
El mes de mayo marca el inicio del reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2025 y de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo el plazo para el pago de utilidades para personas morales termina al cierre de este mes, es decir el 31 de mayo, mientras que para personas físicas concluye el 30 de junio.
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas dejará entre los empleados debla industria maquiladora en Juárez una derrama de 824 millones de pesos, es decir 33 millones menos que el año pasado, de acuerdo a referencias de la vicepresidenta de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, María Teresa Delgado.
El derecho a las utilidades se encuentra establecido en los artículos 117 - 131 de la Ley Federal del Trabajo y obliga a los patrones a distribuir el 10 por ciento de la utilidad neta mayor a 300 mil pesos en el ejercicio fiscal anterior entre los trabajadores que elaboraron más de 60 días sin importar si tuvieron contrato de planta y o contrato eventual.
Incluso se indica que si los trabajadores no laboran ya en el centro de trabajo, también tienen derecho a recibir esta prestación, sin embargo se destacó que los trabajadores que no participan en el reparto de utilidades son los niveles de gerencia General, de dirección y de administración.
La directiva de la industria maquiladora destacó que en caso de que alguna empresa no entregue esta prestación a sus trabajadores, ellos pueden acudir a la oficina de la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) recordando que el derecho a reclamar prescribe en un año.

Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.

El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
