Hernán Jesús Vega Burgos, exdelegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), busca ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, pese ahaber sido detenido en 2009 por proteger a una supuesta red de prostitucióny presuntamente abusar sexualmente de dos mujeres.
Por estos hechos, sus cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades federales, renunció a su puesto como delegado e, incluso, recientemente las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por estar relacionado con estos delitos.
De esta forma, Vega Burgos se suma a la lista de candidatos al Poder Judicial que están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado, mismos que ya han sido denunciados por la organización Defensorxs ante diversas autoridades electorales, por ser considerados en su mayoría como candidaturas “altamente riesgosas”.
Animal Político buscó al candidato, que compite por una magistratura Decimocuarta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que al cierre de edición no había respondido a la solicitud.
De acuerdo con la información proporcionada por el propio candidato ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, del 1 de septiembre de 2007 al 17 de junio del 2009 se desempeñó como delegado regional del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Precisamente, en junio de 2009, cuando todavía estaba en el cargo, fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Yucatán, acusado de los delitos de lenocinio y trata de personas, según una nota publicada por el portal Zócalo.
En ese lugar, el delegado habría rendido su declaración preparatoria, en donde rechazó las acusaciones y aseguró que su detención fue un “show político y de una mente perversa en la Procuraduría de Justicia de Yucatán, que no creo que sea el Procurador […] no tengo nada que ver con la detención de varias mujeres de Costa Rica y sus actividades”.
En dicho caso, dos mujeres de Costa Rica que estaban privadas de la libertad en una casa en Yucatán, Raquel y Yoheny, declararon que eran obligadas a sostener relaciones sexuales con diversos hombres, entre ellos Vega Burgos, ahora candidato a magistrado local.
La supuesta líder de esta red de prostitución era Keysi Gonzáles Corrales, también costarricense, conocida como “La Madame”. Según las autoridades, esta red podría estar relacionada con una mafia cubano-estadounidense que operaba en Costa Rica y Yucatán.
Por este motivo, el caso también fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Judicial de Costa Rica, mientras Vega Burgos presuntamente fue apodado en la entidad como “El padrote de Progreso” por sus vínculos con redes de trata de personas.
Las víctimas declararon que Hernán Vega supuestamente cobraba 30 mil pesos mensuales a cambio de otorgar protección institucional a la red de prostitución de la cual eran víctimas y amenazaba con violarlas y deportarlas si se negaban a sostener relaciones sexuales con él, según una nota de La Jornada.
Por este presunto enriquecimiento ilícito, las cuentas bancarias de Hernán Vega y otros funcionarios fueron aseguradas.
Rafael Acosta Solís, subprocurador de Justicia de Yucatán, también señaló como presuntos responsables al chofer de Hernán Vega, Juan Vicente Huaracha Carrillo, y el subdelegado de Migración, Alejandro Barrera Perara, según el diario El Universal.
Barrera Perera, subordinado de Vega Burgos, también declaró que su jefe solicitó información sobre las mujeres que lo denunciaron antes de que se hiciera público el caso.
A partir de estos hechos, Hernán Vega promovió varios amparos y finalmente renunció a su puesto como delegado del INM. En su carta de renuncia, denunció ser víctima de una trampa para “dañar su labor como funcionario público”, según lo documentó en una nota periodística el diario La Jornada.
Entre los recursos que promovió el delgado están seis amparos tramitados en contra de la averiguación previa 583/19/2009 y las órdenes de detención en su contra, así como dos amparos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias.
Recién el pasado 5 de febrero de 2025, Estados Unidos negó otorgar una visa a Hernán Vega Burgos debido a sus vínculos con la red de explotación sexual, investigados en la averiguación previa 583/19/09, incluso pese a ser actualmente subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado de Yucatán.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, acudió hoy al Instituto Nacional Electoral para presentar un escrito en contra de 24 candidatos considerados como “riesgosos” para la elección judicial por supuestamente estar relacionados con el crimen organizado o violencia de género.
“Acabamos de presentar un escrito en contra de 24 candidatos riesgosos porque como las autoridades electorales no quisieron invalidar sus candidaturas con las denuncias y demandas que presentamos, ahora les estamos dando todas las pruebas”, señaló en un video publicado en su cuenta de X, antes Twitter.
De acuerdo con el abogado, el escrito fue presentado de esta forma debido a que las autoridades electorales les notificaron que, aunque no pueden invalidar candidaturas, si alguno de estos candidatos gana la elección sí pueden revisar si cumplen o no los requisitos de la Constitución, lo que implicaría en dado caso “invalidar su victoria”.
No obstante, el abogado informó que al llegar al INE le informaron que uno de los candidatos señalados, Luis Castañeada, lo denunció por “violencia política”.
Luis Castañeda Palacios, propuesto por el Comité del Poder Legislativo a juez de Distrito (federal) en materia laboral en la Ciudad de México, ha sido acusado de acosar a más de 36 mujeres desde 2012 a través de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas por internet, como Tinder y Bumble.
Desde 2021, en la cuenta de Instagram mujeresvsacoso, las víctimas de Luis Castañeda han recopilado decenas de denuncias y pruebas como fotografías, videos y capturas de pantalla.
El acoso ha consistido en el envío no consentido de fotografías y videos desnudo (solo o teniendo relaciones sexuales con mujeres), envío de regalos no deseados y agresiones verbales. Y a raíz de esa documentación, varias de las víctimas han sido amenazadas de violación, embargos judiciales o con difundir contenido sexual de ellas, con base en información de Defensorxs.
Al respecto, Luis Castañeda Palacios respondió a Defensorxs que se trata de una campaña de acoso y desprestigio, que suplantaron su identidad y ya hay acciones legales.
“Ahora, Luis Castañeada está pidiendo medidas urgentes en mi contra y en contra de nuestra organización Defensorxs. No nos han notificado formalmente, entonces estamos a la espera de eso, pero la verdad es que tenemos la tranquilidad de que nuestra investigación está respaldada y que no hay ninguna razón para que el INE nos censure”.
Con información de: Animal político.