales representan 111 participantes en esta edición.


¿Continuará Francisco Fierro en el TSJ?

Trascendió que el perfil que llega a la Secretaría General del Poder Judicial es Francisco Fierro, quien ya ocupó este cargo durante la administración que recientemente concluyó Myriam Hernández...

Fierro asumió la Secretaría General del TSJ tras la salida de Fernando Mendoza, quien resultó electo magistrado en diciembre de 2023...

A más de un año y medio en el cargo, fuertes rumores señalan que Francisco Fierro podría continuar, ya sea por su experiencia en la función o como parte de un posible pago de favores...


Sin representación Chihuahuense en la mesa directiva del Senado 

Llamó la atención que en la conformación de la mesa directiva del segundo año legislativo del Senado de la República no hay ningún senador chihuahuense y como era de esperarse hay una inclinación hacía la izquierda, con solo un representante del tricolor, dos panistas y un emecista de los 12 legisladores que la conforman. 

Fue el día de ayer que se definió la conformación de la misma y se rindió protesta a la ahora presidenta del Senado y morenista, Laura Itzel Juárez y los demás integrantes, destacando que de parte de Chihuahua no existe representación, excluyendo inclusive a senadores morenistas como Andrea Chávez, quien buscaba la presidencia, y Javier Corral. 

A esto se le suma que únicamente cuatro de los 12 legisladores son de oposición la Senadora panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, quien tomó protesta como segunda vicepresidenta; Claudia Edith Anaya Mota del PRI como secretaria; Gustavo Sánchez Vásquez del blanquiazul y Néstor Camarillo Medina de MC, estos últimos también en cargos secretariales. 

Los demás integrantes son de Morena o partidos afines, como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PVEM quien asumió la tercera vicepresidencia y la ahora secretaria, Lizeth Sánchez García del PT. 


Andrea Chávez lleva plana de senadores a la candidateable Ariadna Montiel 

Dos de las candidateables de Morena a la gubernatura del Estado, Ariadna Montiel y Andrea Chávez, sostuvieron un encuentro enmarcado en la agenda institucional de la Secretaría del Bienestar y la agenda legislativa en esta materia.

Andrea Chávez del "Grupo Tabasco", confirmó que previo al inicio del nuevo periodo legislativo, se reunió en la jefa política del "Grupo Coyoacán", Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar.

A la reunión de Ariadna Montiel acudieron las y los senadores de todos los grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión de Bienestar en el Senado de la República, que preside Andrea Chávez.


Rumbo al 2027 desde el Estadio Monumental Chihuahua 

El Estadio Monumental de Béisbol Chihuahua, arrancó este viernes con la gran final de Dorados vs Indios, misma que fue encabezada por los alcaldes, Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar. 

Con un estadio totalmente lleno fue el escenario perfecto para la pasarela de los candidateables, mismos que con mensajes subliminales como portar el “27” en sus jerseys no dejaron de desearle buena suerte a su equipo, así como posar en las fotografías con los aficionados. 

Como era de esperarse al momento de la presentación del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue recibido con abucheos por parte de los asistentes, acto que seguramente será repetido la próxima semana, si Bonilla asiste a la frontera.

Quién también asistió a este partido fue el regidor morenista Hugo González, quien portó un jersey de los dorados, dando ese afinado toque de que va por la alcaldía de la Capital.


Denuncian en redes la falta de logística en concierto de Shakira

En redes sociales han comenzado a circular videos donde denuncian falta de logística en el concierto de Shakira, mismo que fue de gran magnitud por el tipo de artista. 

Desde falta de elementos de vialidad que abanderarán la zona, hasta afectación a vecinos que viven por dicho lugar, por el gran embotellamiento, aunado a la falta de palabra de los mismos organizadores, pues en un inicio se había anunciado que la artista estaría saliendo a partir de las 8:30 horas y salió hasta las 10:00 horas. 

Dicen, que por algo no es común que en la Capital se tengan este tipo de eventos, pues no estamos preparados para eventos masivos con artistas internacionales.


La UGRCh, ausente en reciente reunión con titular de la SADER

En la más reciente reunión con Julio Berdegué, secretario de la SADER, donde estuvieron presentes representantes exportadores de ganado de Sonora, Durango y Coahuila, con el fin de trabajar en conjunto para gestionar el apoyo tanto de los gobiernos estatales como el Federal con créditos que permitan la reconversión del sector, por parte de Chihuahua ningún representante estuvo presente, aunque de hecho hay la especulación de que el presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos, ni siquiera fue invitado.

Con la frontera cerrada a la exportación a EU, los productores están prácticamente obligados a vender a precios de remate, debido a la falta de defensa institucional, lo cual es un golpe directo al bolsillo para miles de familias.

Lo anterior, al parecer, es aprovechado por algunos empresarios, quienes capitalizan la crisis al favorecer el envío de carne procesada al utilizar la entrada de ganado proveniente de Nicaragua para abaratar el nacional.

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