
XALAPA, Ver (Proceso).– A más de dos meses del derrame de petróleo de Pemex sobre playas del Golfo de México en Veracruz, las actividades pesqueras continúan semiparalizadas y miles de pescadores temen quedar fuera de los apoyos anunciados para compensar las pérdidas.
A las protestas se han sumado pescadores de la zona norte en municipios como Tamiahua y Pueblo Viejo; en el sur también trabajadores de Agua Dulce que reclaman que no los toman en cuenta porque no son parte de los padrones oficiales.
La preocupación surgió luego de que los gobiernos federal y estatal informaron el inicio de apoyos para pescadores registrados en los padrones de Bienpesca. En la zona serían alrededor de 100 beneficiarios, mientras que más de dos mil pescadores libres, que no están adheridos a alguna organización, podrían quedar excluidos.
La Red del Corredor Arrecifal, integrada por comunidades y organizaciones defensoras del medio ambiente, informó que su mapa de monitoreo ciudadano registra 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.
De acuerdo con la red, aún continúan recalando manchas de hidrocarburos arrastradas por corrientes o adheridas al sargazo en distintas playas.
Alberto Ramírez, representante de pescadores libres de Pajapan, explica que desde marzo último el ayuntamiento notificó la prohibición de pesca en la Laguna del Ostión en Pajapan –el primer punto afectado por el derrame de petróleo– debido a la contaminación. Desde entonces la empresa Maya, contratada por Pemex, realiza labores de limpieza en la zona.

“Hasta el momento la gente no ha podido pescar, no hay ninguna orden de que ya se puede”, expuso.
Los pescadores indicaron que la afectación se agravó porque el derrame ocurrió durante la temporada de mayor captura: “Nos pegó en la temporada más buena, de diciembre a mayo. La economía se fue para abajo. Algunos nos dedicamos a otros trabajos, al campo o a lo que salga, porque de la pesca definitivamente no se puede”.
De acuerdo con testimonios, en Pajapan hay entre mil 500 y 2 mil pescadores libres que no forman parte de padrones oficiales ni de programas de apoyo.
Los afectados señalaron que, con apoyo de instancias como la Defensoría Pública federal, entregaron documentación para solicitar un censo.
“Mandamos documentación para que hagan un censo, pero hasta el momento estamos esperando, no sabemos qué va a pasar”.
También denunciaron falta de seguimiento por parte de autoridades municipales y pidieron la intervención de los gobiernos estatal y federal:
“Que las autoridades volteen a ver a los pescadores porque seguimos parados y no podemos trabajar”.

Una pescadora, en testimonio compartido con la Red del Corredor Arrecifal, advierte que no todos los impactos pueden documentarse con facilidad:
Nos han dicho que evidenciemos los impactos que estamos viviendo, pero ¿cómo evidenciamos los días que no hemos podido salir a trabajar, el miedo por perder el sostén de nuestras familias, el estrés por tener que lidiar con la situación, la frustración porque nos dicen que estamos exagerando, que sólo son ‘gotitas’? Para las indemnizaciones se basan en un padrón de pescadores registrados que no sabemos si refleja la realidad, y ¿qué pasa con todas las mujeres y hombres que no están registrados ahí y han sido afectados?
Ramón García, abogado del Centro de Derechos Humanos de los pueblos del sur de Veracruz Bety Cariño, en la Sierra de Santa Martha, en Tatahuicapan, denuncia que, ante la falta de apoyos generalizados, organizaciones y afectados, comenzaron a construir una estrategia legal para exigir compensaciones.
En ese proceso participan agrupaciones civiles que buscan integrar a sectores que tampoco están incluidos en padrones oficiales, como vendedores ambulantes y prestadores de servicios turísticos.
El abogado dice que la Defensoría Pública ha intervenido para gestionar apoyos ante la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, los resultados aún son inciertos. “Es una gestión ante Bienestar para ver cómo se paga a quienes no están registrados”.

Uno de los principales problemas es la ausencia de un censo oficial que permita dimensionar a la población afectada, especialmente a los pescadores libres: “No ha habido ningún levantamiento formal para saber quiénes son los afectados”.
Comunidades afectadas también han presentado denuncias por el derrame, pero hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades competentes. “Se presentaron denuncias desde hace más de un mes y no hemos recibido ni acuse de admisión”.
Urgen monitoreo y evaluación de impacto
La Red del Corredor Arrecifal, en su reporte más reciente de monitoreo de esta zona, apuntó 113 sitios afectados por el derrame entre febrero y abril de 2026, entre Tabasco y Tamaulipas, a lo largo de poco más de mil kilómetros de litoral.
Sobre las manchas de hidrocarburos que arriban aún a las playas, expone:
Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como ‘Nortes’, lo que evidencia un impacto en el fondo del mar, que no se está analizando ni atendiendo.
El monitoreo ciudadano también reporta afectaciones a la fauna: 22 tortugas marinas, cuatro delfines, dos pelícanos, un manatí y numerosos peces sin vida.
Las organizaciones alertaron que no se ha anunciado un programa integral de regeneración de ecosistemas y comunidades afectadas, pese a que el impacto, señalaron, es más amplio que lo reconocido oficialmente.
También afirmaron que las indemnizaciones se han entregado sólo en algunas zonas de Cárdenas y Paraíso, Tabasco, así como en Coatzacoalcos, Veracruz, sin claridad sobre otras regiones afectadas.
Las comunidades señalan que 15 mil pesos no son suficientes en relación con el daño ocasionado, y se deberían considerar los daños a todo el sector pesquero y turístico de los estados afectados, ya que todos han tenido una baja venta debido al derrame.
Ante la suma de afectaciones, la Red del Corredor Arrecifal pidió un programa urgente de monitoreo y evaluación de impacto, con estudios independientes sobre contaminación en biota, sedimentos, agua, playas, lagunas y salud de personas expuestas a hidrocarburos.
“Urge tener certeza sobre si se pueden consumir las especies y cuáles medidas de salud se tienen que tomar”.
Además, solicitaron mecanismos transparentes, con perspectiva de género e intercultural, para destinar indemnizaciones y apoyo social en coordinación con las comunidades afectadas; transparentar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos recolectados, y establecer la protección del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México como prioridad nacional.
Con información de Proceso.