De la elección a los tribunales: los retos y pendientes que enfrentan los jueces estatales en México
Garantizar el acceso expedito de las personas a la justicia cuando lo requieran, actuar con independencia, construir legitimidad, acabar con la acumulación de expedientes abiertos sin resolver y lidiar con las deficientes capacidades institucionales, son algunos de los principales retos que enfrentarán los poderes judiciales estatales de las entidades donde se eligieron por voto popular jueces el 1 de junio pasado y que, a partir de septiembre, comenzarán a incorporarse a sus respectivos puestos de trabajo, plantean expertos consultados por El Economista.
Si bien esos retos son prácticamente los mismos que enfrenta el poder judicial en su conjunto —tanto el federal, como los estatales—, cuando comiencen a trabajar los jueces electos democráticamente, serán ellos los que llamarán la atención, pues de su desempeño dependerá saber si fue una buena decisión realizar los cambios que implicó la reforma de 2024 en la materia.
Entre el 1 de septiembre y el 5 de noviembre de 2025, asumirán sus cargos los 1,800 jueces y magistrados estatales electos el pasado 1 de junio.
Se trata de las primeras personas juzgadoras en el ámbito estatal que fueron electas por voto directo en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, donde viven más de 75.5 millones de personas, que representan 58.3% de la población mexicana.
Camilo Saavedra Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recuerda que desde hace más de 20 años se han realizado diagnósticos en los que se alerta sobre factores que contribuyen al deficiente acceso a la justicia en el país:
•La brecha entre el diseño institucional y las condiciones reales de operación de tribunales, ministerios públicos y comisiones de derechos humanos.
•La inclinación de la sociedad mexicana a resolver conflictos por vías no institucionales.
•La desatención a la formación y regulación de la profesión jurídica.
•La ausencia de normas y políticas judiciales basadas en evidencia.
El problema es que esa situación subsiste. En su opinión, la reciente reforma judicial no atacó las brechas estructurales que generan un acceso a la justicia desigual en México. No sirvió para propiciar la democratización de los servicios de juzgados federales y estatales.
Aunque ahora la ciudadanía puede votar por las personas que ocuparán los cargos jurisdiccionales, la posibilidad de acceder efectivamente a los tribunales sigue siendo igual o incluso más limitada que antes porque no se mejoraron las capacidades institucionales para atender a la población ni tampoco hubo una reforma a las fiscalías del país. Así lo expone en el análisis “La reforma judicial: otra oportunidad perdida para mejorar el acceso a la justicia en México”.
Desde su perspectiva, la reforma judicial no sentó las bases para mejorar las capacidades institucionales de los poderes judiciales ni promovió cambios para hacer menos complejo y costoso litigar, ni intentó mejorar la regulación de la profesión jurídica
En entrevista, el investigador expone que, teniendo presente que cada entidad tiene sus particularidades, los retos de los poderes judiciales estatales donde se eligieron jueces por voto popular se pueden agrupar en dos conjuntos. Por un lado, los relacionados con las expectativas que se crearon cuando se aprobó la reforma judicial de 2024, por ejemplo, la legitimidad e independencia y por otro lado, los que tienen que ver con la operación del sistema de justicia y con garantizar a las personas el acceso a la justicia, lo cual tiene que ver con asuntos como la atención de rezagos.
Legitimidad
Susana Camacho, coordinadora general del Programa de Justicia de México Evalúa, señala que los jueces electos por voto popular tendrán que probar que la forma en que llegaron a esos cargos es efectiva para escoger buenos perfiles.
En ese sentido considera que hay que tomar en cuenta que muchos jueces electos no tienen experiencia en la impartición de justicia.
Al respecto, Camilo Saavedra Herrera refiere que cuando los nuevos jueces estén en funciones no solo van a tener que cumplir con la operación del sistema, sino actuar de acuerdo con las expectativas que se crearon con la reforma. Eso tendrá que ver con las decisiones que tomen en materia administrativa, la forma en que se acercan a las personas, etcétera.
El académico menciona que en la tarea de construir legitimidad tiene que ver, al menos en parte, la capacidad personal y creatividad institucional de cada persona juzgadora, que le permita establecer acciones que aproximen la justicia a las personas.
Independencia
Otro reto que enfrentarán es la presión política que habrán de enfrentar las personas juzgadoras luego de haber hecho campaña política para ganar su cargo, particularmente de la que ejerzan quienes los apoyaron para llegar a sus puestos, indica Susana Camacho.
“En la mayoría de las entidades se identifica que los gobiernos y los partidos que tienen las mayorías fueron quienes definieron quienes quedaron como jueces”, manifiesta en entrevista.
Por su parte Camilo Saavedra Herrera enfatiza que, a nivel de diseño, la reforma básicamente lo que hizo fue afectar las bases jurídicas de la independencia judicial y de dos maneras. Primero obligó a los candidatos a jueces a hacer campaña y con ello acercarse a organizaciones que les ayudaran a movilizar personas para ir a votar y, segundo, si hay jueces que no se disciplinen, éstos pueden ser sancionados por los tribunales de disciplina judicial.
Remarca que la independencia de los poderes judiciales estatales siempre ha sido cuestionada.
Tribunales de Disciplina Judicial
Para Susana Camacho el mayor reto de los jueces será enfrentar a sus respectivos tribunales de disciplina judicial, los cuales tendrán amplias facultades para sancionarlos.
En ese caso en específico refiere que habrá que verse qué tanto se respeta la independencia de esos tribunales.
Acceso a la impartición de la justicia
El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos (la Real Academia de la Lengua Española dice que eso quiere decir sin obstáculos) para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Camilo Saavedra Herrera considera que uno de los retos es que los cambios que hubo en los poderes judiciales estatales afecten lo menos posible la atención de los asuntos.
Rezago
Uno de los primeros retos que enfrentarán los jueces electos será la acumulación de expedientes que se encontraron al llegar a sus juzgados y tribunales.
Si bien no hay estadísticas públicas que permitan saber con exactitud cuántos asuntos pendientes encontrarán cada uno de los nuevos jueces, sí se puede tener una idea de ello tomando en cuenta los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en diciembre de 2024 y actualizados el 25 de abril pasado.
En 2023 ingresaron a los poderes judiciales estatales de esas 19 entidades, un millón 360,677 asuntos. Ese mismo año se declararon concluidos 800,039.
Al analizar los datos debe tomarse en cuenta que hay casos abiertos de diferente índole que ingresaron a esos sistemas de impartición de justicia en años anteriores. Lo que sí llama la atención es que ese mismo año solo se emitieron 421,999 sentencias en todas esas entidades.
Las estadísticas muestran que, si bien hay más casos ingresados en las entidades con mayor población, destacan algunos casos como Aguascalientes donde, si se ordenan los 19 estados donde hubo elección de jueces en 2025, en función de su población, esa entidad se ubicaría en el lugar 16, pero se encuentra en la posición 10 si se considera el número de asuntos ingresados.
Lo mismo ocurre con Nayarit, que es el 18 de esos 19 en número de habitantes, pero el 13 en cuanto asuntos iniciados. O también Veracruz, que es el tercero más poblado de ese grupo, pero ocupa el lugar siete en cuanto a asuntos iniciados.
Infográfico EE
Si bien es muy importante remarcar que en un año no necesariamente se resuelven los casos que ingresan ese mismo año y que muchos casos tardan muchos años en resolverse, si se compara el número de casos ingresados en 2023 con el número de casos resueltos, en Durango el número de asuntos concluidos equivalió a 32.5% de los ingresados; en Ciudad de México 33.2%; Tlaxcala 37.7% y Yucatán 47.1%.
En tanto, en Nayarit, Michoacán, Estado de México y Tamaulipas el número de casos resueltos equivalieron a 80% o más de los casos que ingresaron ese año.
Capacidades institucionales
Los expertos consultados llamaron la atención sobre las capacidades institucionales de los poderes judiciales estatales.
Muchos enfrentan serios problemas de presupuesto, por ejemplo, el de la Ciudad de México, donde los trabajadores de juzgados y tribunales padecen condiciones laborales precarias.
Camilo Saavedra Herrera subraya que en esta materia hay una enorme heterogeneidad en los estados, pero, en general, las capacidades institucionales no han mejorado.
“La democratización de la justicia tiene que ver, entonces, con fortalecer las instituciones del Estado para garantizar su acceso en mejores condiciones para la población”.
En opinión del académico, una alternativa para ello es el uso de la tecnología, pero insiste que para ello se requiere presupuesto.
El éxito o fracaso de la reforma no va a ser responsabilidad de quienes lleguen y estén a la cabeza de juzgados y tribunales, sino de la forma en que se integren a lo que ya existe en esos lugares, particularmente las burocracias. Parte de los cambios no tienen que ver con quitar a los titulares, sino mejorar el desempeño de los equipos, recalca.
En 19 entidades federativas las togas están listas para estrenarse y las oficialías de partes no han dejado de recibir asuntos de personas que se ven en la necesidad de tocar a las puertas de la impartición de justicia.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Sin representación Chihuahuense en la mesa directiva del Senado
Llamó la atención que en la conformación de la mesa directiva del segundo año legislativo del Senado de la República no hay ningún senador chihuahuense y como era de esperarse hay una inclinación hacía la izquierda, con solo un representante del tricolor, dos panistas y un emecista de los 12 legisladores que la conforman.
Fue el día de ayer que se definió la conformación de la misma y se rindió protesta a la ahora presidenta del Senado y morenista, Laura Itzel Juárez y los demás integrantes, destacando que de parte de Chihuahua no existe representación, excluyendo inclusive a senadores morenistas como Andrea Chávez, quien buscaba la presidencia, y Javier Corral.
A esto se le suma que únicamente cuatro de los 12 legisladores son de oposición la Senadora panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, quien tomó protesta como segunda vicepresidenta; Claudia Edith Anaya Mota del PRI como secretaria; Gustavo Sánchez Vásquez del blanquiazul y Néstor Camarillo Medina de MC, estos últimos también en cargos secretariales.
Los demás integrantes son de Morena o partidos afines, como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PVEM quien asumió la tercera vicepresidencia y la ahora secretaria, Lizeth Sánchez García del PT.
Andrea Chávez lleva plana de senadores a la candidateable Ariadna Montiel
Dos de las candidateables de Morena a la gubernatura del Estado, Ariadna Montiel y Andrea Chávez, sostuvieron un encuentro enmarcado en la agenda institucional de la Secretaría del Bienestar y la agenda legislativa en esta materia.
Andrea Chávez del "Grupo Tabasco", confirmó que previo al inicio del nuevo periodo legislativo, se reunió en la jefa política del "Grupo Coyoacán", Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar.
A la reunión de Ariadna Montiel acudieron las y los senadores de todos los grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión de Bienestar en el Senado de la República, que preside Andrea Chávez.
Rumbo al 2027 desde el Estadio Monumental Chihuahua
El Estadio Monumental de Béisbol Chihuahua, arrancó este viernes con la gran final de Dorados vs Indios, misma que fue encabezada por los alcaldes, Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar.
Con un estadio totalmente lleno fue el escenario perfecto para la pasarela de los candidateables, mismos que con mensajes subliminales como portar el “27” en sus jerseys no dejaron de desearle buena suerte a su equipo, así como posar en las fotografías con los aficionados.
Como era de esperarse al momento de la presentación del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue recibido con abucheos por parte de los asistentes, acto que seguramente será repetido la próxima semana, si Bonilla asiste a la frontera.
Quién también asistió a este partido fue el regidor morenista Hugo González, quien portó un jersey de los dorados, dando ese afinado toque de que va por la alcaldía de la Capital.
Denuncian en redes la falta de logística en concierto de Shakira
En redes sociales han comenzado a circular videos donde denuncian falta de logística en el concierto de Shakira, mismo que fue de gran magnitud por el tipo de artista.
Desde falta de elementos de vialidad que abanderarán la zona, hasta afectación a vecinos que viven por dicho lugar, por el gran embotellamiento, aunado a la falta de palabra de los mismos organizadores, pues en un inicio se había anunciado que la artista estaría saliendo a partir de las 8:30 horas y salió hasta las 10:00 horas.
Dicen, que por algo no es común que en la Capital se tengan este tipo de eventos, pues no estamos preparados para eventos masivos con artistas internacionales.
La UGRCh, ausente en reciente reunión con titular de la SADER
En la más reciente reunión con Julio Berdegué, secretario de la SADER, donde estuvieron presentes representantes exportadores de ganado de Sonora, Durango y Coahuila, con el fin de trabajar en conjunto para gestionar el apoyo tanto de los gobiernos estatales como el Federal con créditos que permitan la reconversión del sector, por parte de Chihuahua ningún representante estuvo presente, aunque de hecho hay la especulación de que el presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos, ni siquiera fue invitado.
Con la frontera cerrada a la exportación a EU, los productores están prácticamente obligados a vender a precios de remate, debido a la falta de defensa institucional, lo cual es un golpe directo al bolsillo para miles de familias.
Lo anterior, al parecer, es aprovechado por algunos empresarios, quienes capitalizan la crisis al favorecer el envío de carne procesada al utilizar la entrada de ganado proveniente de Nicaragua para abaratar el nacional.
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