Candidata a jueza queda sin protección del INE, al que pidió ayuda tras secuestro

PUEBLA, Pue. (Proceso).- El miércoles 14 de mayo de 2025 es una fecha que Esmeralda García Santamaría nunca olvidará. Esa tarde, un hombre ingresó a su domicilio en la ciudad de Puebla, la amagó con un arma de fuego y le dijo: “Ya me di cuenta de que andas haciendo tus mamadas, eres candidata para la elección del Poder Judicial”.

Luego la privó a ella y a dos familiares de la libertad por un tiempo que no logra recordar con exactitud, pero en un descuido del captor logró salir y ver su casa rodeada de policías municipales, quienes posteriormente detuvieron al agresor.

Esmeralda fue aspirante al cargo de jueza en un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales, en la elección judicial.

Tras lo ocurrido, el 28 de mayo pidió protección al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que temía volver a ser agredida el día de la elección, el 1 de junio. Sin embargo, supo a través de un formulario del INE que ella tendría que pagar todos los costes de gasolina y alimentación de los efectivos.

Dado que eso sería un gasto no previsto y exorbitante, desde su punto de vista, decidió hacer la solicitud sólo para que la resguardaran el día de la elección.

Pero la respuesta del organismo llegó muy tarde: el 18 de junio recibió un oficio en el que le notificaban que “a partir del 6 de junio” se le asignaba un servicio de seguridad integrado por “6 efectivos y un vehículo balizado pertenecientes a la Guardia Nacional”.

Supuestamente, decía el INE, esa protección que recibiría “a partir del 6 de junio” permanecería con ella hasta que se publicaran los resultados finales de la elección judicial, y en el caso de ser favorecida, hasta la toma de posesión.

Aunque sí se contactaron con ella el día de la votación por teléfono, los elementos de la GN nunca se presentaron.

Para la abogada Daniela Albarrán, especialista en temas electorales, lo vivido por Esmeralda supondría dos cosas: violencia institucional por parte del INE, al no atender su solicitud de protección, y un acto de violencia política de género por parte de un particular, es decir, el hombre que la privó de la libertad, además de este último delito.

Violencia antes y después del secuestro

Esmeralda García Santamaría es abogada, colabora en un despacho jurídico y su única experiencia en la función pública es haber trabajado en la Secretaría de Bienestar federal. Se postuló como candidata a jueza de Distrito para la elección del 1 de junio.

Las primeras notas sobre la agresión contra Esmeralda reportaron que se trató de una toma de rehenes, esto después de que varios sujetos robaran una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la ciudad de Puebla.

Sin embargo, ella considera que hubo una clara intención de atacarla, no sólo por la frase que le dijo el agresor —quien fue detenido— sino porque desde que inició la campaña hubo intentos de ingresos no autorizados a sus cuentas de redes sociales, amenazas digitales y también una campaña de desprestigio en su contra.

Si bien en un principio la candidata a Juzgado de Distrito en Puebla no le dio importancia a dichos actos intimidatorios, su secuestro a mediados de mayo la orilló a solicitar protección a través del Protocolo de atención, gestión y seguimiento de las solicitudes de medios de seguridad personal a las personas candidatas a diversos cargos federales del Poder Judicial de la Federación para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025.

“Tenía mucha preocupación porque todo lo que había acontecido, yo sabía que el día de la votación podía ser más visible, o sea, me sentí insegura en todo momento [...] me daba la incertidumbre de que en cualquier momento podían ingresar nuevamente a mi domicilio. Lo que yo buscaba es que se me brindara la protección para el día de la elección, porque sabía que estaba sujeta a llegar a mi casilla y ahí ser violentada o perder la vida”, dijo Esmeralda.

Fue por ello que el 28 de mayo llenó el formulario para solicitar medidas de protección, donde se mencionaba que ella tendría que cubrir los gastos de la escolta que le fuera asignada.

El mismo día de los comicios recibió una llamada de un número desconocido, la persona le refería ser integrante de la Guardia Nacional y encargarse de su seguridad para ese día. La candidata intentó comunicarse con el INE para verificar la información, después de dos horas le confirmaron que un destacamento había sido enviado para protegerla.

La persona de la Guardia Nacional le hace una breve entrevista sobre los hechos de violencia que vivió, para que de acuerdo con el protocolo sus superiores valoren si aún hay riesgo. “Entonces yo pregunto: ‘¿esto va a tardar?, ¿qué es lo que hago?, ¿si voy a ir a votar, no voy a poder ir a votar?’, y me dicen: ‘Es que ya no está en nuestras manos’”, expuso Esmeralda García.

La candidata acudió a votar llena de miedo justo antes de que cerraran las casillas. Al final no hubo incidentes.

Días después, la Guardia Nacional se comunicó con ella para decirle que su solicitud de protección sí procedió y que le darían una escolta conformada por cuatro elementos y una unidad blindada, pero sólo por el momento. Esmeralda pidió que le compartieran algún oficio para corroborar la información, porque el INE seguía sin notificarle, pero le dijeron que no podían.

Aunque varias veces y por varios días le dijeron que la unidad que la protegería iba en camino, ésta nunca llegó.

En la última comunicación que tuvo con la Guardia Nacional le dijeron que como ya se había vencido el plazo para la entrega de resultados, ya no le darían la protección, aunque para esa fecha aún no se entregaban los resultados definitivos. “Me dicen: ‘Bueno, si ustedes ganan, pues infórmenos’. A mí se me hace hasta algo absurdo, inhumano, una violación totalmente a mis derechos”, aseguró Esmeralda.

Pasaron 21 días después de que solicitó la protección para que García Santamaría recibiera la notificación del INE de que se la habían asignado a partir del 6 de junio y hasta la publicación de los resultados de la elección seis efectivos y un vehículo balizado, que de acuerdo con el Protocolo de atención correspondería a un “nivel de riesgo medio”.

En el propio protocolo no se establecen fechas para los procesos que van de la solicitud hasta la asignación y evaluación de las medidas de protección, sólo se señala que se hará de forma “inmediata” y que se dará “trato urgente”.

“Lo que desgraciadamente logro apreciar es que no hubo apoyo del INE y pues de las instituciones de seguridad […] yo pienso que la situación de riesgo sigue en mi mente”, manifestó Esmeralda, quien meses después de su secuestro se siente insegura en su propio hogar.

No fue un hecho aislado

El secuestro de Esmeralda y las amenazas en su contra no fueron un hecho aislado. De acuerdo con el “Reporte semestral violencia política en México 2025”, de Integralia, Puebla es la quinta entidad con más casos, con 19 registrados durante el año. Mientras que el reporte de julio de Votar entre Balas: “Entendiendo la violencia político criminal en México”, elaborado por Data Cívica, ubica al estado en el noveno lugar, con 20 casos.

Integralia apunta que la violencia política, considerada como todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza, se concentró a nivel municipal y en el caso de las elecciones judiciales hubo muy baja violencia, reportando sólo tres casos a nivel nacional, uno de ellos el de Esmeralda.

Por su parte, Data Cívica apuntó que desde 2018 y hasta 2025, durante la elección del Poder Judicial, han documentado que 25 personas vinculadas al Poder Judicial fueron atacadas presuntamente por el crimen organizado. Durante el periodo de campañas, sin embargo, no registraron casos de violencia político-criminal contra candidatas o candidatos al Poder Judicial.

Según el Acuerdo INE/CG572/2025, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) recibió 11 solicitudes de medios de seguridad personal de abril a junio de 2025. En cinco ocasiones asignó efectivos y vehículo, como ocurrió con Esmeralda; en otras cinco ocasiones sólo proporcionó el contacto telefónico del destacamento de la Guardia Nacional más cercano y reportó un desistimiento.

En el documento reporta, además, que “con la ejecución del Protocolo, el Instituto buscó minimizar situaciones de riesgo durante el PEEPJF 2024-2025 mediante el planeamiento de condiciones organizativas, operativas y de vigilancia necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas, así como de las personas electoras”. En el caso de Esmeralda no fue así.

Para la elaboración de este texto se pidió al área de comunicación del INE una entrevista al respecto, sin que hasta el momento se hubiera concretado.

Sobre este tema Daniela Albarrán, abogada electoral, explicó que la dilatación y la falta de medidas de protección a Esmeralda por parte del INE sí podría representar alguna responsabilidad.

Ahí te das cuenta de la violencia, no sólo la violencia política, sino la violencia institucional, porque de qué sirve tener todos estos tipos de ley que dice que son ilícitos si cuando acudo con las autoridades me marcan tres semanas después, me dicen que van a hacer algo y no lo hacen -dijo Albarrán-. Sí tendría manera de responsabilizar en un momento dado al INE por lo que le ocurrió.

La especialista recordó que el 15 de noviembre del 2024 se reformó la Constitución en materia de protección en contra de las mujeres, niñas y adolescentes respecto a todas las violencias, imponiendo así la obligación a todos los órganos del Estado para implementar deberes reforzados.

En el caso del Instituto Nacional Electoral, dijo la abogada, no sólo le correspondería organizar las elecciones, sino garantizar la seguridad de las candidatas, aunque reconoció que “desafortunadamente las instituciones no tienen perspectiva de género y sus deberes reforzados se los pasan por el arco del triunfo”.

Si bien Esmeralda García no ganó el favor del voto para ser jueza de distrito, mantiene la exigencia a la Fiscalía de Puebla el esclarecimiento de los hechos, pues aunque el agresor está detenido, no hay avance en la carpeta de investigación.

Con información de Proceso.