Desde Fox hasta AMLO: empresas fantasma se llevaron más de 11 mil 400 millones de pesos

Justo antes de llegar a San Fernando, Tamaulipas, a medio camino entre Victoria y Reynosa, la Carretera Federal 101 traza una perfecta línea recta flanqueada por granjas y envuelta de silencio. En 2002, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (actual SICT) pagó 10.4 millones de pesos a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo por una obra de reparación, pero no existen pruebas de que se haya realizado.

Esta misma firma fue señalada en 2019 como inexistente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y saltó a la fama después de que su fundador fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de cargos como conspiración para violar la ley y lavado de dinero. 

La obra, que debía hacerse en el tramo entre Ciudad Victoria y Reynosa, es uno de los primeros contratos documentados entre empresas fantasma y el Gobierno federal, una práctica que se expandió a decenas de dependencias de todo el país en los siguientes sexenios. 

El SAT publica una lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), que incluye a compañías sin activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios que afirman ofrecer, o cuyo domicilio es ilocalizable, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que define las características de las también llamadas factureras.

A pesar de estar catalogadas como EFOS, cientos de empresas como Villa de Aguayo consiguieron durante años contratos con entidades gubernamentales. A veces eran  montos pequeños que se perdían en la inmensidad de los presupuestos nacionales, pero también recibieron grandes cantidades. Desde el sexenio de Vicente Fox, las distintas administraciones han entregado contratos por miles de millones de pesos a empresas que no cumplen con los trabajos encargados, subcontratan a otras para realizarlos o los hacen con retrasos, problemas de calidad y a sobrecosto.

Durante casi dos años, Quinto Elemento Lab analizó una base de datos elaborada junto con investigadores del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para ello se cruzaron contratos publicados en CompraNet de 2002 a 2022 con el listado de EFOS definitivas, es decir, de empresas que no lograron rebatir las acusaciones del SAT. Esta investigación considera únicamente las EFOS incluidas en ese listado hasta el 31 de enero de 2023, por lo que es posible que en posteriores actualizaciones algunas de las compañías fantasma contabilizadas aquí hubieran quedado excluidas del registro.

Además, se revisaron cientos de expedientes de contratación, facturas y documentos probatorios, se entrevistó a personas expertas y ex servidoras públicas, se visitaron domicilios de empresas y obras, y se realizaron más de 3 mil  solicitudes de información.

Los hallazgos de este reportaje exponen por primera vez la magnitud de los recursos federales destinados a empresas fantasma mediante una práctica institucionalizada de contratos gubernamentales, la mayoría bajo un esquema transexenal.

El análisis reveló que, desde el gobierno de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador, 486 secretarías, organismos e institutos federales y estatales, empresas del Estado, universidades y gobiernos municipales, firmaron 3 mil 529 contratos con 834 proveedores fantasma —823 empresas y 11 personas físicas— por 11 mil 492 millones de pesos.

La cifra es mayor que la suma del presupuesto asignado en 2025 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Diputados; rebasa los recursos destinados a los programas de Vivienda Social y de Mejoramiento Urbano, y duplica el presupuesto del Programa de Vacunación. Es como si el Gobierno hubiera entregado, a lo largo de 20 años, 1.52 millones de pesos diarios a empresas fachada.

“Es demasiado dinero. Muchos miles de millones de pesos de los que estamos hablando”, subraya Luis Pérez de Acha, abogado experto en EFOS y temas anticorrupción.

Fox y las primeras señales de las EFOS

En el sexenio foxista se entregaron 183 contratos por mil 102 millones de pesos a 40 compañías que más tarde serían declaradas inexistentes. Aunque la figura de las EFOS nació en 2014, muchas de las empresas que inmovilizó el SAT también fueron contratistas en administraciones anteriores, según la base de datos integrada por el OCI y Quinto Elemento Lab.

La figura de EFOS existe apenas desde 2014, por lo tanto, la mayoría de los contratos se firmaron cuando las compañías todavía no eran consideradas factureras, aunque tenían algunas de sus características. El hecho de que no fueran consideradas factureras, se convirtió en “la excusa preferida de los funcionarios públicos”, de acuerdo con una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Así, las firmas fachada hicieron negocios con dinero federal durante un promedio de ocho años. Aunque tarde o temprano fueron declaradas EFOS.

El trato más antiguo documentado con una compañía facturera se remonta a marzo de 2002, en el sexenio de Fox. Apenas era de mil 342 pesos. Pero un mes después la SICT otorgó un contrato por más de 18 millones de pesos a la empresa que acapararía tres cuartas partes del dinero que en ese periodo acabó en manos de fantasmas: Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.

La principal característica de una EFOS, coinciden los expertos, es la falta de materialidad, que es la incapacidad de comprobar “mano de obra, materia prima, instalaciones, el lugar de trabajo y otra documentación que acredite la relación con clientes y proveedores”, explica una exfuncionaria del área del SAT encargada de identificar empresas inexistentes. A pesar de ello, Villa de Aguayo logró obtener múltiples contratos millonarios con dependencias federales y estatales.

La compañía fundada por Fernando Alejandro Cano Martínez no solo era una facturera. Una investigación iniciada en Estados Unidos acusó a Cano de ser prestanombres del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, para quien adquiría propiedades en territorio estadounidense con dinero proveniente de sobornos pagados por el cártel de Los Zetas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) también abrió una pesquisa y aseguró la empresa en 2012.

Por medio de correos electrónicos registrados ante el SAT se buscó a Cano y a la empresa Villa de Aguayo, pero no se obtuvieron respuestas. No se encontró forma de localizar al accionista por otros medios.

Varios años antes de ser declarada EFOS, Villa de Aguayo recibió 774.4 millones de pesos de recursos federales mediante 28 contratos con la SICT y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas para construir o rehabilitar carreteras en Tamaulipas y Nuevo León, en tiempos de Fox.

Fue también contratada por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) —hoy extinto— para edificar un par de dormitorios del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México, junto al Autódromo Hermanos Rodríguez. El costo de las obras ascendió a 42.9 millones de pesos.

Pero al término del sexenio foxista, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Nelson Vargas, denunció que la obra no se había concluido. El exfuncionario declinó hacer comentarios para esta investigación. 

Una revisión fotográfica de las instalaciones del CNAR da muestra de la existencia de los dormitorios, aunque no fue posible determinar qué constructora finalizó la obra. La institución que absorbió al CAPFCE negó, a través de una solicitud de información, la existencia de los contratos referidos. 

Tan solo tres contratos de Villa de Aguayo tuvieron un reporte de cumplimiento, como actas de entrega-recepción. Son proyectos de la SICT en Nuevo León firmados por el subdirector de Obras, Miguel Ángel García Cisneros. El funcionario permaneció en el cargo durante la administración de Felipe Calderón, hasta que fue inhabilitado por autorizar pagos de trabajos no realizados y denunciado penalmente, según publicó Animal Político.

El resto de las empresas fantasma que se repartió el botín en el gobierno de Fox siguió un patrón similar al de Villa de Aguayo: en contratos solicitados por Transparencia, las instituciones tampoco pudieron comprobar más de 40 millones de pesos destinados, sobre todo, a remodelaciones, obras públicas y mejoras en escuelas.

El sector energético con Calderón, el favorito de las factureras

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los recursos federales destinados a 229 empresas que después serían declaradas EFOS sumaron 5 mil 333 millones de pesos, más de lo que con Peña Nieto terminaría en las bolsas de las factureras detectadas por el SAT. 

Uno de los rubros a los que el gobierno calderonista destinó millones de pesos que acabaron en empresas fantasma fue, como su predecesor, el de carreteras.

A pesar de la falta de pruebas de cumplimiento durante la administración de Fox, Villa de Aguayo obtuvo nuevos contratos por 656 millones de pesos en el sexenio de Calderón hasta 2011, un año antes de estar bajo la lupa de autoridades de México y Estados Unidos. 

Sin embargo, la mayor parte del dinero destinado a compañías fachada fluyó por el sector energético: Petróleos Mexicanos (Pemex) y subsidiarias como Pemex Petroquímica —ahora Pemex Transformación Industrial— y Pemex Exploración y Producción, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asignaron 2 mil 529 millones de pesos a factureras. La máxima ganadora fue Zapata Internacional, empresa petrolera fundada en Reynosa a la que un solo contrato por mil 809 millones de pesos le bastó para convertirse en la reina de las empresas fantasma.

Otra distinción del calderonismo fue que las compañías de papel eran más jóvenes. Mientras que con Fox las EFOS promediaban 5.7 años entre su fundación y su primer contrato federal, con Calderón este lapso bajó a 4.4 años; además, 70 por ciento de las factureras contratadas durante su mandato nacieron en ese mismo periodo.

Las contratistas gubernamentales de reciente creación son “figuras de riesgo”, pues tienen más probabilidades de ser factureras, señalan expertos. Al carecer de experiencia, “pueden incumplir con el objeto contractual y configurar algún esquema de desviación de recursos”, explica Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Un ejemplo es Cronos Industrial, fundada en 2007 en Guanajuato por dos estudiantes de 19 y 20 años, que hizo honor a su nombre como titán del tiempo: su primer contrato federal le llegó a los cinco meses de vida. Pese a su nula experiencia, la CFE le adjudicó directamente un convenio de 247 mil pesos para el mantenimiento de una termoeléctrica en Guerrero. 

En total, durante el periodo de Calderón, la compañía firmó 48 contratos por más de 234 millones de pesos, todos con la CFE, a excepción de uno con Pemex Refinación. En ningún caso, la CFE entregó a Quinto Elemento Lab facturas o documentos probatorios de los supuestos servicios.

En el sexenio calderonista también tomaron fuerza las “todólogas”, firmas que “sirven para todo, hacen mil cosas, venden de todo y construyen”, dice la especialista del IMCO.

Los casos son tan variados como sorprendentes. Por ejemplo, la FGR (entonces PGR) le compró cuatro cachorros caninos para detectar explosivos a Grupo Empresarial Ven Del Bajío, que según su acta constitutiva se dedicaba a la fabricación y venta de productos de piel y tapicería en León, Guanajuato. 

Y aunque su objeto eran los servicios contables, de mercadotecnia y publicidad, Arroba Administración y Servicios igual dio un taller de compras públicas a funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que vendió tornillos a la extinta Policía Federal. La empresa, con los años, acabaría participando en el esquema de la llamada “estafa maestra”, por medio de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La diversificación de los contratos espectrales con EPN

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las compras a empresas fachada se diversificaron. En ese periodo se repartieron 4 mil 872 millones de pesos entre 664 EFOS, mediante 2 mil 346 contratos. Los rubros con mayores asignaciones fueron infraestructura, con mil 474 millones de pesos, y educación, con 629 millones.

En el sector educativo destaca la empresa estatal Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), encargada de la impresión de los libros de texto gratuitos y del Fondo de Cultura Económica, además de lonas para eventos oficiales.

La impresora pagó 333 millones de pesos a la neoleonesa Comercializadora Mahoy por cinco adquisiciones de “kits de evaluación de desarrollo infantil” y “kits de estimulación temprana”, que luego revendió al extinto Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó sobrecosto en las compras a Mahoy, lo que desembocó en una denuncia penal en 2021. La dependencia no proporcionó una postura a los hallazgos de esta investigación.

Las fugas de recursos también ocurrieron en oficinas educativas estatales y universidades, que canalizaron 215 millones de pesos a factureras, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 44 millones de pesos en compras que incluían desde ropa de protección para el personal, mantenimiento a cámaras de seguridad, material didáctico y mapas de aprendizaje para programas de educación física de nivel básico, hasta maquillaje. 

Los miles de registros de la base de datos analizada por Quinto Elemento Lab evidencian cómo se diversificaron las compras a EFOS en el peñanietismo, cuando se destinaron casi los mismos recursos a obras de remodelación o adecuación, que a la adquisición de prendas y calzado; y se emplearon millones de pesos en asesorías, cursos o talleres, impresiones, servicios profesionales diversos, material de limpieza y bienes informáticos.

Una variedad así era de esperarse, pues los contratos fantasma fueron otorgados por 380 instituciones, 149 de ellas federales. De las 22 secretarías que integraban el gabinete, 18 dieron contratos —incluidas la SICT, Defensa Nacional (Sedena), Desarrollo Social (ahora Bienestar) y la SEP—. Y entre las dependencias involucradas sobresalieron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional del Agua, la CFE, Pemex, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y el mismo SAT.

Fonatur Infraestructura fue la empresa estatal que más contratos asignó a EFOS durante el sexenio peñanietista. En total, otorgó 151 convenios por 29.7 millones de pesos destinados a servicios de mantenimiento, limpieza o fumigaciones, compra de material eléctrico, insumos de limpieza, artículos de ferretería, y trabajos de remodelación o reparaciones. 

Las supuestas adquisiciones tendrían que haberse reflejado en playas libres de sargazo; el mantenimiento de espacios en proyectos turísticos integrales de Bahía de Banderas, Huatulco y San José del Cabo, y en el embellecimiento del kilométrico bulevar Kukulcán, la columna vertebral de la zona hotelera de Cancún, que serpentea frente al turquesa mar del Caribe. En respuesta a solicitudes de Transparencia, Fonatur aseguró que los servicios se prestaron, sin más pruebas aportadas que oficios firmados por dos exfuncionarios. 

Vía telefónica y mediante sus redes sociales se le pidió a la Fonatur un correo electrónico para enviar un cuestionario, pero no lo proporcionaron.

Con Playa Espíritu, un paraíso de aguas azul-grisáceas ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa, las EFOS también ganaron. Concebido durante el sexenio de Calderón como un desarrollo turístico que competiría con Cancún, el proyecto nunca despegó. Aun así, entre 2015 y 2017, Fonatur destinó 2.9 millones de pesos para trabajos de mantenimiento del área, que incluía una lujosa residencia con vista al Pacífico valuada en más de 28 millones de pesos que terminó como premio mayor de la Lotería Nacional en la administración de AMLO.

Los 33 contratos para jardinería, fumigación, limpieza y mantenimiento de la casa de Playa Espíritu se entregaron a ocho firmas inexistentes: Comercializadora Jarcam, Comercializadora Prufacsa, Radeser, Zapricsa, Maratsa, Vanfirt, Ferpade y Transportes Rymsa. 

Las empresas —casi todas sinaloenses— terminaron inmovilizadas por el SAT en menos de tres años. Acumulaban las típicas irregularidades de las factureras: se constituyeron entre siete meses y un año antes de recibir contratos millonarios, sus accionistas tenían sus domicilios en viviendas dúplex ubicadas en zonas populares, y varias compartían un mismo socio de 23 años de edad.

Fantasmas que no mueren

Aunque en menor medida que en sexenios anteriores, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador también se entregaron contratos con dinero federal a empresas fantasma. 

Entre 2018 y 2022, el gobierno otorgó 87 convenios a 34 EFOS —calificadas por el SAT como definitivas al corte del 31 de enero de 2023— por más de 182 millones de pesos. El dinero se destinó principalmente a obras carreteras, compra de equipo médico y mejoras de redes hidráulicas, así como material y servicios de limpieza,  adquisiciones de llantas, y alimentos.

La aparentemente pequeña cantidad de contratos a empresas fantasma en el sexenio de AMLO tiene una explicación. El abogado Luis Pérez de Acha señala que el periodo lopezobradorista destacó por la falta de voluntad en la detección de compañías fachada: “Contra las factureras no hay nada estructural, por eso hay mucha impunidad”; así que, según el experto, apenas “están brotando”.

De acuerdo con una extrabajadora del área de detección de EFOS del SAT, el gobierno de AMLO sí puso candados para limitar la apertura de empresas fantasma con visitas de verificación a cargo de dos áreas, Recaudación y Auditoría, “que tienen que aprobar que el domicilio fiscal se encuentre físicamente ahí en el lugar”. 

Sin embargo, en respuestas obtenidas por Transparencia, la autoridad fiscal confirmó que, aunque todo el personal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene la facultad de realizar verificaciones, de 2014 a finales de 2023 hubo “CERO visitas realizadas a domicilios de contribuyentes [personas morales] que, de acuerdo con esta misma autoridad, calificarían bajo alguno de los supuestos [que definen a las factureras] previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”.

El SAT declinó responder a los cuestionamientos enviados por escrito.

Un camino fantasmal… y transexenal

El sol y la humedad no dan tregua en Cárdenas, Tabasco. En la modesta calle Aurelio Sosa —flanqueada por casas de un piso, una tienda de abarrotes y fondas con fachadas carcomidas— estuvo el domicilio de Constructora Mendoza López, una compañía que acumuló contratos por 42.5 millones de pesos en los últimos cuatro sexenios.

Su socio mayoritario, José Gabriel Mendoza Murillo, ha sido señalado por el diario El País como cercano al exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López, quien gobernó Tabasco de 2019 a 2021. Los medios locales solían felicitar a Mendoza en su cumpleaños y, hasta 2024, lo mencionan como patrocinador de ligas de fútbol infantil. Sin embargo, el SAT resolvió en 2020 que su empresa era una facturera. 

Quinto Elemento Lab envió un cuestionario por correo electrónico a Mendoza y su empresa, pero no se obtuvo respuesta. El senador, contactado mediante un enlace de comunicación social, tampoco contestó las preguntas de este equipo.

Durante el sexenio de Fox, a través de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas de Tabasco, se encargó a la Constructora Mendoza López levantar embarcaderos en los márgenes del río Grijalva, e instalaciones deportivas y una clínica en Balancán, municipio cercano a la frontera con Guatemala. Con Calderón hizo obras hidráulicas y, con Peña Nieto y AMLO, el Ayuntamiento de Huimanguillo le entregó fondos federales para la pavimentación de calles. De los 14 contratos que suscribió, solo uno cuenta con documentos probatorios, una inundación destruyó otro expediente y, de los 12 restantes, las dependencias negaron la existencia de comprobantes.

La subsistencia de firmas como la Constructora Mendoza López evidencia una práctica persistente en las contrataciones públicas: a pesar de los cambios de gobierno, las administraciones federales mantienen vínculos con empresas fachada. De 486 entidades públicas que contrataron EFOS en las últimas dos décadas, 139 repitieron estas prácticas en más de un sexenio. Las más recurrentes fueron la SICT, el IMSS y el ISSSTE, que emplearon a factureras con Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador.

De acuerdo con un informe de la ASF, estas relaciones se sostienen gracias a un denso entramado de “empresas que venden a más de una institución pública, así como [por] gobiernos que tienen contacto comercial con más de una empresa del 69-B”.

El análisis de Quinto Elemento Lab reveló un patrón de operaciones simuladas por medio del que, de 11 mil 492 millones de pesos asignados en total a factureras, dos terceras partes —7 mil 596 millones— llegaron a las EFOS a través de instituciones de gobierno que contrataron a este tipo de compañías durante más de un sexenio y les asignaron los recursos empleando dos rutas paralelas.

Por un lado, mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, se canalizaron 3 mil 341 millones de pesos repartidos en mil 258 contratos, la mayoría por debajo del millón de pesos. Comparable a un gasto hormiga, esta estrategia permitió asignar dinero público a las EFOS de manera simple, discreta y constante. Por otro lado, se emplearon licitaciones públicas para montos mayores: 606 contratos por un total de 4 mil 251 millones de pesos.

Las principales instituciones usuarias de este esquema transexenal, que alternó numerosas adjudicaciones pequeñas con grandes licitaciones, fueron la SICT, Pemex (junto con sus subsidiarias), la CFE, el IMSS y el ISSSTE, la Sedena, la SEP, y oficinas estatales como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz y los Servicios de Salud de Oaxaca.

Más allá de la gran cantidad de recursos que salieron por el mismo camino, el esquema también revela las fallas en los procesos de contratación. 

Las leyes de adquisiciones exigen justificar las adjudicaciones directas o invitaciones —ya sea por experiencia del proveedor, especialización o razones de seguridad nacional—, pero muchos contratos no cumplieron con estos criterios. Hubo rubros que solo se asignaron mediante procedimientos de excepción, como servicios de diagnóstico y evaluaciones, cursos y talleres —de materias como control del estrés—, promoción en redes sociales, fletes, y compras de artículos deportivos, uniformes, papel y cartón, así como renta de autos o pago de pensión para vehículos.

También hubo asignaciones de grandes montos, como un contrato de 14.4 millones de pesos para servicios de “mercadotecnia, publicidad y promoción” que le dio Pronósticos para la Asistencia Pública a Lira Publicidad, Promoción y Estrategia Integral, una firma que apenas tenía ocho meses de creada en la Ciudad de México.

En cambio, las licitaciones —rigurosos procedimientos reglados— no garantizaron la mejor opción de contratación, puesto que las empresas fantasma concursaron por millones de recursos públicos y los ganaron. A diferencia de la variedad de adquisiciones realizadas mediante adjudicaciones o invitaciones, lo común en las licitaciones era que se tratara de obras de construcción o mantenimiento de carreteras, y edificaciones de hospitales u obras públicas.

Las intrincadas relaciones dejan al descubierto que, tanto hace veinte años como en el sexenio que acaba de concluir, operó el mismo esquema para que una gran cantidad de recursos públicos terminara en empresas fantasma.

Una práctica impune

De los 3 mil 529 contratos con empresas fachada de las últimas dos décadas identificados por Quinto Elemento Lab, no se sabe con precisión cuántos procesos estuvieron manipulados. La opacidad se agudizó desde julio de 2024, cuando los expedientes de contratación de 2010 a 2022 —que incluyen convocatorias, propuestas y actas de fallo— dejaron de estar disponibles en Compranet, lo que dificultó su revisión a profundidad.

Sin embargo, este medio solicitó por Transparencia facturas y documentos probatorios del cumplimiento de mil 311 contratos —37 por ciento del total y 66 por ciento del monto global— correspondientes a las 87 empresas que acumularon más recursos o convenios, o que fueron contratadas cuando ya figuraban como EFOS definitivas, entre otros criterios. Esta muestra, que abarcó 7 mil 633 millones de pesos, permitió detectar patrones recurrentes de irregularidades en los contratos. 

Las anomalías más evidentes fueron la simulación de competencias (empresas con los mismos socios que competían entre sí), asignaciones a propuestas más costosas, falta de documentación, resoluciones sin sustento sobre la selección de un contratista, convocatorias con requisitos inusualmente específicos, y concursos casi desiertos.

Sobre el cumplimiento de los contratos de la muestra, apenas hubo pruebas —documentos, en su mayoría, y muy pocas fotos— de la realización de poco más de una cuarta parte, equivalente a mil 241 millones de pesos. El 48.8 por ciento de los convenios (más de 2 mil 698 millones de pesos) no se pudo comprobar. Y el resto quedó en la incertidumbre: algunas dependencias respondieron que los expedientes se perdieron en incendios, inundaciones u otros incidentes; otras entregaron documentos ilegibles, clasificaron la información o negaron la existencia de los contratos. Incluso hubo casos en los que se proporcionaron facturas sin ninguna evidencia del cumplimiento.

La falta de controles preocupa a especialistas como Gerardo Lozano Dubernard, exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero  de la ASF, quien cuestiona el hecho de que la administración pública contratara 834 empresas fantasma: “El problema es el daño que le causaron a la Hacienda Pública al contratar algo inexistente; para mí, eso es una simulación”.

Los expertos también coinciden en que debió haber colusión de funcionarios públicos en las contrataciones de EFOS.

“La red de corrupción contó con funcionarios públicos que generaron documentación falsa, que realizaron procesos de excepción sin ningún fundamento legal, y que firmaron contratos con empresas que no debían recibirlos”, señala un informe conjunto del IMCO y el Laboratorio Latinoamericano de Políticas de Probidad y Transparencia.

Pese a la magnitud del esquema transexenal, las sanciones han sido prácticamente inexistentes. Vía Transparencia, la FGR se negó a informar cuántas denuncias se encuentran abiertas contra servidores públicos que hayan avalado la contratación de empresas fantasma en la última década. 

Sobre un puñado de contratos de 2018 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública (SFP) —ahora transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— tampoco respondió sobre el número de procedimientos administrativos abiertos por contrataciones indebidas de EFOS.

De las 87 compañías más relevantes analizadas, apenas dos proveedores fueron sancionados por la SFP y solo a uno se le hizo una auditoría. Siete se mencionaron en comprobaciones de la ASF, diez fueron dados de baja del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, y uno fue nombrado en una multa del Tribunal Electoral a un partido político.

“Existen patrones de comportamiento que han violado las leyes y los mecanismos de control una y otra vez abriendo espacios para actos de corrupción y ocasionando daños que, hoy en día, siguen sin ser reparados”, enfatiza el citado informe.

Este nulo resarcimiento, coincide Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es la consecuencia más grave de la falta de castigos. “Necesitamos recuperar los activos, el dinero producto de actos de corrupción, que regrese para beneficio de los mexicanos”, dice.

Y es que el daño va más allá de lo monetario. El costo de la impunidad recae directamente sobre la ciudadanía, señalan Janet Oropeza y Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar. Especialmente cuando las instituciones que encabezaron el esquema transexenal de contratación de las EFOS son aquellas dedicadas a brindar servicios esenciales como salud, educación, obras o mejoras de infraestructura. El impacto real no se limita a los recursos, sino en la garantía de los derechos humanos, concluyen.

Con información de: Animal político.