
La dirigencia nacional del PRI, sus senadores y diputados, pidieron hoy oficialmente la anulación de la elección judicial, al considerar que hiere de muerte a la democracia y rompe con la división de poderes.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acompañado de los coordinadores priistas en el Congreso de la Unión, Manuel Añorve y Rubén Moreira, presentó en la Oficialía de Partes del INE un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos.
Acusó que la elección de jueces, ministros y magistrados fue una farsa y una simulación; subrayó que el INE descartó 818 casillas del cómputo de la elección de ministros, toda vez que se cometieron irregularidades como relleno de urnas, casillas zapato y votación de más del 100%.
Además de que se distribuyeron acordeones donde se pidió el voto por candidatos que finalmente resultaron electos. “Los acordeones fueron parte de una ruta perversa como ciudadanas y ciudadanos mexicanos”, refirió.
En conferencia de prensa, afirmó que en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique la validez de la elección judicial, el PRI acudirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En este escenario, la única salida es constitucional, legal y democrática, y la única salida es la nulidad del proceso en la elección judicial; la Constitución y las leyes electorales facultan al Tribunal Electoral para, con los argumentos, poder declarar nulas las elecciones cuando se acrediten graves irregularidades y determinantes”, planteó.
Con información de Latinus

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
