Reuters.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado que fue el Departamento de Justicia, y no él, el que tomó la decisión de traer de vuelta a Estados Unidos a un hombre deportado sin el debido proceso de Maryland a El Salvador.
Kilmar Ábrego García fue devuelto en avión para enfrentar cargos criminales por transportar migrantes dentro de Estados Unidos, dijo el viernes la fiscal general Pam Bondi.
En una entrevista con NBC News, Trump añadió que no había hablado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el regreso de Ábrego García.
Los abogados de Ábrego rechazaron este mismo viernes los cargos, tildándolos de “infundados” y acusaron al gobierno de Trump de estar cometiendo un “abuso de poder”.
“Lo que sucedió fue un abuso de poder y todo lo opuesto al debido proceso”, indicó este viernes el letrado Simón Sandoval-Moshenberg. “El debido proceso implica tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después”.
El abogado indicó además que las autoridades no le avisaron ni a él ni a la familia de Ábrego con anterioridad de sus planes para retornar al salvadoreño y recalcó que espera que dé su testimonio sobre las condiciones del CECOT, la megacárcel donde pasó las primeras semanas en El Salvador antes de ser trasladado a otra prisión.
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso consiguió notoriedad entre los opositores al gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos y se convirtió en un ejemplo de los “abusos” por parte de la administración republicana a migrantes en medio de su campaña de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado —hasta ahora— de ningún delito en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— que fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en aquel país hacia el CECOT de El Salvador, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Con información de EFE.
Con información de: LatinUs.